En una nueva entrega de su programa Cara a Cara, el periodista e intelectual Clodovaldo Hernández conversó con el diputado Ángel Rodríguez, integrante de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, sobre el devenir de la industria petrolera venezolana en el futuro cercano en el contexto de recuperación económica que vive el país.
Las sanciones hacen que la recuperación de la producción fluctúe
Desde su experiencia como técnico de instrumentación petrolera, Rodríguez sostiene que el bloqueo ha afectado sensiblemente la industria petrolera –a la que calificó como «el centro económico del país»–, visto que periódicamente –cada 45 o 60 días– hay que realizar labores de mantenimiento en las refinerías, que requieren de onerosas inversiones.
«Y hay una exigencia tecnológica constante: mientras más avanzada sea la tecnología, menos costos y más producción. Ese problema en concreto ha dañado mucho a la industria y el proceso de recuperación en ese marco de bloqueo no es ascendente todo el tiempo, tiene sus altibajos porque el mantenimiento tiene que estar constantemente desarrollándose», explica.
Esta es la razón por la que en el presente, la producción diaria de crudo oscila entre los 750.000 y 800.000 barriles diarios, cifra que podría mejorar si Estados Unidos relaja las restricciones impuestas en esa área.
En su decir, «la tendencia tiene que ser llegar a los dos millones de barriles, pero continúa el bloqueo, continúa la persecución por parte de Estados Unidos a todo lo que implica ese proceso de recuperación».
Un millón de barriles diarios al cierre de 2022
El parlamentario considera que «es bastante probable» que al cierre de 2022, la producción petrolera se ubique en un millón de barriles por día, pero sujeto a «una participación importante del sector privado», que se ha sumado al proceso de recuperación de la industria en la producción y se incorporará a los procesos de refinación.
Al ser inquirido por Hernández acerca de si esta estrategia no entraña «un proceso de desnacionalización», el especialista aseguró categóricamente que no, pues históricamente el sector privado ha participado del negocio petrolero y la normativa legal venezolana consagra al Estado la mayoría accionaria en todas sus asociaciones con terceros.
«Ley de Hidrocarburos indica que el socio del Estado venezolano puede tener un máximo del 40 % de las acciones y el Estado venezolano puede tener como mínimo el 60 %», precisó
El punto, reconoce, no ha estado exento de debates a lo largo de la historia. Según contó, en tiempos del presidente Hugo Chávez se levantó la polvareda porque el líder bolivariano defendía que el socialismo no podría tener lugar «sin la participación del sector privado», tesis que fue cuestionada por algunos de sus más cercanos colaboradores en el gabinete.
Pese a ello, Rodríguez alega que en un cierto momento 36 empresas mixtas –de las que participaron conglomerados como Polar o Mitsubishi– estuvieron presentes en la Faja Petrolífera del Orinoco, donde la extracción de petróleo resulta altamente costosa porque es un crudo extrapesado.
«Hay un debate importante sobre si seguir invirtiendo en la Faja o seguir invirtiendo o invertir en el petróleo liviano que todavía le queda al país. Es un debate bien importante. Yo pienso que no hay que descuidar ninguna de las áreas: tenemos refinación para ese petróleo pesado y tenemos las condiciones de refinación para ese petróleo liviano. Me parece que hay que equilibrar», comentó.
Llegará el momento en el que la industria tendrá que redefinirse
Ángel Rodríguez considera que el aprendizaje acumulado de los daños causados por administraciones deficientes como del bloqueo y las sanciones, obligarán a la industria petrolera a redefinirse, en términos de dirección y estructura de funcionamiento.
«Llegará el momento en el que tendremos que encarar y definir qué tipo de estructura y de dirección debe tener la industria, cómo deben ser los niveles de protagonismo y participación de los trabajadores», adelantó.
El diputado destacó el rol de los trabajadores y «el tren gerencial» en la recuperación de la industria en el contexto de la debacle, acelerada por las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos.
«Lo que está sucediendo ahorita [se explica porque] tenemos un plantel de recursos humanos en todos los niveles de la industria con una experiencia importante y un ministro que se ha puesto al frente de eso», valoró.
Mercado petrolero mundial: el pragmatismo como premisa
A juicio del experto, no debe perderse de vista que el mercado petrolero mundial se rige por criterios pragmáticos, por lo que si un productor no está en capacidad de cumplir con sus obligaciones –tal y como ahora le sucede a Venezuela–, su cuota de mercado es suplida por otro miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
«Una de las principales tareas de la OPEP es mantener el equilibrio, donde ni el consumidor ni el productor salgan dañados. La OPEP ha cumplido las responsabilidades que ha asumido en cuanto a su cuota, aumentarlas en función de mantener las exigencias del mercado (…) y también ha cumplido en tomar las medidas que sean necesarias para que el precio del crudo no llegue a niveles exagerados», puntualizó.
Pese a que este rol es muy importante, en su opinión no puede achacársele a la organización el estado actual del mercado petrolero, que es más bien el resultado de la guerra entre la OTAN y Rusia que se libra en Ucrania, que ha derivado en una crisis energética y problemas de suministro de alimentos.
En ese marco, asegura, «Venezuela va a jugar un papel importante», en virtud de que dispone de las reservas de crudo más grandes del planeta –unos 323.000 millones de barriles–, que necesariamente le otorgan una posición preeminente en el mercado mundial de petróleo.
«Yo creo que las necesidades energéticas, más allá de cualquier circunstancia, nosotros estamos en condiciones de suplir, desde el punto de vista de las reservas, cualquier necesidad», sostuvo.
Sin embargo, acotó que para que eso pudiera concretarse, impera «poner las capacidades de la industria a tono con esas necesidades», que actores como China, Rusia y «algunos países de Europa» están modelando.
La energía en Venezuela es más que el petróleo
El diputado Rodríguez aseguró que aunque es cierto que Venezuela es un país petrolero, «se viene desarrollando incipientemente un proceso de construir una nueva matriz energética paralela a la de los combustibles fósiles».
Este hecho, destacó, hizo que el Ministerio de Energía Eléctrica introdujera un proyecto de ley en la Asamblea Nacional para regular ese proceso, que la Comisión Permanente de Energía y Petróleo ha venido trabajando.
En relación con estos avances –que a menudo son eclipsados por las informaciones relacionadas con el petróleo– refirió que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) dictó una conferencia a los miembros de la Comisión en la que se les indicó en qué áreas del territorio nacional se registran las mayores incidencias solares o vientos sostenidos, en las que sería apropiado producir energía solar y energía eólica.
Además resaltó que aunque el desarrollo es incipiente, no es inexistente. Una prueba de ello sería el parque eólico y la fábrica de producción de bombillos ahorradores y paneles solares de Paraguaná, que se han visto severamente afectadas por las sanciones.
Con relación al estado del parque eólico falconiano, el parlamentario precisó que en una visita reciente comprobaron que funcionan solo 24 de los 72 generadores instalados, aunque la expectativa es hacerlos funcionar todos y dotar a la entidad de una fuente de energía alternativa a la del Sistema Eléctrico Nacional.
«En el marco de las sanciones, ninguna empresa que ha estado vinculada al tema ha querido venir, pero ya el Ministerio [de Energía Eléctrica] consiguió una ruta para resolver el problema de la tecnología, del mantenimiento», comentó.
En su criterio, Venezuela necesita «acelerar el proceso de industrialización en esa área» y la iniciativa legislativa que ahora se discute en la Asamblea Nacional apunta en esa dirección. El objetivo, asegura, es «ahorrar agua y contaminar menos».
Así, asegura, si el Estado venezolano contara con los recursos necesarios, podría plantearse como meta que en una fecha tan próxima como 2030, todas las oficinas públicas funcionen con energías alternativas a las fósiles y a las hidroeléctricas.
En su decir, el proceso legislativo está avanzando. Para ello se han constituido tres mesas de trabajo –una con 12 ministerios relacionados con la temática, otra con académicos y científicos especializados en la materia y otra con empresarios–, en las que se han producido debates que han sido incorporados a la iniciativa.
«Regir ese proceso es importante, que el país comience un desarrollo sostenido a mediano y largo plazo, con relación a ese área y nos permita contaminar menos», enfatizó.
Las opciones no se agotan en la energía solar y la energía eólica. Rodríguez refirió que la Subcomisión Permanente de Minería y Empresas Básicas está evaluando la potencialidad del país en la explotación de los llamados metales raros, mientras que la Subcomisión Permanente de Gas y Petroquímica analiza la viabilidad de apelar al hidrógeno verde, que se produce a través de un «proceso de acumulación energética», abundó.
«Hay una variedad importante y estamos viendo cómo la ley que teníamos para energías alternativas, se convierte en una ley marco para energías alternativas», enfatizó.
El despojo de activos nacionales: el avión de Emtrasur y Monómeros
Para finalizar la conversación, Clodovaldo Hernández consultó a Ángel Rodríguez, quien también preside el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), sobre el caso del avión venezolano retenido ilegalmente en Argentina desde inicios de junio.
En opinión del diputado, «es una preocupación importante que Argentina se haya convertido en un instrumento para la ejecución de las políticas de bloqueo contra Venezuela».
A su parecer, esta situación se hace todavía más grave porque el presidente de ese país, Alberto Fernández, está ejerciendo la presidencia protémpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y ha tenido «dos meses para decidir una solución que protegiera los intereses de uno de los países miembros de esa Comunidad».
Rodríguez calificó esta actuación de Fernández y su administración como «un grave error» porque «se subordinó la política, la soberanía y la independencia argentina a elementos extraterritoriales desde el punto de vista legislativo», visto que ni Emtrasur ni la aeronave habían sido sancionadas por Estados Unidos, sino que se trata de «una persecución a los bienes de Venezuela».
«Nos parece bien lamentable el hecho de que Argentina se haya puesto a favor de generar y de ejecutar una medida que no tiene ninguna legalidad», calificó. Pese a ello señaló que el objetivo de la denuncia de Venezuela no es «generar una crisis o una fractura» en la región, sino que «eso pueda resolverse de otra manera» y la región permanezca libre de «confrontaciones militares» y «prevalezcan la paz y los intereses de todos los países».
El especialista petrolero comparó esta tentativa de despojo con el caso de la empresa Monómeros –en su decir, «fundamental para el desarrollo agrícola, tanto de Colombia como de Venezuela»– dado que produce fertilizantes adaptados a los suelos del continente y podría coadyuvar a la crisis alimentaria que ya acecha a América Latina y el Caribe por causa de la guerra en Ucrania.
No obstante reconoció que el recién instalado gobierno de Gustavo Petro «está asumiendo una postura más sensata» con respecto a este asunto, pues el funcionamiento de la compañía depende del suministro de gas a través de un gasoducto binacional de más de 240 kilómetros que construyó Venezuela.
«Si no tiene ese suministro de gas, ¿de dónde va a venir ese suministro de gas que permite ese proceso de transformación?», sentenció.
(LaIguana.TV)
