Tras el fallo judicial que autoriza la confiscación del avión de carga Boeing 747, propiedad del Estado venezolano, que permanece retenido en el aeropuerto en Ezeiza, a solicitud del gobierno de los Estados Unidos, se concretó una inspección de la aeronave por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), reseña La Nación.

El objetivo de esta revisión sería cumplir con el inventario que exigió el juez federal de Washington D.C, Michael Harvey, al demandar al gobierno argentino la incautación de la aeronave sobre la base de la violación de «las leyes de exportación de los Estados Unidos» en el marco de un esquema de medidas coercitivas unilaterales sobre Irán, país que vendió la aeronave a Venezuela.

«El juez –Federico Villena, Argentina– además autorizó al Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos a coordinar y gestionar los requisitos para la custodia de la aeronave y las tareas de mantenimiento, incluido el pago de los gastos que insuman esos servicios», agrega el informe periodístico.

Villena basó su decisión en un tratado de asistencia jurídica suscrito entre Buenos Aires y Washington, que otorga la posibilidad de que el Estado argentino se abstenga de dar curso a las demandas de la contraparte en determinadas circunstancias, incluyendo el carácter político de los delitos, como resulta evidente en este caso.

Sin embargo, La Nación apunta que aunque el juez recibió el requerimiento de la corte federal estadounidense de las manos del viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, este se abstuvo «de la facultad que le otorga la legislación local para limitar los alcances de la asistencia solicitada por Estados Unidos».

Entretanto, autoridades venezolanas del Ejecutivo y el Legislativo denunciaron aireadamente la postura del gobierno de Alberto Fernández, que ha preferido guardar silencio frente al caso y plegarse a las demandas de la administración Biden, aún cuando ni la tripulación ni el avión, que se utiliza principalmente para el transporte de carga humanitaria, han violentado ninguna ley argentina.

Pese a ello, a sus 19 tripulantes –14 venezolanos y cinco iraníes– se les retuvieron ilegalmente sus pasaportes y se les impuso una medida de prohibición de salida del país, mientras se investiga su conexión con supuestas actividades terroristas de Hezbolá a raíz de una denuncia interpuesta por la Delegación de Asociaciones Israelitas, sin que hasta la fecha se haya encontrado ninguna evidencia que la soporte.

(LaIguana.TV)

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