Ha quedado demostrado que uno de los propósitos del falso gobierno de Juan Guaidó fue ponerle al capital internacional en bandeja de plata el más importante activo de Venezuela en el exterior, la empresa Citgo Petroleum, tarea que se ha completado luego de la huida del exdiputado hacia Estados Unidos, afirmó Miguel Ángel Pérez Pirela, en su programa semanal Desde Donde sea.
Señaló que Venezuela acusa el golpe del prácticamente inevitable remate de Citgo, otrora su principal activo en el exterior, en una maniobra jurídica extraterritorial de la Casa Blanca que da una estocada a la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela organizada por el gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro.
En ese encuentro se acordó trabajar paralelamente por el levantamiento de todas las sanciones impuestas sobre la economía venezolana y en un cronograma electoral para los comicios presidenciales, previstos constitucionalmente para 2024.
“Pero, el gobierno de Joe Biden, que aspira a un segundo mandato, no está para nada interesado en ofrecer un respiro a Nicolás Maduro y, antes bien, todo parece indicar que arreciarán tanto el cerco político como la asfixia económica contra Caracas”, dijo el escritor, filósofo y comunicador político.
Cronología de un megarrobo
Procedió a explicar detalladamente cómo se ha concretado el despojo de esta filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos.
Precisó que el pasado lunes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) promulgó una licencia en la que faculta a la fenecida Asamblea Nacional de 2015 a manejar Citgo Petroleum.
En concreto, la Licencia General Nº42 autoriza a la IV Legislatura de la Asamblea Nacional (2016-2021), a «su comisión delegada», a «cualquier persona designada» o a «cualquier entidad creada por o bajo la dirección» de esa instancia, a tomar decisiones «en relación con cualquier deuda del gobierno de Venezuela, Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), o cualquier entidad en la que Pdvsa sea propietaria, directa o indirectamente» del 50% o más.
“Esta decisión interna de Estados Unidos le otorga la facultad a un ente que ya no existe, a unas personas que no son funcionarios de ningún poder público venezolano para que destrocen y repartan Citgo. Eso no es de extrañar en lo referente a Estados Unidos, porque ya sabemos que es un Estado ladrón, pero que haya venezolanos que se presten a ello solo puede calificarse como un acto apátrida en el sentido más estricto del término”, aseveró el moderador.
El documento prohíbe asimismo «cualquier transacción que involucre a la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela convocada por Nicolás Maduro o la Asamblea Nacional que inició funciones el 5 de enero de 2021, incluidos sus respectivos miembros y personal».
Al hacerse pública esta noticia, Maduro calificó la acción estadounidense de «robo descarado» perpetrado en complicidad con agentes de la oposición extremista agrupados en la Plataforma Unitaria y advirtió que el Estado venezolano tomará medidas para proteger su activo.
En la misma línea, el mandatario aseguró que la licencia constituye «una bofetada» a los esfuerzos realizados por el gobierno de su homólogo Gustavo Petro para destrabar la situación política en Venezuela, al tiempo que recordó que en la Conferencia celebrada la semana previa en Bogotá, la mayoría de las delegaciones asistentes pidió a Washington el levantamiento de todas las sanciones.
De su parte, Pdvsa publicó un comunicado en repudio a la Licencia Nº42 en el advirtió que no reconocerá ninguna acción que se derive de su aplicación.
Pdvsa advirtió que desconocerá cualquier transacción realizada en su nombre o sobre sus activos a partir de la Licencia General Nº42 publicada este lunes por la OFAC, que habilita a un conjunto de exdiputados venezolanos para tomar decisiones financieras en la refinadora Citgo Petroleum, filial de la estatal venezolana en los Estados Unidos.
«Pdvsa advierte que todo acuerdo de pago o transacción en relación con cualquier deuda, controversia, litigio o decisión judicial relativa a Pdvsa y/o cualquier entidad en la que Pdvsa tenga participación accionaria, que sea negociado, celebrado y/o ejecutado con fundamento en la Licencia General 42 emitida en fecha 1º de mayo de 2023 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, o en cualquier otra licencia específica, o decisión derivada de cualquier órgano o entidad extranjera, o Poder Público extranjero, es nulo o ilegal bajo las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y conforme al Derecho Internacional. Por lo que no será reconocido, ni tenido como válido por Pdvsa o sus filiales», se lee en el comunicado publicado por la compañía en sus redes sociales.
También rechazó «categóricamente» y desconoció «completamente» el intento de «la fraudulenta enajenación de la participación accionaria de PDV Holding en Citgo, a través de un ilegal procedimiento de venta concertada a merced de los intereses del gobierno norteamericano, en el caso Crystallex International Corporation contra la República Bolivariana de Venezuela».
En el documento, la estatal venezolana reiteró que «estas acciones inaceptables del gobierno de los Estados Unidos, en complicidad con grupos extremistas de la política venezolana, han conducido al saqueo y destrucción de los activos de Pdvsa y sus filiales, generando, además, un perjuicio económico y social para el pueblo venezolano».
Asimismo, ratificó «ante la comunidad internacional» sus señalamientos sobre la «política de agresión sostenida de los Estados Unidos de América» por medio de sanciones, «decisiones judiciales y otras medidas» sobre sus activos «y el de sus filiales en el extranjero».
Estas puntualizaciones fueron ratificadas en una rueda de prensa ofrecida por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien además enfatizó la necesaria complicidad de la Plataforma Unitaria en este nuevo intento de expolio de los activos del Estado venezolano por parte del gobierno de los Estados Unidos.
En la misma intervención, Rodríguez enfatizó el carácter inédito de la Licencia Nº42, en el sentido de que no existen antecedentes contemporáneos de una acción de expolio semejante contra un Estado soberano, en tanto contraviene todo el orden internacional vigente.
La vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseveró que la Licencia Nº42 emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) consuma el robo de Citgo Petroleum, filial de Petróleos de Venezuela en la nación norteamericana.
En la rueda de prensa, la funcionaria subrayó que la resolución –que en su decir, se estuvo «tramando» desde inicios del presente año– violenta completamente tanto las leyes venezolanas como lo consagrado en el derecho internacional público y privado.
Señaló además que, lejos de considerarse un incidente aislado, la Casa Blanca avanza en este plan de despojo de activos desde el año 2017, cuando se pretendió anular la legitimidad de los poderes públicos de Venezuela a través de la legislatura de la Asamblea Nacional electa para el período 2016-2021.
Rodríguez destacó que el Parlamento de entonces, controlado por fuerzas opositoras –muchas de ellas agrupadas en la Plataforma Unitaria–, actuó como un agente del gobierno de los Estados Unidos, en desmedro de los intereses nacionales.
La vicepresidenta venezolana pone el acento en un asunto que estimamos esencial: este plan para arrebatarle a Venezuela sus riquezas en el extranjero inició hace varios años y ha ido escalando en intensidad, según las necesidades particulares del gobierno estadounidense y con independencia de quién haya sido el ocupante de la Casa Blanca.
Solo así se entiende por qué la OFAC hizo circular una comunicación fechada a inicios de abril en la que anuncia que autorizará a supuestos acreedores de la República Bolivariana de Venezuela a cobrar sus deudas con cargo a los activos de Citgo, alegando que solo están cumpliendo una orden judicial, que como luego veremos, se basa en el manejo irregular de la refinadora que hicieran agentes del pretendido gobierno interino de Juan Guaidó.
Detrás de esta trama de despojos está el interés económico de trasnacionales como la minera canadiense Crystallex o ConocoPhillips, que coordinadamente han introducido demandas en cortes estadounidenses para cobrar presuntas acreencias al Estado venezolano.
“Es uno de los robos más colosales de la historia, desde el Renacimiento para acá. Se han robado el activo más importante de Venezuela en el extranjero a partir de tres páginas de una supuesta decisión judicial. Esto no tiene nombre”, dijo Pérez Pirela.
El falso procurador: hombre clave
La pieza esencial en esta estrategia es el abogado José Ignacio Hernández, otrora asesor jurídico de Crystallex que fue designado como pseudoprocurador de la República durante el pretendido gobierno interino de Juan Guaidó. “Zamuro cuidando carne”, comentó el moderador.
En denuncias que se remontan a 2020, el Gobierno Bolivariano demostró la implicación de este personaje en la estrategia adelantada por trasnacionales en contubernio con Washington para apoderarse de los activos de Venezuela en el extranjero mediante la aplicación extraterritorial de la justicia.
El «procurador» del así llamado interinato está solicitado por la justicia venezolana por los cargos de usurpación de funciones, estafa, extorsión, cooperación inmediata en peculado impropio y falsa atestación, y defraudación.
El relato de Delcy Rodríguez es preciso y permite concluir sin atisbo de duda cuán programada fue la operación de despojo de activos que se perpetra contra la República Bolivariana de Venezuela, que en este momento tiene como epicentro Citgo.
Conviene destacar que la designación de Hernández en febrero de 2019, implicó en la práctica que el Estado venezolano no pudiera defenderse de las acusaciones que se le imputaban, con lo que se ocasionó un daño irreparable a la República.
Así las cosas, el pretendido gobierno interino de Juan Guaidó figura como un eslabón necesario para cumplir con esta meta, denuncia que no solo ha sido formulada por voceros del gobierno venezolano sino por personas completamente ajenas a él, que incluso lo adversan.
Es el caso del economista y académico Francisco Rodríguez, quien ha hecho un seguimiento detallado del devenir de los activos venezolanos en el extranjero desde que Estados Unidos tomó posesión de ellos, empleando para tal fin a pseudofuncionarios designados por Guaidó.
Apenas se hizo pública la carta del Departamento del Tesoro donde se anunciaba la próxima implementación de una política de sanciones sobre Citgo favorable a los acreedores, el especialista concedió una entrevista telefónica a un medio venezolano donde analizó en detalle el caso y responsabilizó directamente a Juan Guaidó y a su equipo por abrir las puertas para el remate de la compañía.
Presentó la nota de LaIguana.TV al respecto, titulada “El gobierno ‘interino’ es culpable de la situación de Citgo: Economista Francisco Rodríguez”.
En el cuerpo de la noticia se indica que el economista Francisco Rodríguez analizó las implicaciones de las acciones del interinato y de los exdiputados a la Asamblea Nacional electa en 2015, en el contexto de la última extensión de la licencia de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros, que prohíbe el remate de la compañía hasta el próximo mes de junio.
Sostuvo que «el gobierno interino habría usado los activos de Pdvsa para sus propios fines y, por lo tanto, no respetó su autonomía», a lo que agregó que «es interesante que este dictamen del juez precisa que la violación se dio durante el período del gobierno interino; no se dio durante Maduro, fue muy claro en eso, fue en 2021 y 2022.
Por tanto, el que violó la autonomía de Pdvsa fue el gobierno interino y eso es lo que permite que a esta compañía la embarguen. Lo que revela un mal manejo, altamente cuestionable por parte del gobierno interino y por parte de la junta de Pdvsa ‘ad hoc’, que sigue siendo la misma que nombró el gobierno interino».
De acuerdo con su explicación, las leyes estadounidenses no permiten embargar los activos de una compañía para cobrar las deudas que haya adquirido su dueño, «porque son dos entidades legalmente distintas y separadas».
Sin embargo, ello fue posible porque se acumularon deudas por nacionalizaciones y se dictaron laudos contra la República en los que se estableció la equivalencia jurídica entre Citgo y Pdvsa.
En comentario sobre la sentencia del juez Leonard Stark de la Corte de Delaware, que permite el cobro de deudas de Pdvsa a cuenta de la refinadora, Rodríguez refirió que en el texto se señala directamente a miembros del interinato, entre ellos al pseudoprocurador general, José Ignacio Hernández, «cuyos sus actos violaron la autonomía de Pdvsa y abrieron las puertas a lo que está pasando».
«Personalmente, pienso que hay daños severos a la República porque la sentencia de marzo indicó que fueron 2.500 millones de dólares en acreedores. Ahora se han sumado otros casos adicionales y el juez ha permitido que otros acreedores se sumen, por lo que tenemos un total de 9.100 millones de dólares en acreedores y a muchos se les han abierto las puertas para embargar Citgo por el cuestionable manejo de la empresa por parte del gobierno interino», recalcó.
A esto sumamos la trama fraudulenta descrita por la vicepresidenta Delcy Rodríguez en su comparecencia ante la prensa. En su intervención resaltó el papel de la extinta Asamblea Nacional de 2015 y de Hernández en el esquema de apropiación de activos adelantado por la Casa Blanca desde al menos 2017 y precisó quiénes son los supuestos acreedores de Pdvsa que han sido reconocidos en la Corte de Delaware.
Como resulta evidente, hay sobradas pruebas de los manejos dolosos de Citgo por parte del pseudogobierno de Juan Guaidó y sus aliados agrupados en la Plataforma Unitaria, y no lo dice solo una fuente del Ejecutivo venezolano, sino el sistema judicial de los Estados Unidos, cuyo gobierno instigó y permitió los ilícitos para luego usarlos en su favor.
Los bonos Pdvsa 2020
El desguace de Citgo Petroleum tiene más ramificaciones. La más importante a los efectos que nos ocupan son los bonos de Pdvsa 2020, cuyo impago se utilizó como pretexto para posicionar a los tenedores como los principales acreedores contemplados en la Licencia Nº42 en lugar de las grandes trasnacionales, aunque son estas últimas las que recibirían el trozo más grande del pastel.
Para comprender mejor este asunto, hay que tener en cuenta que en 2016, el Estado venezolano emitió bonos para canje de deuda en los que se empleó como garantía el 51 % de las acciones de Citgo.
Aunque poco se habla de ello, la razón por la que Venezuela apeló a este recurso no exento de riesgos, es que para entonces ya tenía bloqueado el acceso a créditos internacionales, por causa de la evaluación que le otorgaron las calificadoras de riesgo a partir de 2013, considerada por especialistas como el expresidente ecuatoriano Rafael Correa como la primera acción concreta de guerra económica contra el país.
En todo caso, Caracas honró sus compromisos con los tenedores hasta 2019, cuando tras la autoproclamación de Guaidó, Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea le impidieron al gobierno del presidente Nicolás Maduro acceder a las cuentas de la República en el extranjero.
A sabiendas de esta situación, el pretendido gobierno paralelo no hizo nada para proteger el que otrora fuera el principal activo del país en el extranjero e intentó que una corte del estado de Nueva York declarara nula la deuda.
«Hay que recordar que existe una demanda que avanza pese a que el gobierno interino terminó en diciembre. Se sigue tramitando a través de abogados por presunta ilegalidad de este bono en las cortes de Nueva York. Allí se hicieron argumentos en la Corte de Primera Instancia, y la República de Venezuela perdió el argumento cuando la juez dictaminó a favor de los acreedores», detalló al respecto el precitado Francisco Rodríguez.
Sus palabras, a no dudarlo, lucen proféticas: de estas aparentes «torpezas» cometidas por agentes del interinato se valió Washington para apoderarse impunemente de una empresa valorada en más de 8.000 millones de dólares y con números en verde, lo que significa que es rentable.
Las consecuencias del despojo
Lamentablemente, desde 2019, Venezuela no ha podido acceder a los cuantiosos dividendos que genera la refinadora, imprescindibles para satisfacer muchas de las urgencias de la población, irrebatiblemente afectada por las 930 sanciones implementadas desde 2013 hasta la fecha, como consta en la más reciente actualización del Observatorio de Medidas Coercitivas Unilaterales divulgada este martes.
En ese orden se pronunció este martes el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien recordó que los recursos procedentes de Citgo se usaban para cubrir tratamientos médicos de alto costo y ahora podrían emplearse para cancelar salarios.
El parlamentario apuntó directamente hacia la exdiputada Dinorah Figuera, que pretende usurpar funciones como jefa del Legislativo con la venia estadounidense y a la que el gobierno de ese país otorgó amplios poderes para disponer de los recursos de la República sin tener que rendir cuentas a nadie más que a la OFAC.
“A esta señora no la conocen ni en su casa. No es una política ni siquiera de segunda o tercera, pero Estados Unidos le otorga la facultad de manejar Citgo”, comentó Pérez Pirela.
Jorge Rodríguez también criticó a personeros de la oposición, como el precandidato presidencial y copartidario de Figuera, Henrique Capriles Radonski, que intentan explotar la crisis económica pero callan ante el esquema de expolio de la Plataforma Unitaria, del que al menos son cómplices por omisión.
Las denuncias relativas al expolio de Citgo no se han limitado a las esferas internas. Este 2 de mayo, Venezuela introdujo un reclamo formal en el seno de las Naciones Unidas por la confiscación de su activo, acto que calificó como «la máxima expresión de corrupción».
LaIguana.TV presentó este tema con el título: “Venezuela denuncia ante la ONU: Confiscación de Citgo es ‘la máxima expresión de corrupción’».
En el cuerpo de la nota se señala que Venezuela denunció nuevamente este martes ante el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las sanciones impuestas unilaterales e ilegales impuestas por los Estados Unidos y de manera particular, la confiscación de Citgo.
En una reunión del Consejo en el que se debatía el objetivo 16 del organismo multilateral, que estipula la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas, el representante permanente alterno de Venezuela ante la ONU, Joaquín Pérez Ayestarán, reafirmó el «compromiso nacional» de Caracas con «la transparencia».
En la cuenta oficial en Twitter de la misión permanente de Venezuela ante la ONU, Pérez Ayestarán indicó que «las medidas coercitivas unilaterales y la pretensión de confiscar activos nacionales, como la empresa Citgo, constituyen la máxima expresión de la corrupción, y representan acciones criminales y un doble rasero en el combate contra este flagelo».
Aunque claramente es necesario formular a viva voz estos señalamientos, la ineficacia de la ONU para frenar estas acciones –que son ilegales según los términos de su propia Carta fundacional–, nos hace pensar que la organización no emprenderá ninguna medida eficaz para proteger a Venezuela en tanto Estado agredido y tampoco para sancionar a los Estados agresores.
“Se están robando a pedazos Citgo porque, desde el principio, uno los principales objetivos del supuesto gobierno interino fue ponerle en bandeja de plata al capital internacional esa empresa, el principal activo de Venezuela en el exterior”, concluyó Pérez Pirela.
(LaIguana.TV)
