El embajador de Argentina en Venezuela, Oscar Laborde, aseguró este martes que, «objetivamente», el avión Boeing 747 propiedad de la estatal venezolana Emtrasur que permanece retenido en el aeropuerto de Ezeiza, «está secuestrado» por la justicia de su país.

En entrevista con una radio local, el diplomático manifestó que los tripulantes de la aeronave –14 venezolanos y cinco iraníes– han sido obligados a permanecer en suelo argentino «sin que haya nada que se les pueda reprochar».

Aunque el caso comenzó con una querella de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas en contra de los cinco miembros de la tripulación de nacionalidad iraní, a los que acusan de estar vinculados con dos atentados terroristas en Buenos Aires en la década de 1994, hasta el momento no se ha conseguido ninguna conexión, pero tampoco se han levantado las restricciones de movimiento impuestas a estas personas y a 14 venezolanos.

Al memorial de agravios, Laborde sumó que «hay una sensación del pueblo venezolano de esa injusticia», aunque matizó que «en los últimos días hay muchos que explican que es un operativo del adversario del campo popular».

Desde su punto de vista, se trata de una maniobra «para perjudicar una relación que se recuperó recientemente, entre Argentina y Venezuela, y también el crecimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)», de cara a «un encuentro muy importante» que tendrá lugar en Argentina en fecha próxima.

«Para nosotros es natural pensar que muchos adversarios que no quieren esta situación, exageren y griten con lo del avión», añadió.

En la misma línea indicó que «hay una movida contra Venezuela», país que «ha sufrido un bloqueo terrible».

«Hasta las cuestiones más elementales no se pueden hacer porque hay un temor de las compañías de ser sancionadas. La apertura de la causa puede traer nuevas opciones. Se podrá presentar Venezuela. Si se acepta como dueño del avión, se reconoce que Maduro es el Presidente», señaló.

La cuestionable decisión de la justicia argentina

Los comentarios de Laborda se producen pocos días después de que el juez Federico Villena accedió a la demanda de una corte federal del Distrito de Columbia, en la que se solicitaba al gobierno de Alberto Fernández la incautación del avión venezolano con base en un tratado de asistencia judicial recíproca que data de 1991.

El argumento de Washington para exigir la retención de la aeronave –que fue fabricada en los Estados Unidos–, es que la operación de compra venta realizada entre la iraní Mahan Air y la venezolana Conviasa viola sus leyes de exportación, toda vez que a las dos empresas les han sido impuestas medidas coercitivas unilaterales.

En particular, autoridades estadounidenses aseguran que Mahan Air presta apoyo logístico a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Fuerza Qods, una organización a la que el Departamento de Estado tacha de «terrorista».

De otra parte, según lo que dispone el acuerdo bilateral entre Argentina y los Estados Unidos, las partes pueden pueden negarse a cumplir con la solicitud en determinadas circunstancias, que incluyen casos políticamente motivados, una prerrogativa que tuvo el Ministerio de Justicia argentino y que no utilizó.

Página 12 precisa que, a pesar de esto, «no está dicha la última palabra», pues «como sucede con todas las extradiciones y más allá de la resolución judicial, la última palabra la tendrá la Casa Rosada», pero el Ejecutivo encabezado por Alberto Fernández ha optado por no hacer declaraciones, lo que ha generado malestar del lado venezolano.

Venezuela denuncia violaciones al derecho internacional

En repetidas ocasiones, el presidente Nicolás Maduro ha criticado el proceder de la administración de Fernández y ha denunciado la pretensión estadounidense de perpetrar un nuevo expolio contra los activos venezolanos en el extranjero.

«Ahora se nos quiere embargar un avión en Argentina por una decisión de un tribunal de la Florida. O sea que a partir de ahora, un tribunal de la Florida o Nueva York decide quitarle un barco, un avión o cualquier propiedad a Venezuela o a cualquier país y puede hacerlo», externó en una transmisión televisada.

En la misma ocasión, Maduro cuestionó la aparente falta de soberanía de la justicia argentina, que habría quedado al descubierto tras las actuaciones de las instituciones de la nación sureña en el caso del avión venezolano.

Más allá de las declaraciones en los medios, la decisión de Villena tuvo un efecto inmediato: el pasado 11 de agosto, agentes del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) requisaron el avión venezolano para hacer un inventario, pese a que las autoridades del aeropuerto bonaerense revisaron exhaustivamente el aparato y no detectaron ninguna irregularidad.

(LaIguana.TV)

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