En ocasión de la «consulta popular», mecanismo inconstitucional con el cual el diputado Juan Guaidó pretende extender sus funciones más allá del 5 de enero de 2021 y justificar su autoproclamada presidencia interina, dirigentes de la oposición manifestaron su rechazo al artilugio jurídico.

Henri Falcón, excandidato presidencial y secretario nacional del partido Avanzada Progresista, indicó en Twitter que la consulta convocada por Guaidó «no es vinculante», en contraste con el voto, que es «el único instrumento de consulta con el poder de concretar cambios», ello en referencia a la negativa del sector antidemocrático que encabeza el todavía parlamentario a participar en las elecciones legislativas del pasado domingo.

Falcón también criticó que la consulta se realice a través de las plataformas de Telegram e Instagram, a las que, en su criterio, no tienen acceso buena parte de los venezolanos y además, son desconocidas para las personas que residen en los barrios, que representa, según expresó, el 80 % de la población.

En la misma línea crítica del abstencionismo promovido por Guaidó y la coalición de partidos que le acompaña, el dirigente socialdemócrata Enrique Ochoa Antich calificó la iniciativa como «espejismo» y les acusó de promover «una pantomima por Facebooklandia sin consecuencia para nadie» y proponer «abstenerse en una elección REAL como la del 6D».

En otro hilo, Ochoa Antich desmontó la falsa especie difundida por Leopoldo López, Juan Guaidó, Julio Borges y otros dirigentes del llamado G4, según la cual la abstención en torno al 70 % que se registró el 6 de diciembre en la elección parlamentaria, es consecuencia directa de su convocatoria.

A este respecto, precisó que si los datos del registro electoral permanente se ajustan retirando a los aproximadamente cinco millones de migrantes, la participación alcanzaría el 40 % y la abstención se reduciría a 60 %. A este último dato, explicó, a su vez habría que retirarle el 25 % de abstención estructural, tomando como base las parlamentarias de 2015, en las que la participación para esta clase de comicios alcanzó su máximo histórico.

Según esta matemática electoral, indicó que la abstención real sería del 35 %, que, en su criterio, puede explicarse como sigue: entre 5 % y 10 % habrían dejado de participar por causa de la pandemia y la escasez de combustible, quedando, por tanto, un 30 % de abstención.

De esta última porción, el también analista aseguró que entre 10 % y 15 % se abstuvieron conscientemente porque están hastiados de la política y de los políticos, independientemente de su orientación ideológica.

Por tanto, de acuerdo con su análisis, el abstencionismo que promueven el G4 y María Corina Machado oscilaría en torno al 20 %, de los cuales, cada uno de estos dos factores aportaría aproximadamente la mitad.

«Se pueden engañar todo lo que quieran e inventar millones con su ‘consulta’ virtual», concluyó.

Otro dirigente opositor que criticó la política adelantada por Juan Guaidó y su grupo fue el excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski.

Sin referirse directamente a la consulta, en una entrevista concedida a BBC, Capriles señaló que «el 5 de enero termina un periodo de la Asamblea Nacional, porque lo dice la Constitución», con lo cual dejó claro que la consulta promovida por Guaidó y su presunta consecuencia, son inconstitucionales.

Aunque el dirigente justificó el abstencionismo en la pasada elección parlamentaria e indicó que después del 5 de enero de 2021, el país entraría en una «etapa muy compleja» porque no habrá ninguna institución legítima, al ser consultado por el medio británico acerca de las acciones que debería emprender la oposición tras el fin de la actual legislatura, señaló que «el peor escenario para la oposición es mantener el ‘status quo'» que ahora tiene, si bien hay «algunos que lo quieren mantener».

En su opinión, este intento de prórroga, además de ser infructuoso, pues ya está electa una nueva Asamblea Nacional, puede sentar un precedente negativo, al abrir la puerta para que el presidente Nicolás Maduro se mantenga en el poder sin convocar a elecciones.

Así, para él, en lugar de «inventar figuras» como a las que estaría apelando Juan Guaidó para mantener su pseudopresidencia, la solución a los problemas del país se lograría con la procura de una «solución política» sustentada en un «acuerdo» elaborado con el concurso de «toda la comunidad internacional» –Estados Unidos, Europa, el Vaticano, los países de América Latina» en el cual se pongan «las sanciones como instrumento para negociar una reinstitucionalización del país: un nuevo poder electoral que permita recuperar la vía del voto y un cronograma de elecciones para dos procesos no reconocidos por el mundo: presidenciales y las de un parlamento reconocido» y en esto, agregó, «la postura de Estados Unidos va a ser fundamental».

(LaIguana.TV)

 

 

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