La corte estadounidense que lleva el caso de ConocoPhillips contra la República Bolivariana de Venezuela notificó de las pretensiones de la trasnacional petrolera a la embajada estadounidense en ese país el 10 de enero de 2020, cuando ya la sede diplomática estaba bajo el control de agentes del exdiputado Juan Guaidó, reseña La Tabla.

Como fuente, el portal especializado apela al fallo del pasado 19 de agosto, en el que se «obliga» al Estado venezolano a cancelar 8.700 millones de dólares en razón de una compensación por expropiaciones que no habrían sido canceladas más gastos judiciales.

A pesar de estar al corriente de esta situación, Carlos Vecchio, representante de Guaidó ante la Casa Blanca y reconocido por esa instancia como «embajador» de Venezuela, no hizo nada por evitarlo, a pesar de que tenía control efectivo del edificio desde mayo de 2019, evento que fue ampliamente reseñado por la prensa hegemónica de la región.

En otra pesquisa, La Tabla precisó que la razón de dictamen se debió a ConocoPhillips presionó por una sentencia definitiva, visto que el Estado venezolano no compareció ni presentó ningún recurso judicial para frenar el proceso.

En rigor, cuando en la sentencia se menciona al «Estado venezolano», se alude al pretendido gobierno del autoproclamado Guaidó, lo que implica el desconocimiento del procurador de la República, Reinaldo Muñoz, acción que en este caso se tradujo en una violación del derecho a la defensa.

Entretanto, los pseudofuncionarios reconocidos por Washington para esa labor –primero José Ignacio Hernández y luego Enrique Sánchez Falcón–, lejos de defender los intereses nacionales, han facilitado la apropiación y el expolio de los bienes de Venezuela en el extranjero.

Los que mayor centimetraje han acaparado son los casos de las 31 toneladas de oro depositadas en la bóveda del Banco de Inglaterra, Citgo Petroleum y Monómeros, a lo que se suman el bloqueo o despojo de decenas de cuentas de Venezuela en bancos estadounidenses y europeos, cuyos fondos han sido directamente entregados a Guaidó y colaboradores.

Además, consta en diversas investigaciones periodísticas elaboradas a partir de datos abiertos, que el así llamado «interinato» ha cancelado más de 40 millones de dólares a bufetes internacionales para conducir las supuestas defensas, aunque en todos los casos ello ha derivado en onerosas pérdidas para la República.

(LaIguana.TV)