Enrique Sánchez Falcón, pseudofuncionario delegado por el exdiputado Juan Guaidó para ejercer como «procurador especial» reconoció este miércoles que es probable que el gobierno de Gustavo Petro regrese el control de la productora de fertilizantes Monómeros Colombovenezolanos al gobierno del presidente Nicolás Maduro, reseñó La Voz de América (VOA).

«Soy pesimista, porque el reconocimiento del señor Gustavo Petro le ha hecho al gobierno de Maduro ha sido prácticamente pleno, (…) creo que difícilmente se pueda lograr que se mantenga en buenas manos. (…). Soy pesimista, creo que eso está cerrado», manifestó en un encuentro virtual con periodistas venezolanos.

Supersociedades Colombia intervino Monómeros el pasado mes de septiembre y le impuso un régimen de máxima supervisión en razón de alertas crecientes sobre falta de liquidez derivada de presuntas acciones ilícitas cometidas por la directiva designada por Guaidó, que controla la empresa asentada en Barranquilla desde 2019, con la venia del gobierno saliente de Iván Duque.

Entretanto, Petro ha señalado que una de sus prioridades en la rehabilitación de la relación bilateral con Venezuela es Monómeros, debido a su importancia estratégica para el campo colombiano. Según dijo, este asunto fue abordado en la llamada que le hiciera a Maduro tras su victoria.

Al ser consultado sobre los resultados de la auditoría realizada a Monómeros por una firma colombiana, Sánchez Falcón indicó que no tenía información al respecto, si bien el gerente general de facto de la empresa venezolana, Guillermo Rodríguez Laprea, dijo a VOA que los resultados se conocerán el próximo agosto.

El pseudofuncionario también aseguró que no había leído o escuchado «ninguna explicación plausible» sobre la responsabilidad de la gerencia de Monómeros en la contratación de la empresa de maletín LyonStreet en abril de 2021 bajo condiciones desventajosas y lesivas.

En su lugar, Sánchez Falcón apuntó que «la diatriba política» en el seno de la oposición venezolana había impedido que su despacho recibiera un «presupuesto integral» para cubrir gastos asociados a litigios sobre recursos del Estado venezolano.

«¿Cómo negociamos desde la posición de morosos y en algunos casos de maula? Sí ha afectado la diatriba política y la actitud de ciertos factores políticos», señaló. En su decir, es «una irresponsabilidad» no invertir entre unos 20 y 40 millones de dólares en pleitos, cuando están en juego 40.000 millones de dólares en activos pertenecientes a la República.

¿Cesará la intervención de Monómeros?

El superintendente de Supersociedades Colombia, Billy Escobar, anunció este lunes que en fecha próxima la entidad anunciará si se mantendrá la intervención sobre Monómeros, aunque acotó que esto dependerá del rendimiento financiero exhibido por la filial de Pequiven.

«Vamos a hacer una evaluación al final de este mes como lo hemos hecho todos los meses y luego de esa valoración veremos si ese comportamiento es positivo con miras a levantar el control», dijo a los medios. Además subrayó que esta clase de medida «no genera ningún tipo de dificultad desde el punto de vista de desarrollo de la empresa», pues no le impide comerciar y tampoco le cierra las puertas en las entidades financieras.

Escobar aseveró que desde que la productora de fertilizantes está bajo la égida de Supersociedades Colombia, sus indicadores de liquidez se han recuperado, por lo que si la evaluación de el presente mes resulta positiva, eventualmente se levantará la medida.

Este anuncio se produjo a pocas jornadas del inicio del gobierno de Gustavo Petro en Colombia y luego de que exdiputados asociados con el así llamado «interinato» admitieran la existencia de irregularidades en la contratación de LyonStreet, de lo que responsabilizan al actual gerente general, Guillermo Rodríguez Laprea.

Rodríguez Laprea rechazó estos señalamientos en una entrevista con VOA, alegando que van a contramarcha de los informes presentados por Supersociedades y las evaluaciones hechas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Mientras tanto, desde el gobierno del presidente Nicolás Maduro se ha acusado documentadamente a Guaidó y a sus operadores políticos de emprender un plan de despojo programado de los activos de Venezuela en el extranjero, que habría contado con la complicidad de Washington, Bogotá y algunas naciones de Europa occidental como el Reino Unido.

(LaIguana.TV)

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