El Gobierno de Javier Milei respalda incrementos de tres cifras en las tarifas de energía eléctrica, al tiempo que avanza en una eliminación generalizada de subsidios. Dos expertos consultados por Sputnik coinciden en que las facturas de electricidad serán difíciles de pagar para las familias y el fenómeno «detendrá el aparato productivo».
A la creciente inflación que afecta a los alimentos, los argentinos deberán sumar a partir de febrero incrementos de precio cercanos al 100% en las tarifas de energía eléctrica, dispuestos por las empresas en el marco del plan de Milei para actualizar el precio de las tarifas y quitar los subsidios a amplios sectores de la sociedad.
El viernes 26 de enero, el Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) convocó a una primera audiencia pública, en la que las empresas Edesur y Edenor —que prestan servicio en la zona metropolitana de Buenos Aires— defendieron la necesidad de establecer una «adecuación tarifaria» de 89% en promedio y de 140% para los mayores consumidores. En una segunda audiencia pública realizada este lunes 29, empresas distribuidoras de energía también reclamaron una adecuación de más del 250%.
Los aumentos anunciados ya auguran nuevos problemas para las familias argentinas, que en muchos casos verán duplicarse o triplicarse su presupuesto en el ámbito de la electricidad.
«Estamos frente a una tragedia energética producto de la impericia y la avaricia de un Gobierno insensible. Hay boletas que pasan de 19.000 pesos [23 dólares a cotización oficial] a entre 95.000 [115 dólares] y 115.000 pesos [139 dólares]», dijo a Sputnik el experto en energía Moisés Solorza.
Para el analista, detrás de estos aumentos «hay un abuso» en las ganancias que obtienen las empresas, pero también «una decisión política del Gobierno de Milei» para «ahogar financieramente a la clase media argentina con impactos en las tarifas», una estrategia con la que busca facilitar su plan de dolarización.
«No sé cuántas familias van a poder pagar estos aumentos, porque piden 200%, 400% y hasta 700% [si se suman la quita de subsidios] y los salarios no se han movido», añadió.
También consultado por Sputnik, el economista argentino Guillermo Oglietti consideró que los incrementos solicitados por las compañías de electricidad «no son razonables para la sociedad», aunque «tienen la racionalidad empresarial de un monopolio natural».
En ese sentido, explicó que las empresas energéticas, por su naturaleza, funcionan como monopolios y por eso deben ser reguladas, dado que de lo contrario «pueden cobrar lo que deseen».
«Es un fallo de mercado, ya que el mercado no puede lograr un precio razonable. Pero Milei y su ideología absurda no creen en los fallos de mercado, así que las empresas tienen todo el margen que deseen para subir precios a costa de la sociedad», advirtió el economista.
Para Solorza, uno de los aspectos clave es que el mandatario no pone sobre la mesa «cuál es la estructura de costos para poder determinar qué precio es razonable, qué precio es caro o barato».
En ese sentido, rechazó que se propongan subas de precio y quitas de subsidios «sin saber cuánto cuesta el agua que pasa a través de las represas para generar la energía que se transporta y llega a los centros urbanos».
El experto consideró que Argentina deberá contar con un «análisis de su estructura de costos» de energía, de forma de poder determinar cuál es el precio justo que deben pagar las diferentes provincias por los diferentes tipos de energía.
En efecto, para el analista, los habitantes de provincias que poseen gas natural —como las de la Patagonia— deberían afrontar costos menores de calefacción. De la misma manera, el costo de la electricidad debería ser menor para provincias cercanas a la represa hidroeléctrica de Yacyretá, en el noreste del país.
«No hay un análisis de la estructura energética nacional para distribuir de manera equitativa, justa y a precios razonables la energía que se produce», insistió.
Para Solorza, la falta de una estructura de costos energéticos redunda en «asimetrías y grandes diferencias» entre lo que pagan los diferentes territorios por sus fuentes de energía e incluso por lo que pagan los hogares con lo que lo hacen las grandes empresas. Por eso, el analista consideró que existe un doble rasero al hablar de subsidios que reciben las familias y los de grandes empresas.
«Parece que el mismo PBI [Producto Interno Bruto] se llama peyorativamente subsidio cuando va a un sector trabajador, pero se llama incentivo o estímulo cuando va a las grandes corporaciones», apuntó.
En efecto, las tarifas de electricidad, al igual que las del gas, el agua y otros servicios básicos, están sujetas a subsidios estatales que apuntan a abaratar los costos para las familias. Según el Gobierno, los subsidios a las tarifas llegan a representar el 2% del PBI total de Argentina.
«El Gobierno va a quitar subsidios, que se otorgan sobre los costos, y dejará de controlar costos, liberalizando el mercado, porque eso es la ideología de anarquía capitalista que inspira a Milei. Así, los precios aumentarán por el efecto de la quita y por los aumentos de precios de monopolio. El Gobierno aspira a no controlar ninguno de estos elementos, así que habrá más aumentos que durante la era de Mauricio Macri (2015-2019)», auguró Oglietti.
Para el economista, la combinación de aumentos y quita de subsidios afectará no solo a los hogares, sino también al sector productivo argentino. Los aumentos que están empezando a llegar y que continuarán, de luz y combustibles, detendrán el aparato productivo, sostuvo, agregando que, bajo este panorama, «las empresas cerrarán y habrá despidos y reducirán ganancias, al menos mientras dure este experimento».
Algunas empresas no cerrarán, pero en este contexto «se transformarán en importadoras».
Además, las subas impactarán en la inflación y en la capacidad de gastos de las familias, lo que a su vez también repercutirá negativamente en las ventas de las empresas privadas. Este fenómeno recién podría matizarse con los dólares que ingresen gracias al sector exportador, aunque con menos intensidad por el aumento de importaciones, el tipo de cambio y el aumento de retenciones.
(Sputnik)
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