Para el diputado y constituyente Francisco Torrealba, la Ley Antibloqueo promovida por el Ejecutivo Nacional, es la primera de un conjunto de acciones extraordinarias que podría emprender el Estado venezolano para hacer frente a las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos, cuyos efectos padece el pueblo venezolano todo.

En conversación con los periodistas Ginette González y Andrés Rojas para el programa Dos Más Dos que se transmite por la cadena Unión Radio, Torrealba aseguró que en ese contexto extraordinario de asedio y ataque permanente contra la Nación, las medidas diseñadas para aplicarse en contextos ordinarios, no resultan eficaces para atender las necesidades de la población, muy especialmente en lo tocante a la revalorización del salario y las prestaciones sociales.

«Todo el mundo sabe que una de las consecuencias más nefastas que ha tenido lo que en principio fue una guerra económica y hoy es una guerra inusual, una guerra asimétrica y una guerra extraordinaria que se libra contra nuestro país, fue la destrucción del salario y del poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras, así como lograr destruir también el valor de las prestaciones sociales«, indicó el funcionario, quien recordó que los derechos laborales, que habían sido socavados e incluso eliminados –como en el caso de las prestaciones sociales– durante el último gobierno de la IV República, fueron restituidos a través de una legislación promovida y aprobada por el presidente Hugo Chávez.

Sin embargo, este esfuerzo se vino abajo, «gracias a las iniciativas de la ultraderecha de la Asamblea Nacional, que ha pedido bloqueo y sanciones para causarle dolor a todo el pueblo venezolano», agregó.

Para recuperar el valor del salario, hace falta producir y para producir, hace falta la Ley Antibloqueo

Para Torrealba, la recuperación salarial supone, en primera instancia, generar riquezas a través de la producción y solo entonces podrá pensarse en su repartición.

«El compromiso fundamental es elevar los niveles de producción al máximo y convertirnos en los más eficientes productores y generadores de bienes y de servicios (…). Si tú tienes riquezas, entonces puedes pensar en repartir riquezas. Con eso lo que quiero decir es que también nuestro país necesita producir y producir al más alto nivel», explicó.

El propósito de esta Ley Antibloqueo, sería, por tanto, «elaborar el marco jurídico adecuado para la situación en la que nos encontramos, porque Venezuela no está en las mismas condiciones que el resto de los países a los cuales no los ataca el gobierno de los Estados Unidos, a los cuales no les impide el gobierno de los Estados Unidos comprar o vender como normalmente debería poderse hacer», así como tomar medidas internas que permitan sortear las sanciones, destacó Torrealba.

«En esta Ley Antibloqueo, se conciben los rasgos generales de las alternativas que podría implementar el Estado en su totalidad y el Ejecutivo en particular, como uno de los poderes del Estado, para destrancar las dificultades que tenemos», precisó.

Una de las más grandes trabas es, en su parecer, que cualquier empresario que realice transacciones con el Estado venezolano, es automáticamente «objeto de sanciones y de retaliaciones por parte del gobierno de los Estados Unidos».

De ahí que se defienda que se trata, antes que nada de un amplio mecanismo de protección a todas las víctimas de las medidas coercitivas unilaterales –muy especialmente al pueblo venezolano–, con el cual se espera generar condiciones que permitan la reactivación económica y la protección de los Derechos Humanos de la población. 

Una explicación para la confidencialidad: el interés del Estado-Nación venezolano

Respecto de las previsiones de confidencialidad sobre los contratos suscritos por el Estado que se prevén en el proyecto de Ley Antibloqueo, Francisco Torrealba explicó que en circunstancias ordinarias, tal práctica sería innecesaria, pero como el país se encuentra atacado, bloqueado y siendo objeto de «sanciones genocidas que le causan tanto dolor al pueblo venezolano», se requerían medidas extraordinarias, como el estimar de interés nacional transacciones cotidianas, «para hacerle frente a ese ataque inusual».

¿Se reversarán las expropiaciones?

En el proyecto de Ley Antibloqueo que discutirá mañana en plenaria la ANC se abre el compás para que empresas que en su día fueran expropiadas por el Estado, regresen a las manos de particulares.

El constituyente Francisco Torrealba adujo que en el gobierno del presidente Nicolás Maduro no estaban «negados a nada que sea de conveniencia para el país» y reconoció que, por un lado, hubo «experiencias no muy buenas» tras la expropiación de empresas y por otro, experiencias positivas más recientes con «aliados» privados nacionales e internacionales.

Insistió en que «no podría hablar en términos específicos de devoluciones de empresas ni de nada de este tipo de asuntos, porque es prematuro» y porque no le corresponde definirlo, «la orientación general, el marco jurídico general en el que se plantea la Ley Antibloqueo y de Reactivación Económica y de Defensa de los Derechos Humanos, prevé, establece mecanismos para que todo lo que no está funcionando, puedan buscarse formas para que funcione».

«El secreto fundamental es que nosotros podamos producir, generar riqueza. Y a la generación de esa riqueza, luego garantizarle una justa distribución, que es precisamente lo que se plantea el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros», enfatizó.

¿Será posible modificar el articulado o añadir nuevos contenidos al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo?

Por último, Torrealba indicó que en la ANC se constituyó una comisión para evaluar «detenidamente el proyecto de ley presentado» y en ese sentido, destacó que «hay algunos temas donde se han planteado sugerencias para mejorar el texto y estas sugerencias están siendo evaluadas en el contexto general por todos los que integramos esta comisión».

El trabajo de este grupo evaluador se ha alimentado del intercambio con la Procuraduría General de la República y la Vicepresidencia Ejecutiva. El objetivo es que «el texto que va a la plenaria el día de mañana jueves, pueda estar perfeccionado al máximo posible y luego que sea aplicado también en todo su contenido general», concluyó.

(LaIguana.TV)

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