¿Estado fallido? Esta es la situación en la que se encuentra Colombia a nivel internacional

Lo bautizaron con el mote de «Estado fallido», en el «State Failure Task Force Report», publicado en 1995 por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés). Ahí, buscaban mapear las potenciales «amenazas» a la seguridad internacional y, por ende, a su propia seguridad nacional, en forma de Estados con pocas garantías de seguridad y necesidades básicas a sus poblaciones.

Se trataban de aquellos países susceptibles de ser desestabilizados con el fin de debilitar los Estados-nación en aquellas zonas de donde extraen los poderes corporativos las materias primas, los mercados masivos y la mano de obra más barata a nivel global. Allí donde el neoliberalismo ha arrasado y las élites globales han encallado colonialmente.

Desde entonces, entre los principales indicadores que maneja la CIA (y el aparato corporativo-militar gringo, en consecuencia) para medir la posible inestabilidad o niveles de falla de un Estado, se encuentran los índices de violencia política y temas asociados con la seguridad interna de cada país.

Y precisamente, a raíz de ellos, resulta claro cómo Colombia, declarado enemigo de Venezuela (más ahora, con Iván Duque como sucesor del uribismo), puede considerarse como uno de esos Estados incapaces de dar garantías mínimas a su población: económica, social y políticamente hablando. Todo acorde al plan estadounidense.

Alianza colombiana con la DEA

En el informe presentado por la Administración para el Control de las Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en marzo del presente año, se hablaba de un incremento en los niveles de producción y tráfico de cocaína en Colombia, un país en el que tienen fuerte presencia, decisora de planes y contextos, desde la década de 1980. Además, en el propio portal de su delegación en la nación suramericana, alega que «siempre ha mantenido una excelente relación de trabajo con la Policía y Fiscalía de Colombia».

Poco después, la especialista en Recolección de Inteligencia de la DEA Leah Bloomenstein advertía que habría un aumento de la producción de cocaína «al menos» hasta 2018, según tendencias que venía observando el organismo.

Igualmente, entre 2013 y 2017, se había registrado un 134% de aumento, según cifras de la misma DEA, que informó además que 94% de lo incautado en territorio estadounidense provenía del narcotráfico colombiano, mientras que en 2016 la cifra era de 90%.

Desplazados, refugiados y «personas de interés»: liderazgo a nivel mundial

Según el más reciente informe presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en junio del presente año, Colombia se mantiene a la cabeza entre las naciones con mayor número de desplazados internos a partir de los registros que dejó el año 2017: un total de 7.7 millones de personas, 1.5 más que Siria (6.2 millones), que tuvo una reducción mínima con respecto a 2016, cuando registraron 6.3 millones.

Mientras, en el caso colombiano, la cifra significó un incremento de 250 mil personas con respecto al inicio de 2017. En el mismo registro, por detrás de Siria, les siguen el Congo, Irak, Somalia, Yemen, Sudán, Sudán del Sur, Afganistán y Ucrania.

La Acnur sitúa a Colombia, además, como el segundo país con mayor número de personas en lo que llaman «población de interés»: la suma de refugiados o afines, desplazados internos, solicitantes de asilo y otras poblaciones de interés, merecedoras de especial atención por parte del organismo, motivado por razones humanitarias. En total, hablan de 7 millones 901 mil 909 personas, en un país cuya población ronda los 50 millones de habitantes. Igual a un 16%.

Eso incluye a más de 76 mil personas en situación de refugiados, otros 144 mil en «situación similar a refugiados» y más de 32 mil solicitudes de asilo pendientes.

El otro país que supera los 7 millones es Siria, que al sumar los refugiados y afines llega a 13 millones de personas de interés, mientras que si extendemos la comparación a Venezuela la diferencia es bastante reveladora: para la ONU, solo 502 mil 834 venezolanos entran en su categoría global de «población de interés», aunque de ese total apenas 9 mil 273 son considerados refugiados.

Violencia política y paramilitarismo: la masacre de luchadores sociales

Solo en los 8 meses y fracción que van de 2018, más de 150 líderes sociales han sido asesinados en Colombia. Un informe conjunto entre el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria situaba a comienzos de julio la cifra en 123 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en 2018.

Para ese momento, la situación había llegado a un punto en el cual la propia ONU instaba al Estado colombiano «a reforzar las medidas de prevención, protección e investigación para garantizar el derecho a la vida y la integridad de las y los colombianos en todos los rincones del país».

En un comunicado publicado a través de su portal web, ONU Colombia añadía que «el recrudecimiento de la violencia afecta las condiciones para una verdadera paz estable y duradera. Los habitantes de las regiones más afectadas por el conflicto armado son quienes están vulnerables a las múltiples violaciones a sus derechos colectivos e individuales».

Desde entonces, en poco más de 2 meses, el número ha aumentado en más de 30 víctimas, mientras las autoridades continúan sin atender el llamado que hiciera el organismo multilateral ni las múltiples organizaciones sociales que hacen vida en suelo colombiano y que ven con preocupación la creciente ola de muerte que atenta contra las luchas de las poblaciones más vulnerables.

Abandono, pobreza y miseria desatendidas

«No tienen cobertura médica, ni pensiones, ni servicios básicos. Entonces las dificultades se reproducen porque el impacto redistributivo del sistema de impuestos y de la seguridad social no le llega a los más pobres».

Con esa sentencia, la directora de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Gabriela Ramos, define la delicada situación colombiana en cuanto a pobreza se refiere. En su informe «¿Un ascensor roto? Cómo promover la movilidad social», presentado en junio, la OCDE señala que en Colombia toma unas 11 generaciones para que una familia salga de la pobreza. Lo que se traduce en más de 300 años.

Igualmente, consultada por la BBC, Ramos señaló que a la pobreza en sí y la ausencia de beneficios para salir de ella en lo económico, se suman los resultados negativos en cuanto a la educación. «[En Colombia] Apenas hay un 11% de estudiantes resilientes, que son aquellos que obtienen calificaciones más altas de lo que podría predecir su estatus socioeconómico». Esto limita las posibilidades de revertir la situación, según entiende la OCDE.

Para 2016, las cifras del informe presentado en la 62 sesión del Comité del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de la ONU daban cuenta de unos 22 millones de pobres, alrededor del 44% de la población colombiana.

Ya en 2017, el deterioro de las garantías sociales era mal visto desde la ONU, pues el mismo PIDESC hace notar que la profundización de la desigualdad era clara. Como ejemplos, se cita la situación con respecto a la tenencia de la tierra, pues un 40,1% del área que se censó pertenecía a un 0,4% de las unidades productivas. También, alertaban sobre uno de los mayores índices de desempleo de la región (8.9%), además de la impunidad asociada a casos de desaparición forzada, desplazamiento forzado, tortura y secuestro, con un promedio de 95%.

Por si fuera poco, la pobreza en el sector rural rondaría el 45%, y lo más grave según el organismo adscrito a la ONU, es que el Estado colombiano había hecho caso omiso a recomendaciones emanadas por el PIDESC para resolver esas situaciones.

Parte del origen de la desigualdad actual en Colombia tiene que ver con quienes controlan el aparato estatal, dominado principalmente desde los tiempos de la Independencia por las dos oligarquías más poderosas de su país: la que tiene como centro de operaciones Bogotá y la que tiene como principal cuartel Medellín. Una tiene emporios comerciales, financieros y mediáticos, y el otro cuenta sobre todo con los negocios de la paraeconomía y el narcotráfico, aunque ambas se retroalimentan mutuamente.

Estado pirata: garantía energética amparada en el saqueo

En 2006 el ex presidente Álvaro Uribe Vélez diera carácter legal al robo de combustible procedente de Venezuela, bajo la figura de una «regularización» de su venta en las zonas fronterizas. Principalmente en Cúcuta, donde solo una cooperativa como la Multiactiva de Pimpineros del Norte (COOMULPINORT) puede ingresar alrededor de 15 millones de litros de gasolina que sale de forma ilegal de Venezuela.

Pero el contrabando de extracción asociado al combustible de Venezuela hacia territorio colombiano no es un fenómeno nuevo: ya en 1999, el 70% de los vehículos en la zona fronteriza de Cúcuta se movían con gasolina venezolana, según las propias autoridades colombianas.

Antes de las recientes medidas económicas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro con respecto a la regulación y precios del combustible, la relación de precios entre el litro en Colombia y su vecino era de unas 700 a 1. Es decir, un gran negocio tanto para los traficantes medianos como para los grandes distribuidores autorizados por el uribismo que, vendiendo por debajo de los precios colombianos, podían igualmente aspirar a ganancias más sustanciosas con una mínima inversión (en definitiva, el riesgo en el tráfico lo corren los que pasan diariamente con galones de gasolina por la frontera). Mientras, la principal afectada es la economía venezolana.

A pesar de los argumentos que dan cuenta de cómo Colombia encaja en la definición de Estado fallido (uno con el que han venido atacando reiteradamente a Venezuela), su alianza con Estados Unidos, y más recientemente con la propia OTAN, le salvan de esa categoría pre-intervencionista a la cual Venezuela es condenada.

De hecho, a Colombia se le suele presentar como ejemplo no solo de desarrollo en la región, sino de garantías democráticas. Asesinatos, saqueo, pobreza, guerra y narcotráfico a mansalva mediante. Lo que demuestra que hay un interés por posicionar a nivel mundial un relato de «Estado fallido» sobre Venezuela, con propósitos intervencionistas.