Este viernes la Fiscalía General de Colombia solicitó una audiencia de preclusión –pérdida, extinción o caducidad de una facultad o potestad procesal por no haber sido ejercida a oportunamente– de la investigación que se le sigue al expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez por la presunta manipulación de testigos, fraude procesal y sobornos, alegando ausencia de evidencias en su contra. 

En un comunicado difundido por el Ministerio Público (MP) colombiano se precisa que «luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las que se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe». 

Empero, las presuntas víctimas, entre las que se cuenta el senador Iván Cepeda Castro, aún pueden recusar esta decisión a través de un recurso de apelación. 

Al hacerse pública la noticia, Uribe agradeció «a Dios» por el «paso positivo» y a las personas que oraron por él y se solidarizaron con su causa. 

En una arriesgada maniobra, el 18 de agosto de 2020 el exmandatario renunció a su curul en el Senado, para que el caso en su contra pasara de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General de la Nación. Guardaba prisión domiciliaria desde el 4 de agosto porque el máximo ente judicial de Colombia estimaba que podía «interferir» en el proceso. 

Sin embargo, el 10 de octubre, una vez se concretó el traslado de su expediente al MP, a solicitud de la defensa y de la propia Fiscalía, la jueza de garantías Clara Ximena Salcedo Duarte le otorgó la libertad plena. 

Ante esto, detractores de Uribe Vélez pusieron en entredicho la neutralidad de la parte acusadora y alertaron sobre la posibilidad de que no se hiciera justicia. 

(LaIguana.TV)

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