El fiscal Jorge Di Lello imputó hoy penalmente al expresidente Mauricio Macri en una causa que investiga el espionaje ilegal realizado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en contra de 86 políticos, funcionarios, escritores periodistas y líderes sociales tanto oficialistas como opositores.

La denuncia dada a conocer este viernes mantiene en reserva los nombres de dos agentes de inteligencia, pero desglosa la lista de imputados que encabezan Macri, el exdirector de la AFI, Gustavo Arribas, la exdirectora Silvia Majdalani y el ex jefe de Gabinete del organismo, Dario Alberto Biorci.

«La presente causa se inicia con la denuncia que realizara la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (ex Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación) la Dra. Cristina Caamaño Iglesias Paiz, luego del hallazgo de un disco rígido en el marco de las tareas de relevamiento de información que obra en dicha Agencia», señaló el dictamen del fiscal.

Agregó que en dicho disco se habrían encontrado rastros digitales que demuestran la conexión de dispositivos externos que almacenaban información de inteligencia sobre personas vinculadas a la actividad política de Argentina.

«Al mismo habrían accedido personas con credenciales, según manifiesta la denunciante, no pudiendo determinar dicho organismo con exactitud el área en la que se utilizaba el dispositivo», señaló.

De acuerdo con Di Lello, la actual interventora de la AFI explicó que la información fue utilizada para producir «inteligencia ilegal», ya que el espionaje no fue ordenado por ningún juez, o autoridad competente.

«La infracción determina la violación de correspondencia como aquellas conductas delictivas que implican un apoderamiento no sólo de papeles o cartas, sino también de mensajes de correo electrónico o cualquier otro documento o efectos personales, con la intención del sujeto activo de descubrir el secreto o vulnerar la intimidad del otro no siendo necesario que esto llegue a producirse», afirmó.

También precisó que la violación de este tipo de comunicaciones electrónicas viola la prohibición de producir información, inteligencia o almacenamiento de datos sobre personas por su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales.

El proceso para imputar penalmente al expresidente, y que provocó un escándalo de inmediato, comenzó el pasado lunes, cuando Caamaño denunció el espionaje y destacó que se había cometido no sólo en contra de opositores, ya que, por ejemplo, se revisaron de manera ilegal los correos de Laura Alonso, la ex titular de la Oficina Anticorrupción que fue designada por Macri y que sigue siendo una de las defensoras más fervientes del pasado gobierno, y del periodista macrista Luis Majul.

En el mismo caso se encuentran Mario Negri, líder de la bancada macrista en la Cámara de Diputados; y Nicolás Massot, quien ocupó ese cargo durante la gestión pasada. Aunque ambos tuvieron cortocircuitos con el expresidente, nunca rompieron con el oficialismo.

Entre los opositores al macrismo que fueron espiados se encuentran la actual ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elisabeth Gómez Alcorta; la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario; el diputado provincial Martín Sabatella;  el exministro del Trabajo Carlos Tomada; el escritor Ricardo Foster y la diputada Gabriela Cerruti.

Cuando asumió como presidente, Macri designó a su amigo personal Gustavo Arribas al frente de la AFI, a pesar de que no tenía experiencia alguna en el manejo de los servicios de inteligencia.

El propio expresidente definió de manera polémica al exfuncionario en un libro biográfico. «Pensé: de todos mis amigos ¿cuál era el más vivo, el más desconfiado, el más acostumbrado a toda esta cosa de las trampas? Tal vez sea uno de los mejores nombramientos que he hecho».

Sin embargo, la gestión de Arribas estuvo marcada por la polémica, con frecuentes denuncias de espionaje ilegal, además de que la Policía de Brasil reveló que había cobrado 850 mil dólares de «propinas» por parte de Leonardo Meirelles, uno de los arrepentidos de la megacausa de corrupción conocida como Lava Jato.

También quedó involucrado en la investigación internacional «Panama Papers» sobre lavado de dinero y evasión fiscal, pero la justicia argentina decidió cerrar ambas causas.

(RT)

 

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