Este domingo 2 de mayo, la Asamblea Legislativa (AL) de El Salvador, controlada por fuerzas aliadas al presidente Nayib Bukele, destituyeron al Fiscal General y a los magistrados de la Sala sobre lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con una votación de 64 votos a favor, 19 en contra y 1 ausente.
Esta decisión, según comentó el comunicador y filósofo Miguel Ángel Pérez Pirela en su programa Desde Donde Sea, levantó controversias y produjo una ola de pronunciamientos en la región, incluyendo el gobierno de EEUU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y figuras de la derecha regional, que hasta entonces habían respaldado al mandatario.
Los alegatos tras las destituciones del fiscal y los magistrados
El también director de LaIguana.TV explicó que en el caso del Fiscal General, Raúl Melara, se argumentó su destitución arguyendo un posible vínculo con la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), fuerza política opositora al presidente Nayib Bukele y ante esto, la Sala sobre lo Constitucional de la CSJ se pronunció, señalando: «Declárase que la decisión de la Asamblea Legislativa es inconstitucional, en tanto que viola la forma de gobierno republicana, democrática y representativa».
Esta decisión, comentó, se produjo tras sucesivos enfrentamientos públicos de Bukele con los magistrados de la CSJ, luego de que estos resolvieran recursos en contra de algunas medidas que intentó adoptar durante la pandemia.
Por su parte, el presidente salvadoreño defendió la votación de los diputados, apelando al artículo 186 de la Constitución que contempla que la AL puede destituir a los magistrados «por causas específicas previamente establecidas por la ley», si la iniciativa cuenta con las dos terceras partes de los diputados.
En la hoy cuestionada votación, en la que la coalición que respalda a Bukele se impuso con 64 votos de 80, los parlamentarios que votaron a favor, aseguraron que los magistrados «actuaron contra la Constitución, poniendo en primer lugar intereses particulares sobre la salud y la vida de toda la población».
Sin embargo, en una lectura crítica, Pérez Pirela apuntó que esta acción fue posible debido a que el gobernante «arrasó» en las últimas elecciones legislativas y controla el Ejecutivo, lo que le otorgó el margen de maniobra suficiente para que, apelando al artículo 186 de la Carta Magna, se afectara al Poder Judicial.
De Melara se señaló que tiene «vínculos con el partido opositor ARENA que pondrían en tela de juicio su independencia».
Reacciones de la Sala sobre lo Constitucional y el Fiscal General a sus destituciones
Al hacerse públicos los fallos, el analista mencionó que la Sala sobre lo Constitucional de la CSJ emitió una resolución para declarar la destitución de sus magistrados como inconstitucional, «debido a que viola la independencia judicial». El organismo también argumentó que la decisión de los diputados «incide negativamente en el control del ejercicio del poder que efectúa la Sala de lo Constitucional».
Empero, pese a esta resolución, refirió que la misma noche del sábado 1 de mayo, los diputados eligieron a cinco magistrados sustitutos de una vez e incluso, al nuevo Fiscal General de El Salvador.
En ese momento, continuó relatando, el presidente Nayib Bukele –a quien calificó como un hábil usuario de la red social Twitter–, expresó: «En realidad, ya estaban destituidos cuando emitieron esa resolución, que, además, no tiene ni firmas ni sellos ni comunicación oficial», un gesto que, en su criterio, pretendía quitarle importancia al pronunciamiento desde el Poder Judicial.
Seguidamente, Aldo Cáder Camilot y Marina Marenco de Torrento, dos de los magistrados destituidos publicaron cartas de renuncia en las que aseguraron que nunca han estado vinculados y nunca han respondido a los intereses de ningún partido político o algún poder económico, mientras que el destituido Raúl Melara dijo que su expulsión fue «inconstitucional y carece de validez jurídica», aunque también anunció su renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General por «el bienestar de su familia y por no poder contar con las garantías necesarias para poder ejercer», pues Bukele se había enfrentado a él en distintas ocasiones, sintetizó el comunicador.
EEUU «preocupado» por su oveja descarriada
Para Miguel Ángel Pérez Pirela, la reacción de «preocupación» expresada por la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, sobre la situación en El Salvador, enciende las alarmas, toda vez que, por un lado, en Washington consideran a buena parte de Centroamérica como su patio trasero y, por otra, que el vocablo suele anteceder a represalias como sanciones, bloqueos e incluso, acciones armadas.
Concretamente, Harris mostró sus «profundas preocupaciones», asegurando que un «poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y una economía fuerte», ello a pesar de que en su propio país el Fiscal General es designado por el presidente.
De su parte, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, dijo que se había comunicado con Bukele para expresarle la «gran inquietud de su gobierno por lo ocurrido, tras la decisión de «socavar al más alto tribunal de El Salvador y al Fiscal General, Melara» y Juan González, asesor de Biden para América Latina como director del Consejo de Seguridad Nacional Estadounidense, espetó en Twitter lo que sin dudas constituye un cuestionamiento directo a la actuación del parlamento salvadoreño, controlado por el bukelismo: «así, no se hace».
Por otro lado, Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental del departamento de Estado de EEUU expresó: «la existencia de una relación fuerte entre EEUU y El Salvador, dependerá de que el gobierno de El Salvador apoye la separación de poderes y de que sostenga las normas democráticas».
Para Pérez Pirela, el gobierno estadounidense está «amenazando a su excachorro Bukele» e inclusive, especuló que podría tratarse de una venganza de la administración Biden hacia el presidente salvadoreño debido a su cercanía con el expresidente Donald Trump.
Así, aunque Bukele mantuvo excelentes relaciones con la administración Trump, ha mostrado discrepancia con el actual Ejecutivo de EEUU, al punto de negarse a recibir a Ricardo Zúñiga, enviado especial de Washington para el Triángulo Norte, cuando este estuvo de visita a Centroamérica en abril.
«No es de su incumbencia», dice Bukele ante las críticas
Al pronunciamiento de Washington se sucedió una ola de manifestaciones de repudio sobre el modo como la AL de El Salvador realizó las destituciones y, muy especialmente, sobre las consecuencias que esto trae para «la democracia» en el país.
En ese orden, el filósofo recuperó las declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien aseveró que «en la democracia, las mayorías tienen la responsabilidad de ser garantes para asegurar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder con sujeción al Estado de derecho, el régimen plural de partidos y de organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos».
Almagro también señaló que «cuando las mayorías imponen una visión única y uniformizada para el resto del sistema político, están socavando estos principios; cuando las mayorías eliminan los sistemas de peso y contrapeso en el marco institucional, están alterando la esencia de funcionamiento del mismo».
A su parecer, en este caso, como se trata de Bukele, hasta entonces un aliado cercano de EEUU, su pronunciamiento es «menos fuerte» y no habla directamente de «dictadura», un vocablo que el uruguayo parece haber reservado para referirse solamente a Venezuela o Cuba.
A las declaraciones de Almagro se sucedieron las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que criticó las decisiones por haberse realizado, en su juicio, «sin debido proceso ni causa específica constitucional, lo que pone el riesgo el Estado de Derecho», razón por la cual esta instancia anunció que instalará «una sala de coordinación y respuesta oportuna en El Salvador, para monitorear y atender esta grave situación que afecta a la constitucionalidad y los derechos humanos en el país», resumió el experto criollo.
«Condeno los pasos que ha venido dando el poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial de los magistrados, destituyendo a los integrantes de la Sala de lo Constitucional», dijo el Relator Especial de la ONU, Diego Arcías Sayán.
Por último, Pérez Pirela trajo a colación las opiniones de José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), quien amenazó directamente a Bukele con «afectar su relación con el gobierno de EEUU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo».
Previamente, refirió, Vivanco había denunciado al gobernante, indicando que «desde que asumió, en junio de 2019, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha cercenado la libertad de prensa y ha arremetido contra periodistas independientes, a quienes acusa de propagar ‘fake news’ y califica constantemente de ‘mercenarios'».
Y sobre los últimos acontecimientos en El Salvador, Vivanco asestó: «la popularidad de Bukele en El Salvador, no lo aísla del escrutinio legítimo en Washington en torno a su historial sobre derechos humanos y el respeto al Estado de derecho».
A pesar de estas amenazas y críticas, como es habitual en él, Bukele salió al paso con un tuit: «A nuestros amigos de la comunidad internacional: queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca, pero con todo respeto: estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia».
Desde el punto de vista de Pérez Pirela, esta clase de respuesta, en la que el mandatario desafía a sus otrora aliados, traerá consecuencias apreciables en el corto plazo.
Dentro de El Salvador, el panorama parece favorecer a Nayib Bukele
En la misma tónica narrativa, el nuevo fiscal electo por la AL, Rodolfo Delgado, aseguró en la madrugada del pasado domingo que «es el momento de ordenar la casa y que las cosas empiecen a funcionar adecuadamente», una retórica que, a criterio del analista venezolano, resulta preocupante, pues incluso la invocación a «limpiezas» hace recordar frases nazis.
Internamente, diversas fuerzas se manifestaron en contra de las destituciones. Inclusive, refirió, «25 organizaciones de la sociedad civil de El Salvador condenaron lo ocurrido (…) y lo calificaron de golpe de Estado avalado por Bukele y los diputados que votaron a favor».
En un comunicado, estas organizaciones aseguraron que el presidente salvadoreño y los parlamentarios que le respaldan, «mediante la cooptación de la justicia, pretenden consumar un ya incuestionable proyecto político autoritario en el que todos los poderes respondan a una persona».
Asimismo, aunque se vieron protestas frente al Monumento a la Constitución en San Salvador, en las que lo manifestantes vitoreaban frases como: «Sí a la democracia, no a la dictadura», «Respeto a la Constitución», «No al poder absoluto» o «Nayib fascista, sos el terrorista», no puede dejarse de lado que otro sector importante de la población sí respaldó la decisión, pues «bajo su óptica, Bukele prometió sacar a los corruptos y quieren ver cumplir esas promesas».
Dentro de la propia AL, diputados han tratado de poner en marcha un proceso para evaluar la incapacidad física o mental del presidente, con miras a su destitución, pero en el parecer del comunicador venezolano, es difícil que esta iniciativa cuaje, puesto que Bukele dispone de amplia mayoría legislativa, controla el Ejecutivo y su popularidad, según encuestas, supera el 80%.
Ricardo Velásquez Parker, uno de los proponentes, que pertenece a la organización derechista ARENA, señaló: «O estamos ante un delincuente o estamos ante un loco. Estamos ante un trastornado que carece de facultades para ejercer el cargo» y recibió el espaldarazo del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Partido Demócrata-Cristiano (PDC). Finalmente, la propuesta no se concretó porque debía contar con el aval de la Comisión Política de la AL, controlada por el partido de Bukele y otras organizaciones aliadas.
Al enterarse de esta inusual alianza, el mandatario asestó: «pueden estar de acuerdo con este gobierno o no, pero lo que nadie puede negar es que hemos logrado lo impensable: destapar ante todos que ARENA y el FMNL en realidad son aliados, los intereses que defienden son los mismos. En realidad, son lo mismo».
Desde el punto de vista de Pérez Pirela, el hecho de que Bukele disponga de una «mayoría aplastante» dentro de El Salvador, sugiere que, lamentablemente, esta tensión política se resolverá en los EEUU o, más específicamente, de la manera en que ese gobierno disponga, por lo que ahora cabría preguntarse si será capaz de resistir a las presiones que, a partir de este momento, va a comenzar Washington sobre su gestión, en un marco de relaciones bilaterales deterioradas.
En ese orden, relató que el mandatario salvadoreño viajó a Washington del 3 al 5 de febrero y la administración Biden rechazó una solicitud de reunión con el mandatario salvadoreño, ello a pesar de que había sido un aliado muy próximo de su antecesor, al punto de apoyar sus «cuestionables políticas migratorias», en las que se restringían las solicitudes de asilo.
Según fuentes cercanas a la Casa Blanca consultadas por el conductor, al rechazar la solicitud de encuentro con Bukele, los funcionarios de Biden querían asegurarse que Bukele no utilizara ningún encuentro como una muestra de respaldo ante las elecciones legislativas.
Miniperfil político de Nayib Bukele
Para conocer un poco más al personaje, Pérez Pirela compartió con la audiencia un miniperfil político de Nayib Bukele, en relación con las reacciones que han suscitado sus procederes en las esferas del poder político estadounidense.
Así, refirió que el hoy primer mandatario de El Salvador fue alcalde de San Salvador (capital) de 2015 a 2018 impulsado por el FMNL, del que fue expulsado en 2017 y es un usuario activo y eficiente de las redes sociales, al punto tal que desde que ganó las elecciones y hasta su toma de posesión, no dio ninguna conferencia de prensa y comunicó sus mensajes vía Twitter, y en los casos en los que requería aportar explicaciones más extensas, recurrió a Facebook Live.
De otra parte, en su opinión tampoco puede ignorarse que su triunfo electoral rompió con casi tres décadas de bipartidismo entre ARENA y el FMNL, y tras casi dos años de gobierno, los sondeos señalan que una abrumadora mayoría de los salvadoreños respalda la mano dura de su gobierno, a la que se atribuye la reducción de los elevados niveles de violencia.
En Washington, desde su llegada al poder, demócratas y algunos republicanos le critican por sus tácticas intimidatorias, entre las que se incluye el haber enviado a las Fuerzas Armadas a rodear el Congreso en 2020 para ejercer presión sobre los legisladores en una votación sobre el presupuesto para el combate de las pandillas.
Sin embargo, desde el punto de vista del analista venezolano, Bukele hizo «parte de los gobiernos títeres de Trump en la región», lo que de un lado explica que se haya creado un hashtag, #socioconfiable, con el que la embajada de EEUU en El Salvador y el Ejecutivo salvadoreño acompañaban parte de los tuits en los que transmitían información en común y del otro, que Biden haya optado por tomar distancia, al menos por el momento.
Bukele, crítico del plan migratorio de Biden
Con base en datos recopilados por Reuters, a continuación, Pérez Pirela ofreció un panorama general del plan migratorio de Biden, cuyo arranque se ha visto empañado por quejas de corrupción en Centroamérica.
En ese orden, la agencia destacó que el presidente de EEUU, Joe Biden, quiere que los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras tomen medidas enérgicas contra la corrupción, como parte de un millonario plan para la región, que busca detener la migración ilegal, si bien las acusaciones de corrupción y autoritarismo persiguen a algunos de los líderes con los que Biden debe trabajar en Centroamérica, al menos oficialmente.
De acuerdo con esa fuente, en 2020, los tres países se ubicaron en la mitad inferior del ranking de percepción de corrupción elaborado por Transparencia Internacional.
Biden busca implementar un plan de 4.000 millones de dólares para la región por los próximos cuatro años, una cifra, en juicio del director de LaIguana.TV, inútil con respecto a las metas que se propone y, además, que impone a los países unas condiciones «leoninas» prácticamente imposibles de satisfacer en la práctica.
En el caso de El Salvador, Bukele ha señalado que el plan de Biden es una repetición de la Alianza para la Prosperidad de la era de Barack Obama que, según dijo, no dio resultado.
«No son pocos los especialistas que atribuyen el triunfo de Bukele a que se presentara como una opción desideologizada, a pesar de representar a un partido de derecha. Es consecuencia directa de la desesperación popular ante la violencia que sacude el país con la operación de unas 400 bandas, que son conocidas como maras», reflexionó el experto.
De esta manera, el argumento de la instalación de la pena de muerte como freno a las maras, la utilización de paramilitares para combatirlas, la despenalización del aborto, el uso de símbolos de la izquierda para atraer los votos de los electores y las amenazas de expulsión de inmigrantes ilegales por el gobierno de Donald Trump, conformaron un panorama que tuvo mucho que ver con la llegada de Nayib Bukele a la presidencia de El Salvador.
Bukele y Guaidó: dos ‘Frankenstein’ creados por la administración Trump
Las más recientes acciones impulsadas por el gobierno de Bukele en El Salvador, han puesto a la derecha continental en un compromiso. Usualmente unificada en asuntos de política exterior y siempre bajo la égida de la Casa Blanca, en este caso, las reacciones se han bifurcado: a un lado, los que han seguido el comportamiento habitual; del otro, quienes han optado por guardar silencio.
El exdiputado y prófugo de la justicia Julio Borges estuvo entre los que reaccionaron siguiendo la línea del departamento de Estado, pues escribió contra Bukele en Twitter, aprovechando que su partido, Primero Justicia, escribió en esa red social que observaban «con alta preocupación lo sucedido en las últimas horas en el hermano país de El Salvador». «La separación e independencia de poderes es fundamental para preservar el Estado de derecho», añadieron.
De su lado, Borges sentenció: «no hay dictaduras de derechas o izquierdas, hay dictaduras. No hay dictaduras buenas o malas, hay dictaduras».
Según el portal de investigación La Tabla, Borges calificó al gobierno de Nayib Bukele como «una dictadura», una respuesta que, desde el punto de vista de este medio, «asoma una clara división de un sector de la ‘banda de Guaidó’ con respecto al mandatario centroamericano», en tanto ni Leopoldo López ni Juan Guaidó han emitido comentario al respecto.
Bukele ripostó inmediatamente a Borges: «en El Salvador nos costó 30 años liberarnos del régimen, no vamos a retroceder ahora. Apoyarlos a ustedes es igual que apoyar a Maduro».
Sin embargo, los nexos de «la banda de Guaidó» con Bukele profundos, al punto que Lester Toledo, exdiputado de Voluntad Popular, ascendió de jefe de campaña del presidente a segundo al mando del partido.
En este momento, además, se suma que la extrema derecha ya no sabe qué hacer con el gobernante centroamericano, pues hay otras polémicas en relación con su postura en casos de derechos humanos, en tanto está comprobado que su gobierno ejecuta políticas contra la inseguridad que violentan los derechos humanos, particularmente en lo tocante al tratamiento a delincuentes provenientes de las maras, que son presos en condiciones de hacinamiento en medio de la pandemia.
Adicionalmente, en sus discursos, el mandatario también ha desatado polémicas. Por ejemplo, el que ofreció sobre la matanza en El Mozote, conjunto de masacres cometidas contra la población civil en 1981 por la Fuerza Armada de El Salvador, puesto que acusó a gobiernos anteriores y a los defensores de derechos humanos que acompañan a los sobrevivientes, de lucrarse con el caso penal de un suceso que dejó cerca de mil muertos, mayoritariamente mujeres y niños.
Sus detractores también le demandan que bloqueó una inspección judicial a los archivos secretos de esa masacre.
A esto hay que adjuntar que desde agosto de 2020, varias organizaciones civiles en El Salvador instaron a crear alianzas contra acciones del gobierno salvadoreño y representantes de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares hicieron un llamado urgente contra lo que calificaron de prácticas antidemocráticas por parte del gobierno de Bukele. Además, instan a crear una alianza ciudadana contra la «intolerante, autoritaria y demagoga administración del país».
Morena Maurillo, integrante del Foro Nacional de Salud, agregó que en el contexto de la pandemia, las acciones del Ejecutivo y el presidente han mostrado poca transparencia ante el manejo de la situación sanitaria.
Murillo señaló el cierre al acceso de información pública o rendición de cuentas, que le ha generado desgaste político y que impacta a la población.
Estas organizaciones sociales añaden que Bukele incurre en el «abuso y violación de la libertad de expresión e información a través de ataques digitales contra opositores a su planteamiento y acoso mediático a dirigentes y periodistas. Rechazan la militarización del país, el manejo inadecuado del tema medioambiental y la lógica neoliberal cada vez más arraigada, manifestada en el desmantelamiento de programas de protección a sectores vulnerables, menos inversión social y la estrategia de más endeudamiento», relató el analista para concluir la edición.
(LaIguana.TV)
