Sectores empresariales estarían presionando al gobierno del presidente Joe Biden para que flexibilice el esquema de medidas coercitivas unilaterales que impusieron sus predecesores Donald Trump y Barack Obama sobre Venezuela en el último lustro.

Según se asegura en un trabajo periodístico publicado por el medio venezolano Tal Cual, las sanciones han perjudicado sensiblemente la relación comercial entre Venezuela y los Estados Unidos, que está en su punto más bajo en siete décadas.

«Con tanto tiempo de restricciones, las empresas estadounidenses que mantenían relaciones con Venezuela han recibido el impacto, incluso aunque no tienen un nexo con el chavismo. Sus negocios se han visto afectados y empiezan a presionar para un cambio en las políticas que se implementan desde la Casa Blanca» para presionar al gobierno de Venezuela, se destaca en la investigación periodística.

A juicio de los expertos, el exhorto de la Cámara de Comercio de Estados Unidos de mediados de septiembre en el que se solicita a Biden modificar la política de sanciones contra Caracas debido a su falta de eficacia y el anuncio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del pasado 18 de octubre, en el que se indica que habrá modificaciones en el esquema de sanciones, son signos claros de que el Ejecutivo estadounidense se ha visto forzado a reconsiderar su posición.

Aunque es cierto que al menos desde los últimos 20 años las relaciones entre Caracas y Washington han sido tensas, las diferencias políticas entre el expresidente Hugo Chávez y sus pares George W. Bush y Barack Hussein Obama no impidieron que Venezuela siguiera siendo un proveedor de petróleo confiable para Estados Unidos.

Incluso, según cifras del departamento de Comercio de los Estados Unidos citadas por Tal Cual, las exportaciones –principalmente de petróleo y derivados– crecieron 55,8% entre 2000 y 2006, pasando de 18.648 millones de dólares a 29.070 millones de dólares.

En el mismo período, las importaciones de Venezuela desde Estados Unidos subieron 15%, lo que en términos absolutos implicó transas entre 5.552 millones de dólares y 6.405 millones de dólares.

Sin embargo, en 2013, la política estadounidense hacia su socio comercial suramericano se transformó con el deceso del presidente Chávez y el arribo de Nicolás Maduro a la primera magistratura.

Apenas un par de años más tarde, Obama decretó a Venezuela como «una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos» y con base en ese cuestionable alegato, comenzaron las sanciones.

Si bien inicialmente las medidas coercitivas unilaterales abarcaban a individuos y a la usanza estadounidense, se impusieron básicamente a personeros gubernamentales y aludían a supuestas –no necesariamente comprobadas– posesiones y haberes en territorio estadounidense, «posteriormente se extendieron a industrias enteras o incluso al sistema económico nacional», admite Tal Cual.

Así las cosas, ya en tiempos de Trump, aunque las sanciones repercutieron en las relaciones comerciales bilaterales, al menos inicialmente, el impacto del lado estadounidense fue relativamente bajo debido al incremento en la producción interna de crudo, pero Venezuela no corrió con la misma suerte, porque no solo no pudo exportar su petróleo a los Estados Unidos, sino que prácticamente se vio impedido de comerciarlo en cualquier mercado.

A despecho de la Casa Blanca, esta escalada de sanciones no produjo el efecto deseado, pues a pesar de la política de estrangulamiento contra el país, Maduro no cedió ante las presiones estadounidenses y se embarcó en fortalecer una política de ampliación de relaciones comerciales con otros países sancionados como Rusia, China, Irán o Bielorrusia, que existía desde el gobierno de Chávez.

De este modo, Tal Cual reconoce que «más allá del peso político que representa para Maduro no lograr acceder a su captación masiva de divisas y de las consecuencias macroeconómicas para Venezuela, hay toda una estructura empresarial perjudicada por las decisiones políticas de los representantes de ambos países que repercute en sus negocios por primera vez en la historia de relación bilateral».

Relajación, no eliminación de las sanciones

Estos efectos perjudiciales de las sanciones sobre los intereses estadounidenses han sido invocados incluso por la Cámara de Comercio de Estados Unidos (USCC, por sus siglas en inglés), que a través de un comunicado publicado el 11 de septiembre solicitó a Biden una revisión integral de la política de sanciones impuestas a Venezuela, debido a su fracaso para promover «un cambio de gobierno» en Venezuela.

Neil Harrington, vicepresidente de la USCC, aseguró que las medidas coercitivas unilaterales han ocasionado que trasnacionales que otrora operaban en Venezuela, particularmente las dedicadas al negocio petrolero, se hayan visto forzadas a cerrar operaciones.

El funcionario sostuvo que fue el caso de la francesa Total y la noruega Equinor, que cercadas por las sanciones, optaron por vender a la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) su participación en la compañía mixta Petrocedeño, cuyo capital pasó íntegramente a manos del Estado venezolano.

Para Harrington, el gobierno de Venezuela estaría «feliz» con la operación «porque la pérdida de 1.400 millones de dólares de Total se convirtieron inmediatamente en ganancia para un régimen de Maduro con problemas de liquidez».

Siempre siguiendo a Tal Cual, en su decir, esta situación se extendió a otras compañías de capital estadounidense o de sus «países aliados» en Venezuela distintos del sector petrolero –como el financiero, el automotor y el agropecuario–, que también se vieron forzadas a bajar la santamaría y a despedir a sus empleados.

Tales fueron las razones que esgrimió la USCC para solicitar al gobierno de su país que reorientara las sanciones, vistas las «innumerables consecuencias negativas indeseadas».

El vicepresidente de la USCC sostuvo que los empresarios estadounidenses estarían dispuestos a recomendar a la administración Biden estrategias que, según ellos, evitarían los castigos a las compañías extranjeras que operan en suelo venezolano al tiempo que acabarían con unas supuestas «ventajas» para Maduro.

Más allá de la viabilidad de estas presuntas recomendaciones, en la investigación periodística se apunta algo más importante: fue esta intervención de la USCC la que produjo que el 18 de octubre el departamento del Tesoro anunciara que revisaría su política de sanciones con el propósito de hacerlas más beneficiosas para la política exterior de Washington, aunque no se mencionara directamente aquellas impuestas a Venezuela.

¿Cambiará Biden su política en torno a Venezuela?

Aunque inicialmente el Gobierno Bolivariano aspiraba que el arribo de Biden a la Casa Blanca se tradujera en una rehabilitación de las relaciones diplomáticas y en un levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales, muy pronto el gobierno demócrata desinfló esas expectativas, al mantener esencialmente la misma política de Trump: respaldo a Juan Guaidó y mantenimiento de las sanciones.

Inclusive, la administración Biden se ha abstenido de levantar las prohibiciones de la Ofac relacionadas con el intercambio de petróleo por diésel, que había resultado esencial para garantizar el abastecimiento de combustible y la operación del comercio local.

Conocedores de la materia consideran que esta medida coercitiva se ha mantenido porque Biden quiere evitar una confrontación directa con el Partido Republicano en el Senado y esta organización política se opone a que se otorgue una licencia a Pdvsa que le permita transar petróleo por diésel.

En lo que a Guaidó respecta, aún con el cambio de gobierno, Estados Unidos es uno de los pocos países en reconocerlo bajo la inexistente figura de «presidente interino» de Venezuela y aunque es verdad que el tema no ha estado dentro de las prioridades informativas de Washington, se ha mantenido el tono de condena y amenaza de los funcionarios hacia Maduro y su administración.

Sin embargo, fuera de las cámaras y lejos de los micrófonos, el panorama podría ser sustancialmente diferente.

En un reporte publicado en el diario venezolano El Universal, el analista político y económico Tomás Socías López, citando a «contactos» dentro de las esferas empresariales estadounidenses, sostiene que el gobierno de los Estados Unidos prevé que Maduro culminará su mandato «sin graves inconvenientes».

Según Socías, Washington no emprenderá ninguna acción para conseguir un cambio de gobierno en Venezuela y ha descartado que en el país se sucedan asonadas militares o estallidos sociales, de donde deducen que Maduro mantendrá las riendas del país «hasta al menos 2024».

Lo antes dicho, aunado a la presión empresarial, habrían conseguido que el mandatario mantenga el «interés en restablecer relaciones diplomáticas o consulares con el país», aunque lejos del foco público, afirma el experto.

A este respecto, Socías asegura que representantes especiales de Biden y de Maduro se reunieron en México antes de la instalación del diálogo entre el gobierno y sectores de la oposición extremista respaldada por Estados Unidos.

«Biden dice que quiere más libertades políticas y económicas en Venezuela. Quisiera abrir una embajada o tener algún tipo de representación sin condiciones inflexibles. Los acuerdos no son para mañana y las conversaciones van a continuar por meses», refirió el analista.

Sin embargo, matiza que esta aparente flexibilización no debe interpretarse como una eliminación de las presiones estadounidenses hacia la gestión gubernamental. Antes bien, lo que en su criterio sucederá es que se mantendrán las presiones económicas y en el ámbito político, la Casa Blanca continuará apoyando a Guaidó, pero de un modo más «reducido».

Desde el punto de vista geoestratégico, este viraje en la política estadounidense sustentado en tácticas para «ahorcar, pero no asfixiar», también pretendería disminuir los intercambios de Caracas con Moscú, Beijing o Teherán, a quienes Estados Unidos asume como rivales.

En este orden, Socías arguyó que Venezuela «es un país petrolero con una economía potencialmente fuerte muy cerca de Estados Unidos», razón por la cual sería «importante» para el gobierno de Biden «impedir que se abrace al comercio internacional con las potencias no aliadas».

¿Qué tan viable es el levantamiento de las sanciones?

Independientemente de los alegatos de Caracas y de las jugadas en el tablero geopolítico internacional, las empresas estadounidenses serían las primeras interesadas en que el gobierno de su país les ofreciera una ruta para operar en Venezuela, algo de lo que se han visto impedidas desde 2019, cuando Trump comenzó a imponer las peores sanciones.

En referencia a Socías, Tal Cual reseña que «la OFAC ha recibido no menos de 5.000 solicitudes de permisos o licencias para operar en Venezuela. Además, al menos 300 empresas de peso se han paseado por la Casa Blanca para extender peticiones similares».

De acuerdo con esta fuente, a la mayor parte de estas compañías se les habría dicho que no están «previstas nuevas sanciones estructurales, solo individuales» y se les habría hecho hincapié en que solamente las compañías pertenecientes a los sectores de finanzas y energía requieren de permisos especiales, que de acuerdo con las leyes estadounidenses, corresponde a la Ofac otorgar.

Biden sería partidario incluso de flexibilizar la situación en estos dos sectores e incluso se estima que la situación cambiará entre finales de 2021 e inicios de 2022, ello a pesar de que podría traducirse en una reducción del aislamiento internacional con el que Washington intentó doblegar al gobierno de Venezuela.

Pese a que todavía la flexibilización no alcanza a estos dos sectores, se ha concretado en otros ámbitos desde los albores del gobierno de Biden, que en febrero publicó la licencia 30A en la que se redujeron las prohibiciones para la operación de puertos y aeropuertos –sin incluir, claro está, al sector petrolero–, con el subsecuente beneficio para el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA) y la estatal Bolivariana de Puertos (Bolipuertos).

Un paso más contundente en la flexibilización de las sanciones sería la licencia emitida por la Ofac en julio, en la que se autoriza el envío de gas licuado (propano) a Venezuela y el intercambio comercial de insumos para atender la pandemia.

No obstante lo dicho, Tal Cual comenta que hay quienes opinan que las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Venezuela «no han decaído realmente», sino que «se acercan más al dinero comercializado con China, principal socio comercial del país».

Es el caso de Ángel Freytez, especialista en las relaciones comerciales entre China y Venezuela, quien afirmó que pese a las sanciones, las importaciones desde Estados Unidos estarían en el orden de los 1.300 millones de dólares, mientras que el dinero destinado al comercio con China rondaría los 1.500 millones de dólares.

«China es el socio principal de Venezuela desde mucho antes de las sanciones y del cambio de políticas económicas del gobierno. Aunque el flujo comercial ha bajado muchísimo, Estados Unidos sigue siendo, muy cerca de China, el segundo socio de Venezuela. Las exportaciones hacía Estados Unidos se habían incrementado, mientras que las de China se habían disminuido hasta 2019», detalló Freytez.

Estos datos no pudieron ser corroborados por LaIguana.TV, dada la ausencia de cifras oficiales sobre comercio exterior.

De acuerdo con datos de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA, por sus siglas en inglés), las exportaciones de Venezuela hacia Estados Unidos cayeron hasta un 90% después de las sanciones, mientras que las importaciones han empezado a recuperarse.

Así, aunque el flujo de importaciones decayó 11% en 2020, en el primer semestre del año en curso se registró un alza en el intercambio comercial del 53,12% y se espera que la tendencia se mantenga.

Así las cosas, aún con las sanciones, las compañías de capital estadounidense siguen percibiendo beneficios y están dispuestas a ir por más, especialmente porque muchas empresas, no solo en los Estados Unidos, luchan por mantenerse a flote por causa de la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus.

En cualquier caso, la modificación de las sanciones se juega en el terreno de la negociación. En este caso, hay por lo menos dos escenarios implicados, además del de los ‘lobbies’ empresariales estadounidenses: el del diálogo entre gobierno y las oposiciones en México y las conversaciones entre representantes de Caracas y Washington. A favor, dicen los empresarios, está la visible liberalización de la economía venezolana.

(LaIguana.TV)

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