José Ignacio Hernández es conocido dentro del mundo económico opositor como uno de los «Harvard Boys», un grupo élite perteneciente al lobby de Ricardo Haussman que están fuertemente vinculados a la llamada «meritocracia petrolera» que ejecutó el paro y sabotaje petrolero en Venezuela en el año 2002.
Hernández también guarda fuertes nexos con las empresas Polar, Leopoldo López, el grupo sedicioso Voluntad Popular y fue el principal ejecutor del fraude perpetrado a la República durante 2019 que allanó el camino para que el grupo que gira en torno a Juan Guaidó se apoderaran de la refinería Citgo, filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, con apoyo de la administración de Donald Trump, lo que les permitió apropiarse de más de $40 mil millones pertenecientes al Estado venezolano.
Este hombre además es investigado por el Ministerio Público por el delito de «traición a la patria», al estar detrás del caso Crystallex contra Venezuela y el robo de Citgo, que se logra luego que él actuara —presuntamente— ante una corte estadounidense para propiciar que la refinería fuese «embargada».
Hernández, un abogado de 44 años de edad, fue egresado suma cum laude de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en el año 1997. En marzo de 2019, Hernández fue «designado» por Guaidó como «procurador especial»; un falso cargo que «ejerce» desde el exilio.
Este «procurador» es pupilo de Ricardo Hausmann, otro lobbysta de Guaidó que está residenciado en Estados Unidos y es el actual director del Centro para el Desarrollo Internacional de la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, donde también tiene labores como profesor de Economía del desarrollo. Un detalle es que Hausmann —quien presume de su venezolanidad— es desde 2008, por voluntad propia, ciudadano colombiano juramentado por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez —vinculado a cruentos delitos como falsos positivos, paramilitarismo, narcotráfico y crímines de lesa humanidad— en un acto realizado el 15 de diciembre de ese año en la presidencial Casa de Nariño, reseña un despacho publicado en el portal web de la Presidencia de Colombia.
Perfil de Hernández y caso Crystallex
Hernández recibió en 2001 el diploma de estudios avanzados en la Universidad Complutense de Madrid. Un año después obtuvo el título de doctor en derecho con mención cum laude en esa casa de estudios. Se ha dedicado a especializarse en varias especialidades del derecho: administrativo, constitucional, libre competencia, regulación económica, de la minería, de hidrocarburos, régimen jurídico del sector eléctrico, de las telecomunicaciones y de protección al comunicador.
Sus primeros pasos los dio como abogado asistente en materia de derecho público en la Corte Primera de los Contencioso Administrativo. Asimismo, formó parte del bufete Grau, García Hernández & Mónaco, que representó a Empresas Polar cuando el gobierno señaló a la compañía de forjar documentos para tramitar divisas preferenciales y liquidar sus importaciones; lo que le permitió debutar contra el Estado venezolano.
Profesor titular de las universidades Católica Andrés Bello y Monteávila, es integrante del Centro para el Desarrollo Internacional que dirige Ricardo Haumann en la Universidad de Harvard. En su condición de autor de varios libros, estudios, artículos y monografías sobre derecho público, ha sido profesor invitado en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) y de la Georgetown University.
Sobre el caso Crystallex explicó, que su participación en el proceso «fue como testigo experto independiente de derecho venezolano” y que no tiene responsabilidad alguna, pues según él «es responsabilidad del régimen chavista» por “ejecutar todas las acciones que derivaron en la demanda”.
“Venezuela fue condenada por las expropiaciones socialistas. Ha sido el Gobierno legítimo de Juan Guaidó el que ha logrado poner orden en ese caos”, dijo.
El cargo a la orden pero sin renunciar
El pasado mes de enero, José Ignacio Hernández, puso a la orden «el cargo» que le «designó» Guaidó, pero sin renunciar, ante la polémica por la aprobación de 20 millones de dólares para el “fondo de litigio” por parte de este sector opositor para supuestamente hacer “el pago de honorarios profesionales y gastos legales asociados a la protección, recuperación y control de activos de Venezuela en el extranjero”.
Hernández dirigió el 29 de enero de este año una comunicación a Guaidó, donde explica su decisión, alegando que el tema del fondo de litigio y las razones jurídicas de su creación han sido ampliamente debatidas, por lo que exigió “reglas claras de gobernanza” para cumplir su trabajo.
“Lamentablemente esto causó diversas noticias adversas sobre el manejo de los fondos-que como se sabe, ni siquiera ha sido ejecutado”, expuso Hernández, quien consideró “razonable” “no ejecutar ningún pago basado en el citado acuerdo del 28 de enero, pues las dudas arrojadas por estos partidos políticos pudiesen ser empleados para investigaciones relacionadas con el patrimonio público”.
Además de los obstáculos para cumplir con el cargo asignado, menciona las “inmerecidas sombras de sospechas” sobre su gestión. “Si no se cuenta con el respaldo de un Gobierno, y como es conocido, un Gobierno que no ejecuta gasto —con todos los controles imperativos y bajo el principio de la rendición de cuentas— no es Gobierno”, dijo.
Reitera que hasta que no se genere una decisión política de consenso no se tramitará el pago de los honorarios con base en un acuerdo del 28 de enero, situación que “eleva considerablemente el riesgo de los activos en el extranjero”.
Lobby de empresarios
En un reportaje escrito por Víctor Hugo Majano, director del portal web de investigación La Tabla, revela la existencia de un grupo de «consultoría» que bajo el nombre código «Cocoon 2.0» y conformado por empresarios y asesores privados, es artífice de acciones de ofensiva financiera y políticas, junto a Juan Guaidó y Leopoldo López, que confirma “la conspiración de sectores muy definidos de la burguesía comercial e importadora” en Venezuela.
Majano describe que en una confesión de Roberto Marrero (exasistente de Juan Guaidó) y datos expuestos en un teléfono celular, “un total de 24 hombres y una mujer (…) analizaban la posibilidad de bloquear los pagos con tarjetas de crédito y débito, la confiscación de CITGO y cambios en la fuerza armada”.
“En el grupo interactuaban 15 asesores privados o empresarios y solo 10 políticos “profesionales”, incluidos Leopoldo López (administrador del grupo), Juan Guaidó y el dueño del teléfono y delator, Roberto Marrero. Por la parte empresarial (además de Hausmann) figuran muy activos el joven economista Douglas Barrios (egresado de la corporativa Universidad Metropolitana), y el abogado José Ignacio Hernández, el designado “procurador especial” (del falso gobierno de Guaidó), quienes forman parte del equipo de Hausmann en el centro para el desarrollo internacional en la escuela de gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard”, explica Majano.
Todos estos nombres son considerados los «ideólogos» de Juan Guaidó, el autoproclamado “presidente interino” que busca —con el apoyo de Washington— crear un Estado paralelo en Venezuela que progresivamente les permita hacerse del control del país.
Allanamiento de sus oficinas en Baruta
El pasado lunes primero de junio fueron allanadas las oficinas en Caracas del bufete de abogados Grau, Hernández & Mónaco del cual es socio Hernández y otras compañías del seudoprocurador del diputado opositor Juan Guaidó, ubicadas en la Torre Humboldt del municipio Baruta.
El objetivo del allanamiento es determinar los nexos corruptos que tiene el seudofuncionario con al menos ocho compañías en Venezuela.
(LaIguana.TV)
