La Fundación Internacional de Derechos Humanos exhorta a la Unión Europea a suspender la exportación militar a Colombia y sancionar al presidente colombiano, Iván Duque, por violación a los derechos humanos.  

Las organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia denuncian que desde que se iniciaron las protestas, 37 personas han sido asesinadas a manos de las fuerzas de seguridad y 370 están desaparecidas. 

«Nos están matando», denuncian los manifestantes. Hasta el momento, el Gobierno mantiene el despliegue militar y policial en las principales ciudades del país. 

Desde la Fundación Internacional de Derechos Humanos exhortan a la Unión Europea a suspender la exportación de armas al Gobierno colombiano que podría usar contra la población civil desarmada. También piden aplicar las mismas sanciones que se imponen contra otros países «con los que están enfrentados». 

Insisten que su «principal interés es el fin de las violaciones de derechos humanos contra la población civil», «se ponga fin a la violencia» y «se apueste por soluciones democráticas». 

Sobre esta situación Sputnik conversa con Jaume d’Urgell, secretario ejecutivo de la Fundación Internacional de Derechos Humanos. 

—¿Cómo valoran ustedes lo que está sucediendo en Colombia?, ¿qué es lo que les alarma más? 

Lo que más nos alarma a nivel inmediato son los efectos de lo que realmente ocurre. Los efectos más visibles son la violencia indiscriminada contra civiles desarmados y la sistemática violación de derechos humanos, tanto por parte de las autoridades, la fuerza pública, como previsiblemente por grupos armados vinculados o cercanos a los intereses del Gobierno del presidente Iván Duque.  

Esto es lo que más nos alarma, pero es evidente que esto tiene una serie de factores desencadenantes que se encuentran en el descontento popular ante la dificultad de asumir una serie de reformas planteadas desde el Gobierno que llegan sobre una población especialmente empobrecida, tanto por las circunstancias de la pandemia que se han vivido en el último año, como por una estructura sistémica anterior, basada en un modelo de producción que no es justo. 

—Ustedes han pedido al Parlamento Europeo suspender cualquier tipo de operación comercial que suministre armamento al Gobierno colombiano ante «los gravísimos episodios de violencia policial y militar contra civiles desarmados». ¿Qué respuesta han recibido? 

Esto lo hemos dirigido a una serie de miembros del Parlamento Europeo, de varios grupos políticos, grupos parlamentarios, y la proposición todavía es muy mediata y estamos a la espera de que se tome en consideración y que se agende para su tratamiento en el pleno. La burocracia europea, en ocasiones, casi me atrevería a decir que en función de los intereses que subyacen, es más rápida o más lenta. 

En estos momentos tenemos que esperar a que el Parlamento Europeo, la mesa del Parlamento, asuma siquiera la posibilidad de la pregunta y después ver cuál es la respuesta que se le otorga. Como mínimo, el mero hecho de que se pueda formular una cuestión de este calado en el Parlamento Europeo dirigida no solo al Parlamento, sino a la Comisión Europea, ya es un logro. 

—Pero ¿sí consideran que se debería prohibir cualquier suministro de armas al Gobierno colombiano?, ¿por qué?  

—Hace unos días, el portavoz del Partido Demócrata en la Cámara de representantes de EEUU hizo esa misma proposición. Literalmente lo que propuso fue hacer uso de una serie de legislaciones que ya están en vigor en Estados Unidos, que prohibirían la colaboración militar con países que violan los derechos humanos. 

Bien, la Unión Europea, dispone también de una extensa tradición de estos aprobados, de directivas y disposiciones comunes de seguridad que también prohíben este tipo de actividades. Prohíben tanto la colaboración militar como el suministro de exportaciones y armamento que pudiera ser utilizado contra la población civil indefensa. Tanto la propia, como la de otros países. 

Entonces, más que pedirle al Parlamento Europeo que apruebe este tipo de legislaciones, que ya están en vigor, lo que hacemos es exhortar a la Comisión Europea a que aplique estas leyes que ya existen para que, en este caso, como mínimo, cautelarmente, provisionalmente, se deje de suministrar, se interrumpa cualquier tipo de exportación de material antidisturbios y militar que pudiera ser utilizado por el Gobierno de Colombia contra su propia población civil desarmada. 

—Desde la ONU, la Unión Europea han condenado el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, pero la violencia no cesa. Ya van 37 muertos, según lo que registran organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia, y más de 370 desaparecidos ¿Han sido suficientes estos pronunciamientos?, ¿qué hacer para proteger a la población que se está manifestando y que está pidiendo ayuda porque dicen que los están matando? 

—Es difícil de entender la situación y es difícil imaginar un escenario en el que esa violencia tenga un fin urgente. Es difícil porque, como he dicho antes, hay que analizar cuáles son las causas, y la causa es que es un estallido de protestas de una población que no puede soportar más este tipo de políticas de corte neoliberal que vienen a poner en juego casi la estructura de la sociedad.  

No estamos hablando solo del factor desencadenante final, que ha sido la propuesta de reforma tributaria, que ya ha sido retirada, bueno, no retirada, sino que dijeron que retiraban su posición actual y que la reformularían. Existe un gran temor a que la vuelvan a presentar con ligeros cambios dentro de muy poco tiempo. Pero ese no ha sido el único elemento. 

Este mismo gobierno tiene el compromiso y la determinación de emprender otras reformas muy graves, como, por ejemplo, la de la salud, que podría poner en riesgo el acceso universal, sobre todo de las personas de la clase trabajadora y de condición social más humilde, a la salud cuando la necesitan. También existe otra reforma en previsión que es la reforma de las pensiones, que ya de por sí son irrisorias, son muy pequeñas, pero que si encima ponemos en riesgo la posibilidad de que las personas mayores puedan ver cómo sus ingresos desaparecen, pues claro, este tipo de medidas no se puede asumir sin ningún tipo de respuesta. 

Lo que es muy extraño es que es incomprensible que el Gobierno se arriesgue a tanto, porque un estallido social con un tipo de protestas generalizadas no sé cuánto tiempo se pueden sostener, porque no es solo un desgaste de la reputación del país y del Gobierno, sino que tenemos que tener en cuenta, sobre todo, el coste humano en víctimas.  

Tenemos una gran preocupación, sobre todo, por las desapariciones forzosas. Tenemos miedo un miedo razonable, porque conocemos la historia, a que se conviertan en asesinatos. Y eso es inaceptable. La comunidad internacional debería implicarse mucho más. Lo que sucede es que, por ahora, se le sigue considerando un asunto interno del país. 

—Sin embargo, el Gobierno colombiano insiste en calificar a los manifestantes como vándalos e incluso el presidente Duque ha pedido recompensa por ellos. A su vez, se ve a la gente cada vez más indignada, enardecida, ¿En qué podría desembocar esta situación? 

—Las declaraciones del presidente en este sentido son irresponsables. Hay muchas manifestaciones que tienen un curso completo: de convocatoria, origen, desenlace y culminación de forma pacífica, sin problemas, y la violencia sobreviene cuando aparece la fuerza pública. Entonces, está en la capacidad del presidente pacificar su propio país. ¿Cómo? Primero, impartiendo la orden de que se termine la actividad militar desproporcionada. Segundo, será necesario, imprescindible, que se abra una investigación independiente sobre los innumerables casos de excesos policiales que han ocurrido estos días.  

En la memoria está lo sucedido en otros países. Casos como los de los presidentes Alberto Fujimori y la presidenta de facto, Jeanine Añez, que una vez concluidos sus mandatos han tenido que enfrentar responsabilidades penales por sus actividades al frente del Gobierno. No es descartable que en algún momento no muy lejano el presidente Iván Duque, así como su ministro de Defensa, tengan que responder por sus actos presentes ante los tribunales de justicia. 

—Pero ellos insisten, al menos el expresidente Álvaro Uribe, el presidente Duque y el comandante del Ejército, en decir que lo están haciendo bien, como se vio recientemente en un vídeo. Además, denuncian que no se está respetando los derechos humanos de las fuerzas de seguridad. ¿Qué responden ustedes? 

—A ver. Los derechos humanos son comunes para todo ser humano. Está claro que los miembros de las fuerzas de seguridad tienen derechos humanos, pero está mucho más claro que la protección internacional y la mayor sensibilidad tiene que ir por aquellos que no poseen armas.  

Hemos condenado a través de una declaración formal que emitimos desde la Fundación Internacional de Derechos Humanos, que el discurso de criminalización de la protesta legítima es en sí mismo una posición clara contraria a los derechos humanos. Todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresión, de reunión y de asociación, siempre que sea pacífica. El pueblo tiene derecho a protestar, y este derecho ni siquiera se puede prohibir en situaciones de conmoción interna. Entonces, decir que aquellas personas que no piensan como uno son vándalos, nos recuerda al estilo de comunicación de Estados totalitarios. 

—Ustedes también han pedido aplicar sanciones internacionales contra el presidente Duque y los responsables de las violaciones de DDHH. ¿Quién debería aplicar esas sanciones?, ¿en qué consistirían? 

—Conocemos algunas entidades internacionales que son muy dadas a rápidamente aplicar sanciones personales sobre los altos cargos de países con los que están en desacuerdo. Es muy típico observar cómo Estados Unidos y la Unión Europea, principalmente, suelen, como parte de las campañas de comunicación y propaganda, informar que han bloqueado cuentas bancarias en el extranjero de destacados miembros oficiales del Gobierno de algunos países con los que están en conflicto. Pues lo que pedimos es igualdad. Es inequívoco que en estos momentos el Gobierno de Iván Duque tiene responsabilidades directas sobre los abusos de derechos humanos que está sufriendo su población. 

Por lógica, si en episodios anteriores, la Unión Europea y EEUU han adoptado medidas contra altos dirigentes de países con los que están enfrentados, con pretextos de violación a los derechos humanos, en estos momentos, con estas violaciones de los derechos humanos que están y son evidentes, son flagrantes, lo razonable sería que se hiciera lo mismo respecto de los principales responsables gubernamentales de esta represión y exceso policial. 

Por tanto, me atrevería incluso a decir, que el presidente de Colombia, así como su ministro de Defensa y los principales responsables de la Policía Nacional de Colombia y de su Departamento Antidisturbios (Esmad) son muy claramente responsables de violaciones de derechos humanos y, por tanto, sus nombres deberían estar en una lista internacional para detención, arresto y puesta a disposición de los tribunales internacionales para que respondan por sus actos. Esto en cuanto a su libertad personal y su necesidad de responder por las responsabilidades que hayan asumido. 

Pero, por otra parte, al igual que se hace en otros casos, si disponen de activos financieros en otros países, lo razonable sería que se aplicara contra ellos los mismos criterios que en el pasado se ha aplicado contra otros. 

(Sputnik) 

 
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