A inicios de la tarde de este jueves 18 de junio, la vicepresidenta Delcy Rodríguez Gómez reveló al país un conjunto de pruebas que develan la trama conspirativa protagonizada por José Ignacio Hernández, «procurador» designado por Juan Guaidó.

De acuerdo con lo divulgado por Rodríguez, las acciones del «procurador» del autoproclamado Guaidó, se han traducido en la apropiación indebida de miles de millones de dólares en activos pertenecientes al Estado venezolano por parte del gobierno estadounidense y de la camarilla que secunda al parlamentario extremista, entre ellos, su «representante» ante Washington, Carlos Vecchio. 
 
Sin embargo, al ser cuestionado por el diputado Óscar Ronderos en relación con su participación en el caso Crystallex, así como de los mecanismos seguidos por «su oficina» para adelantar las acciones de defensa de la República, Hernández elude toda responsabilidad, no responde a lo solicitado y asoma que sería Vecchio la persona a cargo en ese y en otros casos en los cuales él se inhibió. 
 
En el audio que contiene parte de una conversación sostenida entre Ronderos, Hernández y Luis Pacheco –»presidente» de la junta directiva ad hoc de Pdvsa designado por Guaidó– el diputado, dirigiéndose a Hernández, preguntó: «¿Quiénes son los abogados designados para atender el juicio de Crystallex y cuál fue el mecanismo para su designación, en virtud de la inhibición del ‘procurador’? ¿Qué funcionario decidió acerca de la inhibición y quiénes son los llamados a sustituirle en representación de la República en ese caso?». 
 
Hernández, claramente a la defensiva y aludiendo a Crystallex, respondió con otra pregunta: «¿Cuáles funcionarios, diputado?» y aseveró que en su oficina no había «funcionarios», ni «estructura», ni «burocracia», ni «nada» y con base en esas afirmaciones, demandó que había «una gran inconsistencia entre estos formalismos jurídicos que se pretenden exigir», cuando en «la realidad», «la oficina del Procurador especial no existe, no ha existido nunca». 
 
Por si ello no bastara, el «procurador» del gobierno ficticio de Juan Guaidó, recargó toda la responsabilidad del caso Crystallex y otros casos «en los cuales se ha inhibido» en Carlos Vecchio, el «embajador» en Estados Unidos de Guaidó.   
 
«El embajador Vecchio es quien lleva la defensa judicial de la República y lo asisten los abogados de la Procuraduría, que han sido designados por comunicaciones, en los casos en los cuales yo me he inhibido», dijo. 
 
Sin embargo, Hernández pareció no caer en cuenta de la contradicción presente entre la primera parte de su exposición, cuando aseguró que la oficina del «Procurador especial» no existía, pues seguidamente arguyó que Vecchio contaba con la asistencia de «abogados de la Procuraduría». Entonces, ¿existen o no esos «funcionarios»? 
 
Empeñado en torear las explicaciones, José Ignacio Hernández insistió en que era «imposible hacer nada más, porque no hay medios ni recursos», algo que, según él, advirtió –no especificó a quién– desde agosto de 2019.
 
En todo caso, las lesivas acciones del grupo de Guaidó en los Estados Unidos, encabezado por Hernández y Vecchio, le han costado a la República miles de millones de dólares, empezando por la petrolera Citgo, filial de Pdvsa en ese país y cuyo remate por 1.200 millones de dólares fue autorizado por un tribunal federal, en favor de la canadiense Crystallex para la cual Hernández sirvió como parte de su equipo jurídico en la demanda que interpuso en contra del Estado venezolano. 
 
(LaIguana.TV)