José Ignacio Hernández, el seudoprocurador designado por Juan Guaidó para “defender” los intereses de Venezuela», utilizó el mismo bufete y experto financiero que ya venían trabajando con la Procuraduría General de la República en el caso de la rectificación demanda de ConocoPhillips ante el CIADI.

 

La información fue revelada al sitio de investigación La Tabla por una fuente calificada con carácter de exclusividad (y a condición de resguardar su identidad) con acceso a detalles del proceso de arbitraje adelantado en la instancia del Banco Mundial de resolución de conflictos entre los estados y lo inversionistas.

 

Ciertamente el escritorio legal que llevaba el caso original en el arbitraje, Curtis Malett-Prevost, fue presionado por el departamento de Estado de EEUU para que reconociera a Guaidó.

 

Ante esa situación y para evitar mayores perjuicios a la República no hubo oposición de la representación legítima de Venezuela a la actuación de Hernández.

 

En consecuencia su pretendida representación la hizo con el trabajo, los recursos y los abogados y experto financiero empleados por la PGR para hacer la rectificación del laudo.

 

Por tanto Hernández presentó un escrito similar y con iguales argumentos, al que consignó la legítima Procuraduría venezolana para cubrir la formalidad.

 

Por tanto es falso que haya sido él, quien logró que el Banco Mundial redujera la deuda con ConocoPhillips de 8.700 millones de dólares a 8.500 millones de dólares.

 

Conoco Phillips, la tercera mayor petrolera estadounidense, demandó al estado venezolano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), por presuntas violaciones al tratado bilateral de Inversiones firmado entre Venezuela y Holanda.

 

En ese proceso se buscaba determinar el monto de las indemnizaciones que el estado venezolano debe cancelar a Conoco Phillips por la expropiación de activos (Petropiar y Petrozuata) en la faja petrolífera del Orinoco.

 

La expropiación de los activos de Conoco Phillips fue decretada por el presidente Hugo Chávez en 2007, con ocasión de la creación de la nueva Ley de Hidrocarburos, que obligaba a las compañías extranjeras en el país a migrar a un sistema de empresas mixtas, en las cuales podrían seguir en el país, pero tuteladas con la mayoría accionaria de PDVSA.

 

Es de destacar que la pretensión de Hernández de representación del país incluyó la petición de que dejaran fuera a los abogados del Estado, poniendo incluso en riesgo la rectificación del fallo porque al plantear el problema de representación dejaba a Venezuela sin posibilidad de presentar la solicitud.

 

Cabe mencionar que la propia empresa ConocoPhillips había anticipado que Venezuela tenia razón, y que la rectificación tenía fundamento.

 

(LaTabla) 

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