La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este viernes 5 de noviembre el informe sobre la investigación que hizo al presidente del país, Guillermo Lasso, por los denominados Pandora Papers.

El reporte, que recibió seis votos a favor, dos en contra y una abstención, determina que Lasso inobservó el pacto ético de 2017, que prohíbe a los funcionarios públicos y de elección popular ecuatorianos poseer cuentas en los llamados paraísos fiscales, con lo que no respetó la ley al inscribir su candidatura para los comicios de 2021.

Esa observación configura el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 130 de la Constitución de Ecuador, generando conmoción interna y afectación a un mandato popular, lo que podría ser causal de destitución.

La comisión, entre sus recomendaciones que tienen el carácter de no vinculantes, pidió al pleno del poder Legislativo que verifique esa inobservancia al pacto ético.

Asimismo, sugirió que el presidente Lasso comparezca ante la Asamblea Nacional en un plazo máximo de ocho días, para explicar su situación.

La Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y de Interculturalidad fue mandatada por la Asamblea Nacional para que indagara sobre el caso denominado los Pandora Papers.

Esa investigación periodística internacional reveló -basada en documentos oficiales- que varios gobernantes, líderes y personalidades del mundo -entre ellos Lasso- ocultaron activos en paraísos fiscales.

La comisión legislativa recomendó enviar el informe a la Fiscalía, Contraloría General del Estado, Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Bancos, para que procedan acorde con sus competencias constitucionales y legales.

El Gobierno ecuatoriano, al reaccionar al documento del comité legislativo, emitió por su parte un comunicado para rechazar el contenido del reporte.

Afirmó que el texto aprobado “en contra de la razón y del Derecho, ha sugerido que el Presidente de la República no observó la ley al inscribir su candidatura”.

“El Gobierno nacional advierte que la Comisión ha irrespetado el debido proceso y que su actuación carece de validez jurídica”, manifestó el comunicado oficial.

(Telesur)

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