Oportunidades de inversión, nuevas garantías, seguridad ciudadana y territorial, y el diseño y establecimiento de unas relaciones bilaterales no perfectas, pero al menos sanas, destacan entre las muchas expectativas en esta reconciliación de dos naciones latinoamericanas imbuidas en lógicas donde la paz no parecía ser una opción. El conmovedor evento celebrado en el estado Táchira marca un antes y después, un portazo firme a tiempos de violencia activa, pasiva y sin tregua. Siete años del cierre de los siete pasos legales entre Colombia y Venezuela, no obstante, abre múltiples expectativas, temores e, incluso, alertas.
La misión es ambiciosa, clara y manifiesta por parte de los mandatarios de ambos países, y desde los consulados hasta la frontera territorial: rehabilitar plenamente y con bases sólidas las relaciones entre Colombia y Venezuela. Desde febrero de 2019 cuando la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el cierre de la frontera y las razones de peso para tal decisión, la zona fronteriza que compete al estado Táchira se convirtió en un ambiente inhóspito sumido en una especie de contacto cero. Ya desde hace casi 7 años la población de Táchira, el Norte de Santander, la Guajira, Bolívar y Cesar padecieron que no existiera comunicación política ni de ninguna naturaleza constructiva más allá de las diatribas a nivel presidencial.
Desde 2019, Colombia, con Iván Duque con la cabeza puesta no solo en la Presidencia sino en los intereses del partido Centro Democrático, apostó al aislamiento y a la caída en desgracia de su país vecino, mientras Venezuela, con Nicolás Maduro como presidente, apostó por la defensa de la soberanía de un territorio asediado desde múltiples frentes.
Gobiernos y empresarios, juntos
Dentro de las expectativas más latentes y fijadas en ambas naciones ante el hecho destaca la reanudación de las relaciones comerciales, la reactivación de vuelos comerciales, la oportunidad y variedad de negocios en cuanto a servicios, transporte de carga terrestre, el aumento y la regulación de la producción agrícola y metalmecánica, y por supuesto, la reactivación del sector turismo. La conmoción y la ansiedad es evidente ante la posibilidad de recuperar un intercambio económico que llegó a superar en 2008 los 7 mil millones de dólares y del cual queda apenas una reminiscencia caracterizada por un comercio sumido en la ilegalidad.
Desde el Estado venezolano el acontecimiento no está exento de propuestas, pues está enmarcado por la activación de las llamadas Zonas Económicas Especiales (ZEE) que suman, además, una iniciativa del presidente Nicolás Maduro de idear un proyecto piloto de ZEE entre Colombia y Venezuela, específicamente entre el norte de Santander y el estado Táchira para el desarrollo socio-productivo de la zona. La iniciativa es saludada por empresarios de ambos países y por la Cámara de Comercio Colombo Venezolana (CCV), que ha vaticinado un impacto de 1.200 millones de dólares de ganancias solo con la reactivación de los pasos fronterizos.
Más allá de Táchira: atención a toda la frontera
Aunque el histórico evento se celebró en Táchira, la población y líderes comunales y sociales de otros estados fronterizos están a la expectativa del impacto que esta reanudación de relaciones tendrá en ambos países, y los retos que supone. El coordinador del Frente Bolivariano y Revolucionario en Defensa del Legado del Presidente Hugo Chávez Frías en el estado Zulia, Segundo Chirinos, aseguró que este proceso de apertura comercial es una primera muestra de la victoria que representa la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia, pero de este lado de la frontera, supone la urgencia de no escatimar en medidas de control, reparación de daños y atención al detalle para que sea exitosa a mediano y largo plazo. Entre estas, sugiere a los funcionarios encargados de las mesas de trabajo binacionales, prestar atención y contemplar la eliminación de la resolución Número 8/2000 impulsada en su momento por la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras) y el Banco República de Colombia.
Según Chirinos, esta resolución instaura desde ese país una forma desigual de comerciar productos venezolanos, lo que acentúa las dinámicas que derivan en la devaluación de la moneda venezolana (bolívar), el comercio ilegal, el lavado de dinero y el narcotráfico en la frontera colombo-venezolana, además de lo que denomina “el desangramiento de Venezuela mediante el contrabando de extracción a través de las llamadas ‘trochas’ de combustible, chatarra, ganado y materia prima hacia Colombia”. Aunque sobre esta polémica resolución, la economista Pasqualina Curcio, llegó a alertar en 2016 que más allá de derogarla, al Gobierno nacional le convendría conocerla y estudiarla para que redunde en favor.
Según el dirigente social, en el caso del Zulia, la apertura de la frontera no es solo relevante en términos comerciales bilaterales, si no en términos de tranquilidad y seguridad a la población de Colombia y Venezuela frente a la delincuencia y el auge de las bandas criminales, en la medida en que se busque y logre potenciar el turismo en una zona que requiere con urgencia ser repoblada en condiciones de paz.
Todos en la frontera
El 26 fue la cita definitiva, pero durante meses los pasos hacia la reconciliación entre dos naciones separadas en violentos y dolorosos términos han estado cargados de simbolismo y contundencia.
Las mesas de trabajo instaladas por parte de la Cancillería de Colombia pretenden establecer mecanismos y garantías para la seguridad y defensa, transporte y movilidad, asuntos migratorios y cooperación internacional, pasos fronterizos e infraestructura y asuntos consulares. No son pocos los asuntos pendientes.
El despliegue fue total, podría decirse que a la altura de las circunstancias. Previo a la llegada del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y del ministro de Transporte de Venezuela, Ramón Velásquez, en las localidades de Cúcuta y Ureña se dieron cita desde el domingo 25 de septiembre funcionarios del Congreso de la República de Colombia y de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN) enmarcados en una Comisión Especial para la Normalización de las Relaciones Bilaterales de la cual forma parte el historiador y diputado a la AN por el estado Zulia, Juan Romero, para quien el suceso fue una manifestación final de “una resistencia creativa y resiliente por parte de Venezuela”.
Según Romero, sobre la dificultad de los últimos años “se construyeron un conjunto de prácticas antropológicas, políticas y dialógicas sumamente importantes y que requieren hacer un constante ejercicio de memoria sobre el asedio económico que vivió el pueblo venezolano entre 2013 y 2021, que generó unas pérdidas de más de 290 mil millones de dólares, y tener presente cómo entre 2019 y 2020 Colombia fue preponderante en acentuar esta pérdida, sobre todo mediante los eventos del 23 de febrero de 2019, el magnicidio en grado de frustración y los reiterativos planes de invasión mercenaria y de fuerzas armadas de países vecinos a territorio venezolano.
Lecciones y heridas históricas
Según Romero, quedan varias lecciones luego de casi una década de crisis bilateral, entre estas, “la evidencia de que los lazos antropológicos no se diluyeron y ambos pueblos buscaron mantenerse en contacto a pesar de los golpes y las tendencias xenofóbicas con antecedentes en la disputa por el proceso independentista de ambos países, pero que fueron intencionalmente reabiertas, laceradas y sodomizadas con el auspicio de la élite política en Colombia”.
El diputado venezolano se atrevió a desarrollar una analogía entre las relaciones diplomáticas y las relaciones interpersonales, partiendo de los lazos históricos, emotivos y culturales que caracterizan a países como Colombia y Venezuela.
Romero aseguró que los gobiernos de estas naciones “pueden intentar quererse, y aunque la intención o la mera voluntad política no suelen bastar por sí solas, sí son la base sobre la cual vale alimentar la relación entre ambos Estados. Con claridad en la comunicación, con la decisión concreta y efectiva de querer comprender en su diversidad al otro y, al mismo tiempo, comprender la necesidad de encontrarse, de andar juntos en esos 2.219 kilómetros que comparten, en su historia mancomunada y relaciones culturales, y buscando unas recíprocas ventajas económicas”.
Romero apunta que la voluntad política conduce, pero debe ser acompañada por decisiones en función de la perdurabilidad, el establecimiento de leyes, un piso institucional consistente y acuerdos bien claros para el bienestar económico, la disminución de las inequidades y el fortalecimiento de lazos de hermandad.
¿Quimera? A partir de este 27 de septiembre se verá.
(LaIguana.TV)
