El exgeneral venezolano Clíver Alcalá Cordones estaría negociando un posible acuerdo de culpabilidad con fiscales de Estados Unidos, tras haber sido acusado en ese país por cargos relacionados con el tráfico de drogas, reporta Reuters, mencionando «documentos judiciales publicados recientemente».  

Fuentes habrían dicho a la agencia británica que Alcalá, que en marzo de 2020 se entregó en Colombia a la Administración de Control de Drogas (DEA) luego de que la administración Trump le acusara por narcoterrorismo y pusiera un precio a su cabeza, que desde «ese momento» acordó «colaborar con los fiscales».  

Junto a Alcalá, el Departamento de Justicia imputó sin pruebas y estableció recompensas a figuras prominentes del Gobierno Bolivariano, como el presidente Nicolás Maduro, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.   

El informe de Reuters indica que «la cooperación de Alcalá u otros presuntos coconspiradores podría ayudar a los fiscales a construir sus casos contra Maduro y el vicepresidente del Partido Socialista, Diosdado Cabello», con lo que se admite que las acusaciones carecen de fundamento. 

En particular, a Maduro y a Cabello se les acusa de «conspirar» junto a las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) para «inundar» de cocaína a Estados Unidos, cargos que ambos han negado y que la propia agencia reconoce que «fueron presentados cuando la administración Trump presionó a Maduro para que dejara el poder».

En lo que respecta a Alcalá, esta fuente sostiene que el exmilitar, que también está solicitado en Venezuela por planificar y entrenar mercenarios para la llamada Operación Gedeón, responsabilidad que él admitió antes de entregarse a la DEA, se declaró inocente de conspirar para la comisión de narcoterrorismo, así como del trasiego de cocaína y de otros «cargos relacionados con armas» que le imputó el fiscal del Distrito Sur de Nueva York.  

En ese orden, Reuters refiere, citando una transcripción publicada el pasado 7 de septiembre, que «el fiscal federal adjunto Kyle Wirshba le dijo al juez federal de distrito Alvin Hellerstein en una audiencia del 12 de abril, que Alcalá y los fiscales habían ‘entablado conversaciones sobre si sería posible o no una posible disposición previa al juicio'». 

Esto alude directamente a una declaración de culpabilidad y podría implicar, en opinión de Steven Cash, abogado del bufete de abogados Day Pitney y exfiscal de la Fiscalía del distrito de Manhattan, que el imputado consiguió negociar un acuerdo de culpabilidad o bien que ha «tenido suficiente» y ha optado por declararse culpable. 

Aparentemente, César de Castro, quien representa a Alcalá en la corte, habría dicho que «las declaraciones del gobierno eran precisas», aunque no respondió a Reuters cuando le solicitaron comentarios sobre el asunto.  

Por su parte, uno de los portavoces de la Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos declinó ofrecer detalles sobre el caso.  

Reuters especula que la eventual extradición de Hugo Carvajal, exjefe de Inteligencia que fuera expulsado de las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por sumarse al pseudogobierno de usurpación de Juan Guaidó, podría servir para fundamentar el hasta ahora inexistente caso en contra de los altos personeros gubernamentales.  

De igual modo, presuponen que de concretarse la extradición del diplomático venezolano Alex Saab, quien está retenido ilegalmente en Cabo Verde desde junio de 2020 y sobre quien cursa una solicitud de extradición hacia Estados Unidos por cargos no comprobados de lavado de activos, su testimonio podría sustentar las acusaciones.  

Saab y Carvajal, cada uno por su lado, han negado los cargos con los que el gobierno estadounidense pretende encarcelarles y han denunciado que existe una motivación política subyacente.  

Eric Farnsworth, vicepresidente del Consejo de las Américas y exfuncionario del departamento de Estado, dijo a Reuters que el testimonio de «los tres hombres» podría ser de ayuda para que se interrumpieran presuntas «redes criminales» relacionadas con el gobierno de Venezuela, pese a que, cuando mínimo, no se ha hecho pública ninguna prueba de su existencia, más allá de las declaraciones de los funcionarios de Washington.  

«Es potencialmente un punto de inflexión importante lograr que estos tipos colaboren y expongan la mecánica interna del chavismo», sostuvo Farnsworth, con lo que refrenda la intención del gobierno de Estados Unidos de mostrar a su par venezolano como un régimen autoritario y forajido por el medio que fuere, aún con testimonios sustentados en arreglos judiciales opacos y cuya veracidad, aunque no pueda comprobarse, no es puesta en cuestión.   

(LaIguana.TV) 

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