Este sábado, los diputados de Acción Democrática que pertenecen a la fracción minoritaria de la Asamblea Nacional que encabeza Juan Guaidó, divulgaron en Twitter un comunicado para respaldar la maniobra inconstitucional con la cual pretenden extender su legislatura más allá del 5 de enero de 2021.  

El argumento principal que esgrimen estos todavía diputados, es que como la elección parlamentaria del pasado 6 de diciembre carece de legitimidad, «al no existir diputados legítimamente electos para ser juramentados el 5 de enero de 2021, conforme a nuestra legislación electoral, el Parlamento tiene la obligación jurídica de seguir cumpliendo sus atribuciones constitucionales». 

Sin embargo, este alegato se soporta en un supuesto «Proyecto de Ley de Reforma del Estatuto que rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela», según el cual, el único poder legítimo que existe en Venezuela es el Parlamento que fue elegido en 2015.  

La Asamblea Nacional controlada por la oposición, decretó sin base ni fundamento que las elecciones presidenciales de 2018, en las que resultó reelecto el presidente Nicolás Maduro, carecían de legitimidad. 

En su momento, adujeron que no hubo garantías para que la oposición participara, si bien en esa contienda Maduro se midió con dos candidatos más, Henri Falcón –su competidor más cercano– y el pastor evangélico Javier Bertucci y fue decisión de los partidos Acción Democrática, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo no presentar un candidato y no apoyar a ninguno de los otros.   

Este 2020, a pesar de que el exsecretario general de la tolda blanca, Henry Ramos Allup aseguró en mayo que su partido participaría en los comicios parlamentarios previstos constitucionalmente para el mes de diciembre, posteriormente anunció que no lo harían, alegando lo mismo que en 2018: ausencia de garantías electorales.  

Según la fracción de AD afín a Ramos Allup, la elección parlamentaria de diciembre –a la que tildaron de «farsa perpetrada por el régimen»–, no existió, pues se trató de un evento que «no cumplió con ninguno de los requisitos ni garantías consagradas» en la legislación vigente y eso sería suficiente para justificar la maniobra continuista, que además de ser ilegal, desconocería la voluntad popular expresada en las urnas. 

Por otro lado, la negativa de este grupo a concurrir a las elecciones, ocasionó que dirigentes y militantes de AD interpusieran un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justica, que devino en la designación de José Bernabé Gutiérrez –quien era el subsecretario general– como secretario general de la organización política.   

A inicios de la semana, la fracción afín a Gutiérrez –que, legalmente hablando, es la única que puede hablar en nombre del partido–, alertó en un comunicado sobre la aprobación írrita de un adefesio jurídico por parte del G4, con el que aspiraban «justificar» su permanencia en la Asamblea Nacional más allá de los límites establecidos por la ley y denunció que esta acción implicaba desconocer el voto de más de 500.000 venezolanos que apoyaron a AD y que le garantizaron al partido tres diputados.  

(LaIguana.TV) 

 

 

 

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