Siguiendo el hilo de las nuevas rutas de drogas ilícitas y las epidemias por el abuso de su consumo en toda América, esta semana en una nueva lectura Entre Líneas revisamos el nuevo plan contra las drogas presentado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, una política que debe ser de interés para diversos países del mundo, pero sobre todo para Venezuela y la frontera de 2.200 kilómetros que comparte con Colombia, donde – según la ONU- se encuentra la mayor cantidad de narco cultivos del mundo.
El presidente colombiano abordó el tema de las drogas durante su reunión con el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, a propósito de la Asamblea General de la ONU. Petro planteó que la hoja de coca y la de cannabis deben salir del prohibicionismo para aprovechar su uso legal en beneficio de las comunidades en países productores.
Petro asegura que ese prohibicionismo está facultado por una serie de resoluciones de una comisión específica de Naciones Unidas, una entidad que ya ha quedado claro que cada vez tiene menos razones para seguir existiendo y tener el peso que se le otorga.
El presidente de Colombia también reitera un llamado a la reflexión fuera de Colombia asegurando que “antes pensábamos que (el narcotráfico) era un problema de Colombia, nosotros encerrados, inundados con nuestra propia sangre, solos. Pero hoy no es así, la ‘lucha contra las drogas’ ha convertido a todas las sociedades latinoamericanas en víctima de sus consecuencias”.
“Aprovechemos que no somos los primeros”
La excusa de Petro para hablar con Guterres fue la crisis por el consumo y epidemia de muertes por sobredosis de fentanilo, una droga que junto a otras químicas y de producción industrial que masifican y aceleran la adicción al fentanilo sacan a Colombia del mercado de las drogas de una manera sustancial lo cual debe verse como una oportunidad en medio de la tragedia. Una oportunidad de quitar la gasolina violenta a la base de la sociedad colombiana. Petro se refiere a que EEUU y México se llevarán casi todo de los procesos industriales y Colombia no tendrá una posición privilegiada en esos procesos criminales.
Durante este 2023 Gustavo Petro ha hecho público su análisis sobre el hecho de que en la actualidad está cambiando la geografía, estructura y rutas del mercado de la cocaína y cómo lo único que se mantiene es el fracaso de una guerra antidrogas que empeora el panorama.
Petro detalla que las áreas de cultivo de plantas de coca y la localización de laboratorios buscaban trazar rutas hacia el norte por el océano pacífico o hacia el Caribe. Las rutas recorrían Centroamérica, las islas del Caribe y México hacia EEUU, pero “ahora van hacia el sur”.
Los narcotraficantes estarían dejando las costas y abarcando otros puntos de la cordillera de los Andes hacia la selva amazónica. En cuanto a Colombia según Petro “hoy la mayor zona cocalera no se ubica en Tumaco en el pacífico nariñense, ni en el Catatumbo. La nueva zona de mayor producción de cocaína del mundo se ubica en una franja de 10 kilómetros a lo largo de la frontera colombo-ecuatoriana, del lado neogranadino”.
Petro asegura que, apartada del mar, se delinean las nuevas rutas por los ríos y van a Brasil para rebasar el mercado, pasan África y de allí a Europa, también hacia Ecuador y Perú para pasar al Asia oriental, Japón y Australia. ¿y cuál es la razón?: el mercado de la cocaína se desplomó en EEUU, reemplazado por uno peor: el del fentanilo que ya mata 100.000 personas al año.
El resultado de ello, hablando del negocio y no de la crisis de salud, es que se desploma el precio de la hoja de la coca en las regiones dedicadas a la exportación hacia Norteamérica, mientras que los grupos armados “asentados allí reemplazan la pérdida de ganancias de la cocaína por oro ilícito, extorsión y secuestro contra la población de esos territorios”, pero también se suma otro resultado: las rutas de la marihuana que lamentablemente, según Petro, está ilegalizada por el Congreso colombiano, y la cocaína, ahora se bañan de sangre en el Sur.
Petro no ha dudado en vincular este cambio de rutas y dinámicas con el incremento de violencia en ecuador, e incluso apuntarle como parte fundamental del asesinato del candidato presidencial, Fernando Villavicencio.
Petro también ha sabido engavetar cada droga cuya masificación del consumo ha sabido atender las necesidades de una sociedad asfixiada en la crisis de la época: la marihuana para el capitalismo, el bienestar y sus juventudes rebeldes; la cocaína, la droga de la competitividad y el neoliberalismo; y ahora, entramos a la droga de la muerte, el fentanilo: la droga del capitalismo de la crisis climática y la guerra”.
La propuesta para Colombia
El plan de Petro que aspira se ejecute entre 2023 y 2033 no legalizará la coca y tendrá una inversión de 21 billones de dólares. Tiene un total de ocho enfoques: entre ellos los Derechos Humanos, la salud pública y la construcción de paz.
La política de drogas del gobierno de Petro plantea oxigenar a los campesinos cultivadores de plantas de uso ilícito como la coca, amapola o cannabis. Para ellos se plantea un tránsito a economías lícitas en zonas rurales y de manejo especial. Además, esta estrategia contempla cuidado ambiental de territorios afectados por la economía de las drogas ilícitas; atención a la población vulnerable frente a mercados urbanos de drogas; y el consumo de sustancias psicoactivas desde el cuidado integral, la salud pública y los derechos humanos. También habrá programas de consumo controlado para usuarios de drogas.
En paralelo se buscará afectar a los actores estratégicos y de alto valor del sistema del narcotráfico. Golpear infraestructuras de producción, frenar la comercialización de insumos y precursores químicos, afectar las finanzas ilegales de los narcotraficantes, fortalecer las interdicciones y, como novedad, hacer un uso estratégico y eficiente de la erradicación.
La política surge por la ineficiencia de las anteriores. En los últimos 20 años el gasto de Colombia en su lucha contra las drogas sería de aproximadamente $76 billones de pesos y no se logró el principal objetivo que era reducir la oferta y la demanda de drogas ilícitas. En cuanto a la demanda de sustancias psicoactivas, también se observa en el país un incremento del 5,1% al 8,7% en el consumo de cualquier sustancia ilícita, para rematar, Petro no escatima en señalar, y en una declaración que dio en la conmemoración de los 72 años del comando general de las fuerzas militares, aseguró que su administración puede medir el impacto de los operativos contra la cúpula del narcotráfico en el país a partir del precio de la cocaína.
En Colombia se sabe que históricamente la raíz de la violencia es la tenencia de la tierra. En este apartado, el gobierno de Petro proyecta un modelo de tránsito a economías lícitas de los campesinos. Empezará con el cumplimiento en programas de sustitución, transitará por el ordenamiento y la planificación territorial y finalizará con una propuesta de bienes y servicios públicos, la cual está dividida en las siguientes aristas: acceso a tierras, integración de mercados, estímulo a la asociatividad, comercialización agroalimentaria y la entrega de créditos y subsidios.
Según reseña el plan, la erradicación forzosa solo aplicará en los cultivos que no se encuentren dentro de la categoría de “pequeño cultivador”, que sean sembrados después de la publicación de esta política y que tengan infraestructura para la producción de base y clorhidrato de cocaína.
La política está diseñada para los próximos diez años, pero se propone reducir en cerca del 40% la producción de cocaína en los tres años que le quedan a este gobierno, detalló el ministro, así como apoyar a 50.000 de las aproximadamente 115.000 familias que viven del cultivo de coca para que transiten a economías legales.
Aunque los medios de comunicación contrarios al gobierno de Gustavo Petro en Colombia se burlaron o minimizaron su propuesta anti drogas y su discurso, así como satirizan o satanizan a cualquiera que dé rostro a una iniciativa que redistribuya la tierra o que dignifique al campesinado, o que dignifique incluso a los consumidores de drogas, Petro no dudó en asegurar que Colombia “tenía que proteger a los consumidores. Tiene que construir unos entornos alrededor de los consumidores que no consiste en nada más especial, tecnológicamente hablando, que el amor”.
Su tesis la sostiene desde que fue alcalde en Bogotá. Resume que las adicciones crecen porque hay falta de afecto en la sociedad. Las sociedades con más soledad van quedando sin amor, se van rompiendo y se convierten en las más consumidoras, por eso reitera que “recortar la oferta por decreto y usar el Estado para acabar esa demanda es una contradicción”.
Según Petro, la experiencia histórica demuestra que, como en el caso del socialismo soviético, el Estado no puede acabar con el mercado por lo que “esta guerra (contra el narcotráfico) pensada como está ha fracasado. Si la continuamos no vamos sino a sumar otro millón de muertos en América Latina, vamos a tener más estados fallidos y, quizás, la muerte de la democracia en nuestro continente”.
Colombia ha alcanzado la mayor extensión de cultivos de hoja de coca, la materia prima para la cocaína, desde que se llevan registros. El terreno total se disparó de 143.000 a 204.000 hectáreas al cierre de 2021, de acuerdo con el último informe anual del sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos de Naciones Unidas (SIMCI) que está por presentar el informe de 2022.
Aunque estas cifras pertenecen a Colombia, Petro instó a la comunidad internacional a reevaluar sus estrategias, pero como golondrina no hace verano, de momento Petro busca con su plan 2013-2023 hacer lo propio en el territorio que es su responsabilidad: Colombia.
Como era de esperarse medios de comunicación colombianos como El Tiempo, Semana y El Espectador, hicieron su parte al satirizar o calificar de insuficiente la política de drogas, pero curiosamente esta propuesta se caracteriza por ser menos agresiva en términos de discurso y más osada en términos de ejecución, a diferencia de las anteriores con gobiernos uribistas, que eran muy agresivos en el verbo, pero en la acción no fueron más que mecanismos de adecuación para que los sectores más conservadores y alineados a los réditos económicos y políticos del narcotráfico maximizaran sus ganancias a costa de la miseria del colombiano y con el bajo costo de una protesta o gran paro nacional cada dos o tres años.
(LaIguana.TV)
