La ministra de Justicia y Trabajo de Cabo Verde, Janine Lélis, reiteró que su gobierno -supuestamente- «nunca se inmiscuirá» en la decisión judicial en el caso del empresario colombiano Alex Saab, quien al momento de su detención en la isla africana, se encontraba con pasaporte diplomático venezolano al servicio del gobierno.

Cabo Verde tiene el deber de cooperar”, afirmó Lélis este jueves 23 de julio en la ciudad de Ribeira Grande de Santiago, sobre la decisión de si su ministerio autorizará el proceso judicial.

“Este deber de cooperación es más fuerte cuando se trata de asuntos ligados con crímenes relacionados al tráfico de droga y lavado de dinero”, dijo Lélis.

Agrega que Cabo Verde está respondiendo “a una solicitud por colaboración internacional y de allí el proceso siguió su procedimiento judicial”.

La ministra explicó que el ejecutivo ha validado y apoyado una opinión anterior de la Fiscalía que establece que, en situaciones así, “informa al Gobierno si se cumplen las condiciones exigidas por la Constitución, si se cumplen los requisitos y, en función de ello, se emite un dictamen”.

“Más allá de eso no puedo decir porque no conozco los detalles de los trámites del proceso judicial”, enfatizó Lelis, quien subrayó que Cabo Verde es un Estado de derecho y que corresponde a los tribunales decidir en función de las pruebas y las leyes.

“Esa es la confianza que tenemos”, recalcó la ministra, agregando que “lo que decida el tribunal será el fallo final sobre el asunto”.

Alex Saab fue arrestado el 12 de junio en la isla de Sal, mientras iba camino a Irán en una misión al servicio del gobierno de Venezuela como un “enviado especial” para obtener productos alimenticios para los venezolanos.

Después de que el Tribunal del Distrito de Sal legalizara su arresto, fue llevado a San Vicente, donde el Tribunal de Apelaciones de Barlovento, la segunda instancia, validó el arresto e inició el proceso judicial.

Previamente el gobierno, a través del Ministerio de Justicia y Trabajo, autorizó el procedimiento de la solicitud del proceso de extradición.

El 3 de julio, Saab fue transferido a la isla de Sal por razones de seguridad.

El gobierno de Venezuela envió a su embajador ante Cabo Verde, Alejandro Correa, al archipiélago con un equipo de abogados y argumenta que Saab es un “enviado especial” de Caracas y que estaba a su servicio al viajar a Irán para obtener productos para el país.

El Gobierno venezolano considera el arresto ilegal y exige la liberación del empresario.

Por su parte, EEUU asegura que Saab y un socio, Enrique Pulido, usaron bancos estadounidense para depositar unos 350 millones de dólares que fueron -según ellos- serían parte de la corrupción cambiaria en Venezuela.

(LaIguana.TV)

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