José Luis Pirela (Vente Venezuela), uno de los exdiputados que continúan apoyando el «gobierno interino» de su antiguo colega Juan Guaidó, criticó este lunes que cinco de los 12 exfuncionarios que se conformaron en una autoproclamada comisión de contraloría para evaluar las presuntas irregularidades administrativas cometidas en Monómeros, se negaran a respaldar la destitución de la junta directiva de la compañía, que está bajo el control de ese sector político desde 2019.

«Lo que se ha pedido (…) es hacer una auditoría que permita establecer una visión confiable para todos, pero eso lo han impedido los partidos de AD, UNT y PJ, desde que en una sesión de la AN, Juan Guaidó propuso a través del decreto 38, cambios en la junta directiva. Fueron esos partidos los que impidieron que se tomara esa decisión y eso está allí, es la historia, es la verdad que está en las actas de la AN», dijo el político en una entrevista telefónica con Noticiero Digital.

Según Pirela, este grupo de partidos «convirtió a Monómeros en reparto de cuotas políticas y la crítica fundamental no es proponer a alguien, sino la capacidad de rectificar y convertirse en celestinos de la actuación de esa junta directiva».

En relación con el proceder de los cinco exparlamentarios, cuestionó que excusaran su ausencia alegando problemas de conectividad, pues ya conocían el contenido del informe y podían haberse comunicado con el resto del grupo por otras vías para externar su voluntad y, antes bien, avanzó la posibilidad de que se tratara de una nueva componenda de sectores que habrían consentido o participado de prácticas poco transparentes e, incluso, dolosas.

A este respecto relató que «ese día, de doce asistieron unos cuantos y a la hora de la votación estaban ausentes y se retiró José Ricardo Salazar, que pidió la prórroga y fue negada. Pero el silencio o voto en contra obedecen a una línea política. Si alguien no estaba presente, debe comunicarse con Macario González o la secretaria, pero quienes creen que Rodríguez Laprea no debe salir, deben explicar al país y no actuar como el gato».

En su criterio, Juan Guaidó fue eximido de toda responsabilidad administrativa por ese sector que le acompaña, en razón de que son Guillermo Rodríguez Laprea, actual gerente general de Monómeros y Diana Bracho, «presidenta ad hoc» de Pequiven –ambos designados írritamente por el exdiputado pero reconocidos en Colombia como las autoridades de la productora de fertilizantes– quienes fungen como cuentadantes.

Citando el informe de 47 páginas elaborado por la autoproclamada «comisión de contraloría», medios locales aseveran que «es Rodríguez Laprea el principal responsable sobre diversas irregularidades, ya que ocultó información a la Asamblea Nacional para impedir que se conozca la verdad sobre la contratación con la empresa LyonStreet, para proponerle un negocio jurídico a Monómeros».

Esta contratación irregular fue denunciada como lesiva para los intereses de la compañía por el propio sindicato de trabajadores y pesquisas realizadas por medios especializados en datos abiertos, arrojaron que LyonStreet era una empresa de maletín con sede fiscal en Panamá, de reciente fundación y carente de experiencia en el área de contratación.

Este caso se suma a una larga sucesión de denuncias relacionadas con manejos administrativos turbios, entre los que se cuentan variados actos de corrupción, contratación de familiares de políticos opositores venezolanos e incluso un intento de toma hostil.

Sobre este último asunto, La Tabla reveló en octubre de 2021 que varios exgerentes de Monómeros intentaban apropiarse de la empresa por medio de la corporación Nitrofert, devenida en su principal competidora y presentada ante el público como la sucursal colombiana de la estadounidense Nitron Group LLC, cuyo registro fiscal está en el estado de Connecticut.

De acuerdo con el reporte periodístico de Noticiero Digital, este informe fue remitido a Supersociedades Colombia, entidad estatal interventora de la productora venezolana de fertilizantes, así como a la Comisión de Empalme del gobierno de Iván Duque con el gobierno electo de Gustavo Petro.

Por su lado, Rodríguez Laprea, sindicado como el principal responsable operativo de la debacle de la que otrora fuera el segundo activo más importante de Venezuela en el extranjero, negó estos señalamientos y se arrogó el éxito en la extensión de la licencia de operación hasta junio de 2023.

«Contratamos un bufete en Colombia, DLA PIPER y otro en EEUU, Global Strategic Intelligence, para que nos acompañara a generar todos los trámites necesarios frente a la OFAC y apoyar la renovación de la licencia. Y lo logramos, renovar la licencia de la OFAC que era vital para poder seguir funcionando. La empresa LyonStreet no tiene nada que ver con esto. A pesar de que eso ha sido aclarado y demostrado cien veces, pero ellos siguen empeñados en decirlo», aseguró en una entrevista concedida a El Cooperante, medio sobre temas venezolanos manejado desde Miami.

En la misma línea, Rodríguez Laprea apuntó sus dardos contra los exdiputados venezolanos, a los que acusó de hacer «mal uso a un documento» preparado por Pirela, «con el objetivo de generar en este momento ruido mediático debido a la situación actual en Colombia, por el cambio de gobierno» y de favorecer los intereses de quienes están interesados en la toma hostil de Monómeros.

«En lugar de estar pensando en el futuro de los activos de los venezolanos, se manifiestan los intereses particulares de un grupo que está detrás de la toma hostil de Monómeros. Lo que presentaron es un documento absurdo por el montaje que hicieron. Cualquier abogado se da cuenta de que esos argumentos son insostenibles, tontos. Es un tema al que le han dado demasiadas vueltas y saben que ya no hay nada que hacer allí», señaló.

(LaIguana.TV)

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