La Operación Anticorrupción adelantada por los órganos de administración de justicia, con el impulso del Ejecutivo Nacional, podría superar los 3 mil millones de dólares. Así lo manifestó el abogado constitucionalista y diputado a la Asamblea Nacional (AN) Hermann Escarrá.

“No estamos hablando de poca cosa, 3 mil millones de dólares, por un lado, 8 mil millones por el otro, 12 mil millones, son cuestiones extremadamente graves que le hacen daño al pueblo, pero también a las instituciones democráticas, al Estado de derecho y a las empresas del Estado como PDVSA”, dijo.

En declaraciones desde la sede de la AN, el parlamentario sostuvo que se esperan nuevos procesos judiciales y allanamientos en varias entidades del país. “Las informaciones que se tiene en relación a varios estados, entre ellos Aragua y en Caracas, donde se van a producir algunos allanamientos y, esto va a alcanzar a una cantidad mucho mayor, porque se trata de mafias y de redes que venían trabajando altos niveles de corrupción”, acotó.

Escarrá calificó como acertada la iniciativa del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, de atacar el flagelo de la corrupción. “Cualquiera sea la consecuencia, cualesquiera sean los dolores y cualquiera sea lo que se pudiera lamentar, es una decisión extraordinaria del presidente”, expresó.

¿Qué dice la AN y Maduro?

El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, informó esta semana que 19 personas han sido detenidas por su presunta implicación en actos de corrupción y malversación de fondos, en el marco de la Operación Especial Anticorrupción que adelanta el Estado venezolano.

Rodríguez advirtió que “vendrán más” aprehensiones porque las investigaciones aún están en curso, al tiempo que señaló que estas acciones gozan del respaldo de la mayoría de los venezolanos.

En ese sentido, el parlamentario propuso a la Comisión de Política Interior de la AN que se abocara a revisar y modificar todas las leyes sancionadas en la materia, “para hacer más enérgicos los castigos”.

Por su parte, el presidente Maduro destacó que corresponde al Estado garantizar que prevalezca la justicia y que el pueblo conozca la verdad. “Nada ni nadie nos va a detener en la voluntad y el empeño de castigar a esta mafia de hacer justicia”, sentenció durante una reunión de trabajo con el Buró Político Ampliado de la Revolución Bolivariana desde el Hotel Humboldt, en Caracas.

Explicó que han “asumido una posición vertical, frontal, absoluta de lucha contra la corrupción y los corruptos, contra el bandidaje y los que roban al pueblo, estén donde estén, vengan de donde vengan”.

En contexto

La Policía Nacional Anticorrupción solicitó el pasado 17 de marzo al Ministerio Público el “encauzamiento judicial de una serie de individuos” que ejercían funciones en el Poder Judicial, la industria petrolera y algunas alcaldías por su presunta implicación en actos de corrupción y malversación de fondos.

Entre los detenidos por el momento figuran: Cristóbal Cornieles, presidente del Circuito Judicial Penal Caracas; José Maxcimino Márquez García, juez 4° antiterrorista, Joselit Ramírez, jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip); el alcalde del municipio Santos Michelena de Aragua, Pedro Hernández, y el exdiputado Hugbel Roa.

(LaIguana.TV)