El partido Primero Justicia, una de las organizaciones políticas que respalda el pretendido gobierno del autoproclamado Juan Guaidó, le demandó explicaciones al exdiputado sobre la actuación de sus representantes legales luego de que un tribunal estadounidense exigiera el pago de 8.7000 millones de dólares a ConocoPhillips, pues atribuyen este dictamen a actuaciones negligentes y lesivas para la República que habrían sido cometidas bajo su conocimiento.

«La estrategia de defensa judicial ejercida por la Procuraduría Especial ha sido gravemente negligente, por cuanto resulta inexplicable que Venezuela no haya comparecido al juicio de ejecución llevado ante la corte de Washington D.C., por encontrarse en un proceso de anulación del laudo arbitral que invalidaría su ejecución», se lee en un comunicado que difundiera la tolda este lunes a través de sus redes sociales.

Según se refiere en el documento, la «Procuraduría Especial» de Guaidó alegó que había conseguido «la rectificación» del monto de una deuda entre la trasnacional y el Estado venezolano, «la suspensión de la ejecución» e incluso una solicitud de anulación de la sentencia ante el comité ‘ad hoc’ de apelaciones del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

A contrapelo de esta narrativa, desde Primero Justicia se sostiene que «dicho procedimiento de anulación no es razón para dejar de contestar a la demanda de ejecución del laudo arbitral interpuesta en Washington D.C., toda vez que resultaría, con toda seguridad, desfavorable para Venezuela al tratarse de dos procedimientos distintos con graves consecuencias y que sienta un precedente para los demás casos de similar naturaleza que involucran al país».

En opinión del partido aurinegro, Guaidó y sus colaboradores ignoraron las advertencias acerca de lo fallido de esta estrategia –cuyo resultado, aseguran, era «completamente previsible»–, pues además no tenían que superar trabas políticas ni lidiar con «falta de recursos», lo que les habría obligado a evitar incurrir en «nuevos gastos por concepto de honorarios», como se intenta mostrar en una comunicación de la «Procuraduría Especial» de fecha 4 de octubre de 2021.

«Hay que recordar que para la fecha en que Venezuela debió ejercer su defensa, la Procuraduría Especial estaba a cargo del abogado José Ignacio Hernández y la representación de la República la tenía el gobierno interino. En aquel entonces, la Procuraduría Especial tenía contratada para este caso a la firma Curtis, Maller-Prevost, Colt & Mosle LLP (Curtis), a quienes depositaron más de 3,6 millones de dólares por la defensa de Venezuela en este y otros casos», se precisa en otro punto del texto.

Según Primero Justicia, en el informe de rendición de cuentas que presentara la «junta directiva ad hoc» de Pdvsa designada por el exparlamentario el 31 de enero de 2020, «se reconoce el pago de anticipo a esta firma por el monto de 500.000 dólares en la fecha 23 de enero de 2020, correspondientes a la factura número 172992233», al tiempo que el despacho del «procurador especial» recibió la notificación de la demanda el 10 de enero de ese año «y tuvo un plazo para contestar de 60 días que venció el 10 de marzo de 2020, como consta incluso en documentos publicados por la oficina de prensa de Guaidó.

«Estos hechos permiten afirmar categóricamente que los honorarios adelantados a Curtis cubrían la contestación a la demanda de ejecución del laudo arbitral del caso ConocoPhillips. Entonces, preguntamos: ¿por qué no se contestó la demanda en el plazo establecido para ello cuando se contaba con los recursos para ello? ¿Qué ocurrió con los fondos depositados a Curtis? ¿Por qué no se informó al país de la notificación de esta demanda? ¿Por qué este caso de ConocoPhillips no recibió la misma atención que otros litigios por parte de la procuraduría?», apunta la organización política, considerada una aliada estrecha del exparlamentario.

Tras estos importantes cuestionamientos, le exigieron «una rendición de cuentas real, abierta y oportuna, donde se puedan hacer preguntas sobre las áreas donde existan dudas razonables».

En su decir, este espacio de interpelación serían los restos de la fenecida Asamblea Nacional electa en 2015, cuyas funciones cesaron el 5 de enero de 2021.

Para concluir, se echa en cara a Guaidó que «la gestión de activos hasta el momento ha estado marcada por un continuo hermetismo, así como por escándalos recurrentes que golpean la confianza del liderazgo de la oposición venezolana y su efectividad para lidiar con la crisis que actualmente aqueja al país», al tiempo que se subraya que «se han gastado más de 50 millones de dólares en litigios que no han servido para resguardar eficientemente los activos del (sic) exterior».

Investigaciones realizadas por medios independientes como La Tabla o The Canary, e incluso por agencias como Argus, han revelado la aparente implicación de José Ignacio Hernández, Guaidó y otros miembros de su pretendida administración en tramas de despojo los de activos de Venezuela en el extranjero.

A Hernández incluso se atribuye la autoría de la estrategia de presentar demandas ante las cortes estadounidenses para cobrar supuestas deudas al Estado venezolano con cargo a Citgo Petroleum, que han implementado –hasta ahora con éxito parcial– empresas como ConocoPhillips y Crystallex.

(LaIguana.TV)

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