Leo a un buen amigo en Twitter decir, con aire eufórico, que en el caso de Lácteos Los Andes, “una obrera echó por tierra una estructura de corrupción”. 

Es cierto. En lo personal se siente orgullo por la obrera, por el presidente que le prestó oídos y por las autoridades que se movilizaron ante las órdenes del jefe del Estado. 

Pero (¿por qué será que a uno le toca el papel de aguafiestas?) … siempre hay un pero. Y el pero en este caso es grueso, pesado, particularmente cortanota. Más que un pero es una maraña de peros. Tratemos de desenredar la madeja. 

Excepción y no norma

El primer cuestionamiento que surge ante esto que está pasando es que la acción decidida de las autoridades del Estado (poderes Ejecutivo, Legislativo, Ciudadano y Judicial, en este caso) no debería ser la excepción, sino que tendría que ser la norma. 

Es maravilloso que haya ocurrido en esta empresa específica, pero es anómalo que haya pasado porque la denuncia llegó a oídos del presidente (gracias a la valentía de una mujer, insistamos en ello). Si se analiza la estructura del Estado venezolano se encontrará que hay unas cuantas vías institucionales por las cuales esto debió procesarse. Y no se había hecho, hasta que Nicolás Maduro montó en cólera en cadena nacional. 

En este sentido, una de las aristas de esta investigación debería ser –en mi opinión- llamar a todos los que debieron haber alertado sobre esto (antes de que lo hiciera la obrera) y, sobre todo, quienes estaban obligados a tomar las medidas preventivas y correctivas.  

No puede ser que ahora se haga leña con el presunto corrupto mayor (es obligación profesional usar la palabra presunto) y no se someta a indagación y eventualmente a castigo a quienes tenían la misión de supervisar y controlar y no lo hicieron, sea por complicidad o por negligencia. Que nadie se haga el desentendido. 

En algunos casos no se trata de que los organismos encargados hayan incumplido su tarea, sino que no se tomaron las medidas correspondientes. Si se revisan los informes de la Contraloría General de la República podrán encontrarse objeciones y alertas sobre Lácteos Los Andes al menos desde 2016, por solo hacer referencia a uno de ellos. Según lo establecido en el ordenamiento jurídico, después de tales alertas, la misma Contraloría debió sancionar administrativamente y, en caso de no corregirse las infracciones, ha debido actuar el Ministerio Público. Tal parece que no lo hicieron. 

La contraloría política y entre pares

Aparte de los organismos técnicos y administrativos internos y externos de auditoría y contraloría que incumplieron sus deberes (o que los cumplieron a medias o que los cumplieron y el resto de la estructura no les siguió el paso), hay que anotar acá también a los factores políticos que –una de dos- o se hicieron de la vista gorda o participaron en la trama de corrupción. 

Por favor, no vaya nadie a salir con la excusa de que ningún cuadro del partido se había dado cuenta. ¿Cómo sería eso posible si estamos hablando, según lo que se ha conocido hasta ahora, de un típico personaje del mundo de la corrupción, con un estilo de vida propio de ricos y famosos? 

Y lo que se dice de los compañeros de partido puede decirse también de otros pares del principal imputado: la gente del ámbito militar. En un mundillo tan chismoso como el castrense (con el perdón de los lleva y trae civiles) ¿se puede creer que este oficial se estuviese “llenando” en secreto?  

Bueno, eso podría creerse en otros casos, pero no en el del coronel Luis Augusto Piligra Jiménez, pues todo parece indicar que la discreción con la plata no era su fuerte. 

¿Y los otros denunciantes?

Hay otra objeción de gran peso en este episodio de la lucha contra la corrupción y es el hecho irrefutable de que muchas otras personas que han actuado (en sus respectivos organismos y empresas del Estado) de manera parecida a la aguerrida trabajadora de Lácteos Los Andes no han tenido, ni lejanamente, el mismo resultado ni tampoco la misma receptividad. 

Entre esos denunciantes hay algunos que salieron baratos, como se dice coloquialmente, porque simple y llanamente no les pararon ni un milímetro. Los ignoraron de la forma más turística y algunos se convirtieron en eso que, desde tiempos bíblicos, se llama una voz que clama en el desierto. 

Otros, en cambio –y esto es más grave todavía- han pagado cara su determinación de denunciar. Han sido víctima de las clásicas operaciones de los corruptos, mediante las cuales es el acusador quien termina desempleado o, peor aún, preso, viviendo situaciones definitivamente infernales en las que incluso se han irrespetado los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso. Esto para no hablar de quienes han sufrido violencia e intimidación física, pues ese ya es otro nivel.  

Tal como en el punto anterior, que nadie se haga el asombrado porque estos casos de denunciantes perseguidos también han sido debidamente planteados ante los organismos con competencia y hasta en forma pública, y no (no solo) por gente que anda pescando en ríos revueltos. 

El factor electoral

Cerremos el capítulo de los atorrantes “peros” que surgen a propósito del caso Lácteos Los Andes con uno particularmente insidioso, aunque más que un “pero” es un deseo, quizá una ilusión. Qué bueno sería comprobar, pasado el mes de noviembre próximo, que esta atención oportuna y efectiva a la denuncia de una vocera de la clase trabajadora será una conducta permanente del Estado venezolano, que en nada tengan que ver las elecciones que se han anunciado oficialmente esta misma semana.  

Remembranzas domingueras

Hace unas semanas se cumplieron dos años del fallecimiento del maestro de maestros del periodismo Eleazar Díaz Rangel. El caso de Lácteos Los Andes es una buena excusa para recordarlo, pues él fue pionero en la denuncia, desde el campo de la comunicación revolucionaria, de casos de corrupción e ineficiencia en las empresas y activos estatizados.  

En 2006 -es decir, muy temprano en esta larga historia y en la etapa más incandescente del comandante Hugo Chávez-, Díaz Rangel presentó el caso del Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora, emblema de las primeras nacionalizaciones impulsadas por la Revolución. El CAAEZ fue precozmente convertido en mal ejemplo por funcionarios ladrones e ineptos y correspondió al profesor dar los detalles del caso con la rigurosidad que siempre lo caracterizó. 

Hoy es un día apropiado para reivindicar este enorme mérito, pues de no haberse marchado en 2019, muchos estarían leyendo esta mañana las opiniones (y los datos en caliente) de EDR sobre el caso de moda, en sus imprescindibles Domingos de Díaz Rangel. 

(Clodovaldo Hernández / LaIguana.TV) 

 

 

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