En conversación con el periodista Fernando del Rincón para la cadena CNN en español, el presidente colombiano, Iván Duque, intentó justificar el plan de vacunación aprobado por su gobierno, del que estarán excluidos venezolanos cuya situación migratoria es irregular. Esta población, según cifras oficiales, se aproxima al millón de personas.
En su intervención, el gobernante enfatizó que el plan de vacunación «está orientado a vacunar a cerca de 35 millones de colombianos» y arguyó que el criterio chauvinista se fundamentaba en la información disponible en los registros públicos de la población regular proveniente del censo y de las bases de datos del sistema de salud.
Posteriormente, detalló que el primer objetivo del plan, conforme ha sido definido en otros países, es reducir la mortalidad en los grupos de mayor riesgo, que son los adultos mayores de 70 años y aquellas personas que tienen entre 60 y 70 años, segmentos etáreos en los que se ha producido el 70% de todas las muertes a causa de la COVID-19. Seguidamente, indicó, se vacunaría a quienes tienen «preexistencias y comorbilidades», sin ofrecer más precisiones al respecto.
Si bien lo dicho por Duque se corresponde con el comportamiento epidemiológico de la letalidad del coronavirus, el problema de su alegato aparece cuando dice que «toda esa información se tiene», tanto en el caso de los colombianos, como en el de los «migrantes regulares».
Evidentemente, la condición migratoria de los venezolanos o de cualquieresquiera otros migrantes, no guarda relación alguna con su pertenencia a los grupos de riesgo de mayor letalidad en el contexto pandémico.
Por ello, su argumento, antes que epidemiológico, es discriminatorio y se sustenta en un criterio xenofóbo, que intentó disculpar, señalando que el Estado colombiano no tiene información sobre los migrantes venezolanos que residen irregularmente en su territorio.
«¿Qué dijimos nosotros? En la priorización de estas vacunas, nosotros tenemos que trabajar con la población colombiana, con la población migrante que tiene doble nacionalidad y también con la población migrante regularizada. Esa es la línea de priorización», enfatizó.
Iván Duque insistió en que si se garantizaba la inmunización de venezolanos dentro del territorio colombiano, independientemente de su estatus migratorio, se sobrevendría una «estampida migratoria» desde Venezuela hacia Colombia que colapsaría el sistema de salud, un alegato al que apeló el pasado lunes, al anunciar el plan de vacunación durante una entrevista con Blu Radio.
Según el mandatario, los expertos del Comité de Vacunación de Colombia, le recomendaron priorizar la vacunación contra el coronavirus a la población colombiana, siguiendo la estrategia de inmunización conforme a la pertenencia a los grupos de riesgo. De ser cierto, se trataría de unos expertos que ignoran los criterios epidemiológicos y priorizan estándares nacionalistas que atentan contra la eficacia del plan de inmunización colectiva contra la COVID-19 con el que pretenderían proteger a sus connacionales.
Del Rincón, por su parte, le refirió lo indicado por el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien criticó la propuesta del gobierno colombiano por considerarla poco apropiada desde el punto de vista epidemiológico, además de «antiética» e «inhumana», pero el inquilino de la Casa de Nariño repitió esencialmente lo que ya había expresado en relación con las fases del plan de vacunación.
«Todos los migrantes que estén en situación regularizada que estén en estos grupos, por supuesto que van a recibir la vacuna», reiteró, los otros, «no están priorizados» y volvió sobre la idea de la estampida migratoria.
«Si nosotros damos ese mensaje, quiere decir que nuestro plan de vacunación no se podría cumplir como está previsto, para 35 millones de personas, sino que tendríamos un supuesto incierto que es el número indeterminado de venezolanos que cruzaran la frontera y ningún país del mundo, hoy, está en condiciones de hacer eso», agregó.
En un intento por hacer menos inaceptable su intervención, comparó la situación con una presunta práctica discriminatoria similar, que se estaría implementando en los países europeos.
«Es como que si viéramos a los países de Europa diciendo: ‘vamos a vacunar a toda nuestra población, pero a todos los migrantes ilegales que lleguen, también los vamos a vacunar'», ilustró, pero lo cierto es que ninguna nación europea ni de otra parte del mundo ha dicho que excluirá a grupo poblacional alguno de la vacunación masiva sobre la base de ningún criterio, mucho menos pseudoepidemiológicos.
Empero, Duque tuvo la suficiente sinceridad como para referirse al motor real de sus acciones: el dinero que podría obtener su país a costa de los migrantes venezolanos.
«Qué bueno fuera que la comunidad internacional donante y que ha estado también con discursos muy ilustres para atender a la población migrante, pero que no necesariamente ha desembolsado los recursos que se ha comprometido, dijera: ‘vamos nosotros a aportarle a Colombia recursos, para que se pueda también vacunar a esa población'», dijo.
Es una confesión elocuente a la que añadió otros datos: «Colombia hoy se gasta al año casi 1.000 millones de dólares en atender toda la población migrante. Cuando vemos la crisis siria, lo que la comunidad internacional ha aportado por migrante, son casi 2.000 dólares y en el caso de Venezuela, no llega a 200 dólares».
En cierre argumentativo, indicó que si a su país le daban los recursos para incluir a los migrantes venezolanos en situación irregular y no se le quitaba «la posibilidad de vacunarse a un ciudadano colombiano», su administración no tendría problema alguno en vacunar a quien fuere.
En suma, la salud y hasta la vida de los venezolanos residentes en Colombia, depende de la cantidad de dinero que Iván Duque pueda obtener de otros países, de particulares o de organismos multilaterales.
(LaIguana.TV)
