El presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó este martes 12 de octubre el estado de excepción y la militarización de una zona del sur del país que ha sido escenario de violentos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los indígenas mapuches que reivindican la propiedad de sus tierras ancestrales, destaca AFP.

«Hemos decidido decretar estado de excepción» en cuatro provincias de las regiones sureñas de Biobío y La Araucanía, que «contempla la designación de jefes de la defensa nacional» para controlar una situación de que el Gobierno ha catalogado como «grave alteración del orden público», anunció Piñera.

El mandatario hizo el anuncio en la fecha en la que en Chile aún se celebra como Día de la Raza o de la Hispanidad, cuando, en medio de polémicas con los pueblos originarios, América Latina conmemora cada vez con mayor indignación la llegada del navegante Cristóbal Colón en 1492.

Son «de público conocimiento los graves y reiterados hechos de violencia vinculados al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado, cometidos por grupos armados» en esas provincias, donde han muerto «personas inocentes» y policías, acusó Piñera a representantes de los pueblos mapuches.

La medida regirá inicialmente por 15 días, prorrogables, en las provincias de Biobío y Arauco, en la región de Biobío, y Malleco y Cautín, en la Araucanía, indicó el mandatario conservador.

Los líderes mapuches, la mayor etnia chilena con más de 1,7 millones entre los 19 millones de habitantes, demandan la restitución de tierras ancestrales, que están en manos de empresas forestales y hacendados, algunos de ellos del entorno empresarial del presidente.

Gobierno de oídos sordos

La falta de diálogo y solución a sus reclamos ha provocado una escalada de violencia en la última década, con ataques incendiarios a predios privados y camiones. También salió a luz la presencia de redes de narcotráfico y de organizaciones de autodefensa, así como operativos policiales presuntamente montados para inculpar a los indígenas.

El pasado domingo, los choques entre la policía y manifestantes durante una marcha en Santiago en favor del pueblo mapuche causaron la muerte de la estudiante de Derechos Denisse Cortés, inicialmente identificada por autoridades como abogada.

Una mayoría de los mapuches viven en la pobreza y han visto reducidas sus tierras ancestrales ante la expansión de la próspera industria maderera, responsable del 8% de las exportaciones.

Las regiones de Biobío y La Araucanía, situadas a unos 600 km al sur de Santiago, son una fértil área de más de 55.000 km2 con cultivos agrícolas, extensos bosques y volcanes nevados, donde viven 2,7 millones de personas.

Con el estado de excepción, las Fuerzas Armadas prestan apoyo logístico y también contribuyen con patrullaje y transporte a los procedimientos policiales. Piñera aseguró que esta medida «en ningún caso se orienta en contra de un pueblo o un grupo de ciudadanos».

El Presidente puede prorrogar por otros 15 días el estado de excepción, pero para prolongarlo más de un mes requiere el aval del Congreso.

Una historia de resistencia

Las reivindicaciones mapuches comenzaron a ser escuchadas luego del fin de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990, pero han cobrado fuerza tras el estallido social de octubre de 2019 contra el Gobierno de Piñera.

La Convención Constitucional -instalada hace 100 días- es presidida por la académica mapuche Elisa Loncon y 17 de sus 155 miembros son representantes de 10 pueblos originarios, siete de ellos mapuches.

Sin embargo, algunos líderes indígenas dudan que la nueva carta magna pueda satisfacer sus demandas de tierras y autodeterminación.

En el siglo XVI los mapuches resistieron la expansión de los incas y luego a los conquistadores españoles, que jamás los sometieron. Pero hacia 1870, las comunidades indígenas de la Araucanía fueron sometidas por el Ejército chileno, con lo que comenzó el proceso de asentamiento de colonos foráneos y el cambio de propiedad de las tierras ancestrales.

(AFP)

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