El canciller guyanés Hugh Todd aseguró este jueves en una intervención ante la Asamblea Nacional de su país, que tras la creación del Territorio para la Defensa de la Fachada Atlántica el pasado 7 de enero, Venezuela ha incrementado su actividad militar en las proximidades del Esequibo, territorio que ambas naciones reclaman como propia.
Específicamente, Todd refirió «una mayor actividad en el espacio marítimo de Guyana por parte de los buques de la Armada venezolana y otros activos estatales venezolanos», una práctica que desde la perspectiva de Georgetown es «ilegal», socava «el desarrollo de Guyana», amenaza «los derechos soberanos» de ese país «sobre su espacio marítimo» y obstaculiza su «actividad económica».
La creación de esta nueva instancia territorial para la Defensa de la Fachada Atlántica venezolana, así como el incremento de las actividades de patrullaje en las aguas venezolanas próximas a Guyana, antecedió a los ejercicios militares conjuntos que realizaran ese país y los Estados Unidos entre el 9 y el 11 de enero y que contaron con la presencia del jefe del Comando Sur, Craig Faller, un evento que el diplomático no mencionó en su discurso.
Según EFE, el canciller guyanés se dirigió al parlamento «para dar información sobre la tensión creciente entre los dos países».
El pasado 23 de enero, el buque Comandante Hugo Chávez GC 24 de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana detuvo in fraganti a las embarcaciones de bandera guyanesa Ladi Nayera y Sea Wolf por pescar ilegalmente en aguas jurisdiccionales venezolanas, como consta en un comunicado divulgado por la Cancillería de Venezuela el 25 de enero.
«La operación de la Armada Bolivariana se realizó en aguas de indiscutible soberanía venezolana, en pleno respeto a la legislación vigente, garantizando el debido proceso a los tripulantes detenidos», reza parte del texto difundido por el gobierno venezolano el lunes.
Además, Caracas señaló que con esta nueva matriz mediática falsa, las autoridades guyanesas dejaban «al desnudo las pretensiones unilaterales de ese gobierno, en alianza con trasnacionales petroleras, particularmente con la estadounidense ExxonMobil, sobre el territorio venezolano no controvertido, así como áreas marinas y submarinas aún pendientes por delimitar».
En un documento previo, Guyana había acusado a Venezuela de detener ilegalmente a sus ciudadanos, de incautar sin base jurídica sus embarcaciones, dentro de lo que consideran, forma parte de su Zona Económica Exclusiva.
El incidente ameritó que los los jefes de la diplomacia de los dos países, Jorge Arreaza y Hugh Todd, se reunieran virtualmente el martes, pero la tensión no está cerca de disminuir.
Tras el encuentro, Venezuela entregó una nota de protesta al Encargado de Negocios en Venezuela, Robert McKenzie, «en rechazo a las difamaciones y acusaciones guyanesas tras la incursión no autorizada de estos barcos» y mostró las coordenadas en las que fueron interceptadas las embarcaciones».
De acuerdo con la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela (Onsa), el lugar pertenece indubitablemente a Venezuela, según un decreto de delimitación que data de 1968 y en el que se le otorgan derechos soberanos sobre la zona que comprende «la faja de tres (3) millas de ancho a lo largo de las costas de territorio comprendidas entre la boca del río Esequibo y la boca del río Guainí (Waini River), así como las aguas interiores en dicha zona delimitadas por la línea de base recta fijada».
El gobierno de Guyana respondió solicitando el respaldo de organismos de integración regional como la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom) y la Organización de Estados Americanos (OEA), que se plegaron sin reservas a la posición guyanesa.
«Los Estados miembros de Caricom y la Comunidad en su conjunto han denunciado las medidas tomadas por Venezuela pidiéndoles que liberen a la tripulación y los buques. La Organización de los Estados Americanos también ha emitido un comunicado en el que señala que ‘la resolución de la disputa territorial entre Venezuela y Guyana es un asunto que se encuentra bajo la jurisdicción internacional, y no puede resolverse mediante una acción unilateral. Cualquier intento de descarrilar este proceso legal internacional, como el decreto, emitido por el régimen de Maduro, es contrario al derecho y las normas internacionales, y no tiene importancia jurídica'», dijo Todd ante la Asamblea Nacional de su país.
De su lado, el gobierno del presidente Nicolás Maduro valoró la postura de Caricom como una «campaña de manipulación».
En un comunicado compartido por el canciller Jorge Arreaza, se destaca que «Venezuela toma debida nota con preocupación de las acusaciones infundadas por la Comunidad del Caribe, al hacerse eco de la campaña de manipulación de los hechos dirigida por la República Cooperativa de Guyana, con relación a la operación de custodia por parte de la Armada Nacional Bolivariana sobre la detención de dos barcos pesqueros guyaneses que ejercían pesca ilegal en aguas jurisdiccionales de Venezuela».
En el documento también se insiste sobre las apetencias de las trasnacionales para «hacerse del dominio de un territorio sin delimitar, a partir de un indeseable conflicto en la región», una pretensión que estaría siendo respaldada directamente por el gobierno del presidente Irfaan Ali.
Esta nueva escalada de tensiones se inscribe dentro de la disputa territorial que mantienen estos países, cuyo incremento se debe, fundamentalmente, al descubrimiento de importantes riquezas naturales y minerales dentro de la Zona en Reclamación.
Venezuela, en apego a lo establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966, que contempla la búsqueda de una solución pacífica, negociada y satisfactoria para ambas partes, rechaza que el conflicto se dirima en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), como solicitó unilateralmente Guyana, con el apoyo del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres.
Además, Guyana exige que se ignore el Acuerdo de Ginebra y se asuma el Laudo Arbitral de 1899 como el documento base para la resolución de la diferencia, si bien el instrumento jurídico fue dejado sin efecto en 1966, luego que se comprobara su carácter fraudulento y lesivo para los intereses nacionales.
El pasado 24 de enero, la vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que, a solicitud de Venezuela, la CIJ aplazó hasta el venidero 26 de febrero, la audiencia que había fijado para discutir «aspectos procedimentales» relacionados con la decisión del pasado 18 de diciembre, en la que la instancia judicial se declaró competente para actuar en el conflicto, pese a la férrea negativa de Caracas.
(LaIguana.TV)
