La convocatoria de los últimos procesos electorales, se han llevado a cabo bajo un clima de tensión política; sí, tensión política, aún y cuando esa expresión pudiera parecer un lugar común en un país como Venezuela. La iniciativa presidencial de consultar al pueblo si quería o no una Asamblea Nacional Constituyente, y su posterior aprobación, devino en más comicios. Es imposible no referenciar este hecho, para explicar en qué momento nos encontramos. De allí resultaron las elecciones adelantadas para Presidente de la República, alcaldes y gobernadores, restando por legitimar uno de los poderes más importantes, manejados por la oposición desde 2015, la Asamblea Nacional.
Con un Poder Legislativo declarado en desacato por el TSJ, casi desde su propia conformación, en un país con sanciones y asfixia económica producto del bloqueo, nace la Mesa de Diálogo; instancia donde, como punto de honor, la oposición solicitó un nuevo CNE.
Después de meses de trabajo, y pese a la incorporación del Bloque de la Patria a la AN, (como resultado de la Mesa de Diálogo) donde incluso se aprobó la creación del Comité de Postulaciones, con 10 representantes de la Sociedad Civil y 11 diputados, no hubo acuerdo para un renovado CNE.
¿Es una sorpresa la omisión inconstitucional de la AN declarada por el TSJ?
La decisión del Tribunal Supremo de Justicia no tomó por sorpresa ni siquiera al más recalcitrante opositor. Las diferencias aparentemente irreconciliables, entre el llamado G4 y el resto de los partidos políticos de oposición, dejan la escena servida para organizaciones que quieren cerrarle definitivamente la puerta a las “salidas aventureras”. Sin embargo, parece perfilarse un nuevo debate entre dos sectores opositores radicalmente opuestos: “abstencionistas” y “demócratas”.
Por una parte, hay posiciones como la de Enrique Ochoa Antich que señala: “¡Votamos! El abstencionismo es el verdadero colaboracionismo” o la de Freddy Lepage, que sostiene que “con los abstencionistas Maduro gana como en el 2015”; hasta posturas diametralmente distintas como la de Carlos Vecchio o Julio Borges, quienes llaman a no participar “porque sería avalar el fraude”.
Hay un elemento poco conocido pero supremamente importante; ninguno de los 5 rectores o sus suplentes tienen sus periodos vencidos. En el caso de Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y Luis Emilio Rondón, finalizan sus gestiones en 2021. Por su parte, Socorro Hernández y Tania D´Amelio, concluyen en 2023. Como denominador común, todos fueron designados por el TSJ, luego de declararse la omisión legislativa. Vale la pena resaltar, que con ese mismo CNE, la oposición logró una victoria significativa en los comicios parlamentarios de 2015, al igual que recientemente gobernadores y alcaldes.
Una nueva Asamblea Nacional, sin duda significará una oportunidad para organizaciones políticas opositoras en franco ascenso. La consulta del año 2018, dejó un interesante capital electoral para partidos como Avanzada Progresista (de Henri Falcón) El Cambio (de Javier Bertucci) y otras como el Movimiento al Socialismo y, Soluciones Para Venezuela, de Claudio Fermín. En la otra acera, para las fuerzas progresistas del Gran Polo Patriótico, este proceso será un inmenso reto para ratificar su apoyo popular, y despejar las dudas que en el plano internacional, haya dejado la elección de la Asamblea Nacional Constituyente.
(Michel Caballero / LaIguana.TV)
