En opinión del economista Francisco Rodríguez, otrora vinculado con el ala extremista de la oposición cuya cara visible es Juan Guaidó, el memorándum de entendimiento suscrito entre el gobierno de Venezuela y ese sector, acarrearía el riesgo de que los activos venezolanos en el extranjero se encuentren desprotegidos «frente a acciones de acreedores».

Rodríguez sostiene que esta supuesta «defensa» de los activos del Estado venezolano en los tribunales estadounidenses –donde está la mayor parte de lo confiscado– «ha sido llevada por el gobierno interino, quien se halla facultado par hacerlo en virtud de su reconocimiento por Estados Unidos».

Sin embargo, ha sido la propia Oficina para el Control de Activos Extranjeros (Ofac), quien ha dictado órdenes ejecutivas para evitar el remate de Citgo Petroleum frente a las demandas de los sucesores de la minera canadiense Crystallex y ConocoPhillips, principales acreedores de la petrolera, tras un fallo judicial en un tribunal de Delaware el pasado 15 de enero.

En la apuesta de Cristallex y ConocoPhillips para echar mano de las riquezas venezolanas jugó un rol estelar José Ignacio Hernández, pseudoprocurador general designado por Guaidó con la venia de la Casa Blanca, quien antes de defender los intereses de la filial venezolana, ejerció como asesor experto de las empresas extranjeras y aconsejó que demandaran al Estado en tribunales internacionales, históricamente parcializados a los intereses estadounidenses.

Empero, en sus reflexiones, el economista apunta un dato cierto: en enero de 2019, pocos días después de que Guaidó se autoproclamara presidente interino en una plaza al este de Caracas y la administración lo reconociera bajo el inexistente cargo de «presidente interino», Washington entregó al exparlamentario «el manejo de las cuentas de la República y el Banco Central de Venezuela, abriendo las puertas a su manejo legal de los activos externos».

A su parecer «el problema» inició cuando Estados Unidos tomó «la decisión de reconocer a un gobierno sin control de facto sobre parte de su territorio», una acción «inusual» que no se sucedía desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y que entraña una «jurisprudencia limitada» y genera un «espacio de ambigüedad (…) significativo».

Para ejemplificar qué efectos trae esa aparente «ambigüedad» jurídica, el especialista apeló al caso del oro venezolano retenido en el Reino Unido, donde, alega, «se han generado disputas legales que han limitado la capacidad de cualquiera de las partes de manejar los activos en cuestión».

De este modo, aventura que «la Plataforma Unitaria puede ya haber abierto la puerta a acciones legales de acreedores hostiles al reconocer explícitamente al Gobierno de Nicolás Maduro en el acuerdo suscrito el 13 de agosto en Ciudad de México».

En su criterio, es improbable que el Gobierno de Joe Biden reconozca plenamente «la presidencia de Maduro», aún cuando Washington acceda a restablecer las embajadas, como propuso el mandatario este 15 de agosto en una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales.

«Por tanto, probablemente se estaría generando un espacio de ambigüedad legal adicional, en el que el Gobierno de Maduro aún no sería reconocido de jure pero estaría siendo reconocido de facto», puesto que los tratos se harían directamente en esa instancia y no por medio de la ficticia administración de Guaidó, destacó.

Si bien el presidente venezolano subrayó que el objetivo de las negociaciones en México es conseguir que Estados Unidos levante las medidas coercitivas unilaterales que ha impuesto ilegalmente sobre Venezuela, Rodríguez estima que «en un escenario de reconocimiento de facto, es poco probable que cesen otras restricciones legales» sobre su gobierno, «incluyendo sanciones personales y la Orden Ejecutiva 13.884 que prohíbe contratar a entes estadounidenses, incluyendo firmas de abogados».

En esas condiciones, sugiere que «se podría generar una situación en la que el gobierno de Juan Guaidó ya no esté facultado para actuar legalmente en representación de la nación venezolana, pero el Gobierno de Nicolás Maduro tampoco esté facultado en la práctica».

Es justamente en este escenario de aparente «vacío legal» en el que «diversos grupos de acreedores» podrían «avanzar en sus demandas legales contra Venezuela, sin la posibilidad de que se le enfrente una representación del Estado venezolano».

No obstante, esta situación que Rodríguez presenta como una posibilidad, de hecho ya ocurrió en el caso de los acreedores contra Citgo, cuando se impidió al Estado venezolano defenderse efectivamente ante la justicia estadounidense, poniendo como excusa las sanciones.

Pese al esfuerzo de este experto en presentar el memorándum de entendimiento firmado en México como la causa eficiente para la apropiación irregular de los activos de Venezuela en el extranjero, él mismo refiere que «ya los acreedores han avanzado a pesar de las sanciones en embargar activos,  entre ellos usando el argumento de que las víctimas de la violencia de las FARC pueden reclamar compensación por Venezuela».

En todo caso, destaca que «el tema de la protección de los activos venezolanos debe ser visto con detenimiento en las negociaciones, con vistas a buscar una solución que permita avanzar en la negociación política sin acusar más daños irreparables a la economía de la nación».

Para ello, en lugar de demandar que los recursos vuelvan sin condiciones a las manos del Estado venezolano –otro de los puntos acordados en el documento suscrito en México–, Rodríguez sugiere «que se avance en la constitución de juntas administradoras de activos externos nombradas mediante consenso político y facultadas para defender los activos de Venezuela y administrarlos con transparencia».

(LaIguana.TV)

 

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