Mike Pompeo, secretario de Estado de Donald Trump aseguró este jueves 9 de julio que el objetivo que persigue Estados Unidos «es restaurar la democracia en el pueblo venezolano» y enfatizó que sería su gobierno el que «finalmente» restaurará «esa democracia».
 
Para alcanzar estos fines, Pompeo precisó que harán «todas las cosas» que puedan hacer, incluyendo más sanciones económicas sobre el Gobierno Bolivariano, así como presiones sobre Cuba, nación a la que acusan –sin haber presentado prueba alguna– de mantener «fuerzas de seguridad» en Venezuela y cuya salida exigen desde la Casa Blanca.  
 
«Lo que es más importante, es que hemos creado una coalición global para tratar de ayudar al pueblo venezolano a alcanzar sus objetivos, así que hay varias agrupaciones, pero vemos que los países de América del Sur, como parte del Grupo de Lima, tienen unos 60 países que han reconocido que los días de Maduro como gobernante han terminado», agregó el portavoz de Washington, obviando que, de hecho, la mayor parte de los países del mundo –unos 134– reconocen a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.  
 
En sus declaraciones, el funcionario también se refirió a Juan Guaidó como «el líder debidamente elegido, que habla por el pueblo venezolano», aunque el todavía diputado solamente ha disputado un proceso electoral en 2015 –en el que obtuvo su curul– y no una elección presidencial que le valide como «líder» o «vocero» del pueblo venezolano. 
 
Empero, la legitimidad interna de Guaidó es, en el marco del anuncio de Mike Pompeo, acaso poco importante, pues al aseverar que «este es el proceso en el que pretendemos continuar apoyando lo que quiere el pueblo de Venezuela», pareciera estar afirmando que cuando Estados Unidos «restaure la democracia» en el país, gobernará a través del extremista opositor, aunque nadie lo haya electo para ejercer la primera magistratura. 
 
De nuevo interfiriendo en los asuntos internos de Venezuela y tergiversando las decisiones tomadas por sus instituciones, acusó al gobierno de Maduro de «corromper el sistema judicial» y de «tratar de hacerse cargo de los partidos políticos», cuando fueron dirigentes de esas organizaciones quienes acudieron al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la designación de juntas directivas ad hoc que garantizaran su participación en los venideros comicios parlamentarios de diciembre. 
 
Para la Administración Trump, la respuesta del pueblo venezolano –mayoritariamente inclinado a participar en las próximas elecciones– es inadecuada y «su profundo deseo de restablecer el orden y la democracia en su propia nación», pasa por ceder esa autodeterminación al gobierno estadounidense, pues de otro modo, ¿de qué serviría anunciar que finalmente ellos restaurarán la democracia en Venezuela?
 
(LaIguana.TV)