¿Por qué y quién envió a Almagro a destruir procesos electorales en la región? Pérez Pirela analiza

Este jueves 18 de marzo, el filósofo y comunicador Miguel Ángel Pérez Pirela destinó la edición 271 de su programa Desde Donde Sea a la discusión de dos temas de la actualidad latinoamericana, cuyas implicaciones y consecuencias están sentando preocupantes precedentes. 

 

El primer tema abordado fue el encarcelamiento de la exgobernante de facto de Bolivia, Jeanine  Áñez y de algunos de sus ministros por su responsabilidad en la violencia que se sucedió tras el golpe de Estado que depuso al gobierno del presidente Evo Morales en 2019 y que ahora la Organización de Estados Americanos (OEA), que fue causa eficiente en dicha acción sediciosa, pretende cuestionar. 

 

De otro lado, ofreció una actualización de la situación política en Ecuador, país que inició la campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que tendrán lugar el próximo 11 de abril y en la que se enfrentarán el candidato correísta, Andrés Arauz y el empresario Guillermo Lasso, quien aspira por tercera vez a la máxima magistratura.

 

Pérez Pirela señaló que en los comicios no se está planteando cuestionar la continuidad de un gobierno, sino elegir entre el neoliberalismo de Lasso y la vigencia política de la figura del expresidente Rafael Correa. 

 

 

A propósito de la defensa que hiciera Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la exgobernante de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, el Grupo de Puebla –en el que participan expresidentes y líderes progresistas de América Latina– advirtió que él carecía de autoridad moral para cuestionar las detenciones de los sindicados de ser responsables de la violencia que siguió al golpe de Estado de 2019, en el que se depuso al presidente Evo Morales. 

 

En un comunicado elevado cuando se conoció sobre la detención preventiva de Áñez y de dos de sus exministros bajo los cargos de terrorismo, sedición y conspiración, el Grupo sostuvo que se ha hecho habitual que la OEA desconozca la soberanía de las democracias en la región y en este caso en particular, prefiere ignorar la independencia de los poderes bolivianos. También señaló que la organización no existe con el propósito de fungir como un supraestado, cuyas atribuciones sobrepasan a las de sus Estados miembros. 

 

El también director de LaIguana.TV apuntó que en el documento se subraya que durante las elecciones presidenciales de 2019 en Bolivia, la OEA publicó un informe para forzar una segunda vuelta, aduciendo un fraude que nunca sucedió, como luego demostraron diversas instituciones instituciones académica y se insiste en que mientras que la OEA no tenga un Secretario General realmente imparcial, seguirá boicoteando los mecanismos de integración regional. 

 

Por su parte, la OEA repudió «el tono represivo y amenazante» del gobierno del presidente Luis Arce y lo acusó de personalizar en la figura de Almagro, posiciones y decisiones institucionales. 

 

Empero, el Grupo de Puebla recordó en su escrito que la Secretaría General de la OEA actuaba «como que si no tuviera memoria», mencionando que es necesario dar justicia y reparar a las víctimas de las violaciones a derechos humanos y de los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la responsabilidad directa de Áñez, persona y régimen a los que el ente interamericano insiste en defender. 

 

A ese respecto, el comunicador destacó que la OEA respaldó al gobierno de facto y no hizo mayores esfuerzos para detener o siquiera denunciar las masacres cometidas en Sacaba y Senkata, llegando al punto de exigir cínicamente juicios creíbles e imparciales, rechazar cualquier juicio en el que se ponga en duda la integridad de Almagro e insistir en la actuación de sus misiones de observación electorales en los comicios de 2019, negándose a reconocer la influencia del organismo en la violencia que siguió al golpe de Estado y denominando al gobierno de facto como «gobierno de transición».  

 

Pese a los pataleos de la OEA, en Bolivia, Jeanine Áñez se enfrenta a la posibilidad de ser condenada a 30 años de cárcel por su responsabilidad directa en cuatro masacres, acciones que constituyen crímenes de lesa humanidad. 

 

Nadia Cruz, Defensora del Pueblo de ese país, señaló que «en el gobierno de Jeanine Áñez y bajo sus órdenes, murieron en intervenciones militares y policiales 37 personas» y sobre esto, el experto acotó que las masacres son una especialidad de las derechas de la región, con Colombia liderando la triste lista.

 

En febrero de 2021, Cruz responsabilizó a Áñez de las masacres, puesto que el 25 de noviembre de 2019 firmó un decreto en el que autorizaba a las Fuerzas Armadas a contener las manifestaciones, sin que sus acciones generaran responsabilidad penal, aunque se vio obligada a derogarlo apenas dos semanas después. 

 

Pérez Pirela también comentó que en octubre 2020, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó un informe en el que se señala que de los 37 asesinatos cometidos en las masacres, 27 fueron por impacto de bala y que en las acciones represivas del gobierno de facto resultaron heridas 861 personas. 

 

Sobre este tema, el ministro de Justicia del gobierno de Luis Arce, Iván Lima Magne, aseguró que en el país «ha habido masacres sangrientas», lo que ha dejado a familias sin madres, sin padres o sin hijos. 

 

Para recordar el contexto, el analista político ofreció a los usuarios algunos datos de las masacres de Sacaba y Senkata: 

 

La primera, ocurrida el 25 de noviembre de 2019 –el mismo día que Áñez firmó el controvertido decreto–, se sucedió en el departamento de Cochabamba, cuando miles de campesinos que caminaban en dirección a La Paz donde pretendían manifestarse contra el gobierno de facto, se toparon con un cerco militar y policial que les impidió el paso y los reprimió con armas de fuego. Doce personas personas fueron asesinadas en el sitio y 125 resultaron heridas.

 

La masacre de Senkata, acaecida en El Alto y en la que las fuerzas policiales y militares bolivianas asesinaron a 10 personas, se produjo en el marco de «un violento operativo policial y militar» con el que se pretendía desalojar a simpatizantes del derrocado presidente Evo Morales que habían tomado una planta de hidrocarburos.

 

En este punto, Miguel Ángel Pérez Pirela se preguntó retóricamente sobre la clase de personas a las que defendía Luis Almagro, a quien calificó como un «aupador del fascismo en América Latina» y ejecutor de las políticas imperialistas estadounidenses en la región por medio de su cargo como Secretario General de la OEA. 

 

Regresando a los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado boliviano bajo la batuta de Jeanine Áñez y el respaldo de Almagro, recordó que hay que sumar también los  muertos y heridos que dejaron las acciones combinadas de las Fuerzas Armadas y la Policía en los departamentos de Potosí y Santa Cruz. 

 

Además de hacer frente a las acusaciones referidas a crímenes de lesa humanidad, Áñez deberá responder a cuatro solicitudes de juicio en su contra que hiciera el ministerio de Justicia de Bolivia. Específicamente, se le imputa el haber obtenido irregularmente un préstamo de más de 327 millones de dólares procedentes del Fondo Monetario Internacional, haber prorrogado ilegalmente el contrato de una empresa prestadora de servicios por 15 años, el haber permitido la vulneración de los derechos humanos de bolivianos residentes en Chile y el haber decretado restricciones cuestionables durante la pandemia. 

 

Aún así, enfatizó el también filósofo, la OEA se arroga el presunto derecho de exigirle a Bolivia que conforme una comisión internacional para investigar casos de corrupción durante los gobiernos de Morales y Áñez –poniendo al mismo nivel a la víctima y al victimario–, que envíe las denuncias de violaciones a los derechos humanos a la Corte Internacional de Justicia, que libere a todos los detenidos y que reforme su sistema judicial. 

 

A estas inaceptables demandas respondió el ministro Lima Magne, quien reclamó a la OEA por pretender que el Estado boliviano que se desentienda de su obligación de administrar justicia, mientras cede su soberanía a los organismos internacionales. 

 

Sobre la exigencia de liberación de los detenidos, el titular de la cartera de justicia en Bolivia señaló que los casos no se deciden por declaraciones, amenazas o afirmaciones de Almagro, sino que se definían «en los tribunales».

 

En general, dijo Pérez Pirela para concluir este tema, el gobierno de Luis Arce tiene una posición «firme» sobre la actuación de Almagro en el golpe de Estado de 2019. Concretamente, ha asegurado que el Secretario de la OEA «ha sido parte de una construcción de una teoría de fraude que nunca existió». 

 

 

En el segundo segmento de esta edición del programa, el analista venezolano caracterizó el escenario en el que transcurre la campaña electoral para las elecciones del venidero 11 de abril, en las que los ecuatorianos elegirán al sucesor de Lenín Moreno, tras una primera vuelta que no estuvo libre de polémicas y tras la cual aún no se perfila un ganador claro.   

 

En los comicios, recordó, se medirán el economista Andrés Arauz (izquierda) y el empresario Guillermo Lasso (derecha), antecedidos por un contexto de acuciante crisis económica y en el que se demanda la necesidad de acelerar la vacunación contra la COVID-19. 

 

Esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales, indicó, se enfrentan otra vez dos modelos de país, pese a las denuncias de fraude interpuestas por el excandidato indigenista-derechista Yaku Pérez, quien ha hecho las veces de  factor divisor de la izquierda ecuatoriana, financiado por Estados Unidos y la Unión Europea a través de Organizaciones No Gubernamentales Estados Unidos que toman como excusa el ecosocialismo. 

 

Tanto Arauz como Lasso están obligados a conquistar a los votantes dispersos y a los que votaron por Carlos, alias «Yaku» Pérez, pues si bien Arauz superó a Lasso en la primera vuelta por más de 10 puntos porcentuales (32,7% de los votos versus 19,74%) y aproximadamente el 10% de los votos emitidos fue declarado nulo. Además Pérez, que obtuvo 19,3% de los sufragios, anunció que no respaldará a ninguno de los candidatos y, en su lugar, le pidió a sus seguidores que destruyeran las boletas electorales, en un intento por sabotear el proceso. 

 

Por otra parte, Pérez Pirela mencionó que aún no se han divulgado encuestas acerca de las preferencias de voto para el ‘ballotage’ ecuatoriano, pero desde su punto de vista, todo parece indicar que la contienda será ardua y que las alianzas y movimientos de último momento podrían inclinar la balanza hacia una de las dos candidaturas, cuyas propuestas de gobierno son sustancialmente diferentes.

 

Mientras que Arauz apuesta por retomar políticas de inversión pública que fortalezcan la influencia estatal como las que estuvieron vigentes durante la era Correa, Lasso ha prometido enfocarse en la generación de empleos y el otorgar créditos a pequeños comerciantes, artesanos y campesinos al 1% de interés, si bien debe enfrentarse a la resistencia del electorado derivada de su ejercicio dentro del sector bancario y a los efectos de las medidas de austeridad acordadas entre el gobierno de Lenín Moreno y el FMI. 

 

A lo anterior se añade que Moreno y sus colaboradores están «de bajo perfil» porque la Defensoría del Pueblo divulgó el informe relativo a las protestas de 2019, en el que se concluyó que el Estado cometió crímenes de lesa humanidad y se le acusa de «violentar gravemente los derechos humanos». 

 

Hasta el momento, Moreno, quien es señalado como responsable de estos eventos, no ha respondido a los señalamientos, pero sí parece estar trabajando en una persecución judicial contra Andrés Arauz, similar a las que le hicieran a los expresidentes Luiz Inácio «Lula» da Silva y Rafael Correa.  

 

Según un reporte de la cadena teleSUR referido por el filósofo, con el apoyo de la vecina Colombia, se adelanta una «peligrosa estrategia» para proscribir la candidatura del izquierdista. A la campaña de la Revolución Ciudadana se le acusa de haber recibido fondos del grupo insurgente ELN, ofreciendo como «pruebas» un video –que ya ha sido adecuadamente desmontado– y una supuesta información extraída del computador de alias «Uriel» un cabecilla del ELN que operaba en el departamento del Chocó y que fue abatido por el Ejército. 

 

Esta «nueva red de mentiras», destaca la televisora multiestatal, se construyó a partir de un titular aparecido en una revista de extrema derecha de Colombia y la visita de Francisco Barbosa, Fiscal General de Colombia a Quito, con la que se pretendería dotar de presunta legalidad la acusación, pero cuyo real fin sería trastocar el resultado electoral. 

 

La presencia de Barboza en Ecuador encendió las alarmas en la región, no solamente por el historial de Colombia en la construcción de falsos positivos, sino por la clara injerencia de esa nación en los asuntos de otro país. 

 

Ernesto Samper Pizano, expresidente colombiano y exsecretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), calificó como una «Infamia» los supuestos vínculos de Arauz con el ELN y el Grupo de Puebla rechazó «este intento de golpe a la democracia en Ecuador», denunciando la utilización de aparatos mediáticos y judiciales para torcer la voluntad popular. 

 

Para concluir, Pérez Pirela señaló que el arribo de una nueva oleada de gobiernos progresistas en la región –López Obrador (México), Alberto Fernández (Argentina), Luis Arce (Bolivia)–, así como la liberación de «Lula» y el sobreseimiento de todas las causas judiciales en su contra, ha impulsado a la derecha a adelantar acciones para frenar posibles victorias de candidatos de izquierda en la región, después de haber pensado que una vez fuera del mapa figuras como Hugo Chávez, Néstor Kirchner, «Lula», Rafael Correa o Evo Morales, las izquierdas en América Latina se habían quedado sin alternativas.