El titular de una extensa nota, publicada por el diario El País de España dice: «La red que burló las sanciones de Estados Unidos a Venezuela». En el sumario o entradilla del reportaje, destaca que la investigación «revela cómo se gestó una trama que involucra a decenas de personas y empresas, viaja por casi una treintena de países y mueve el dinero entre paraísos fiscales para crear un opaco negocio multimillonario«.

¿Conclusión lógica de estas  frases de presentación del trabajo periodístico? Que las «sanciones» de EEUU son la ley, la norma válida del derecho internacional e, incluso, lo moralmente correcto, mientras las acciones de Venezuela para evadirlas son oscuras, delictivas, tracaleras y sórdidas.

Este trabajo de El País es solo una muestra de una de las funciones más deplorables que está cumpliendo el aparato mediático global: la de legitimar las medidas coercitivas unilaterales (mal llamadas «sanciones«) y los bloqueos que el gobierno de Estados Unidos y sus satélites europeos les imponen a terceros países que se niegan a obedecer los designios imperiales. 

Como consecuencia de esa legitimación, la maquinaria comunicacional criminaliza a quienes se esfuerzan por evadir tales medidas y bloqueos.

Recalquemos porque decirlo una vez no basta: Los medios de comunicación al servicio del capitalismo hegemónico desarrollan discursos que exponen las medidas coercitivas y los bloqueos como normas válidas, equivalentes a ley internacional y al imperativo moral. Por lo tanto, deben ser respetadas por los países, organizaciones, empresas e individuos. Bajo esa óptica, quienes no acaten tales disposiciones son tratados como delincuentes o sujetos moralmente cuestionables.

No se trata de simples fakenews o de ejercicios aislados de posverdad. Es todo un tinglado basado en una falsedad fundacional.

Las medidas coercitivas unilaterales y los bloqueos no derivan de la aplicación del derecho internacional. No son fruto de una legislación que haya sido discutida en foros multilaterales y aceptada por los Estados soberanos según sus respectivas normas constitucionales. 

Son decisiones -con motivaciones políticas, económicas o ambas- de determinados gobiernos en contra de otros. 

Son actos imperialistas y colonialistas pues se afincan en el dominio de los países poderosos sobre los débiles. Pretenden que la condición de potencias les otorga el derecho a aplicar extraterritorialmente sus leyes.

Son actos intimidatorios y extorsivos. Equivalen a la pistola del asaltante en un atraco; o a la amenaza de tortura o a la tortura misma como mecanismos para «convencer» a alguien de que haga algo o deje de hacerlo.

Son actos unilaterales porque la autoridad de quien ejerce las represalias o castigos no ha sido aceptada por quien los sufre. 

Así opera el discurso de la maquinaria mediática

Para sostener esta aplicación planetaria del poder de un país y sus cómplices, los medios juegan un rol clave.

El caso de la detención de Álex Saab en Cabo Verde y la pugna por su extradición a Estados Unidos dejan en claro el papel que el aparato mediático capitalista cumple, de cara a la opinión general, como legitimador de las medidas coercitivas unilaterales y los bloqueos y, a la vez, como criminalizador de quien se niegue a cumplir tales mandatos.

En estos empeños confluyen los grandes medios de comunicación convencionales de EEUU, Europa y Latinoamérica, así como los órganos de nuevo cuño, principalmente portales digitales o marcas personales de influencers de redes sociales y youtubers, muchos de estos –de manera abierta u oculta- financiados por agencias del gobierno sancionador.

De hecho, el reportaje de El País fue elaborado en colaboración con el portal venezolano Armando.Info, que ha hecho de la extradición de Saab a EEUU su delendaestCarthago, una especie de obsesión destructiva, según lo han dejado ver, incluso, connotadas figuras del periodismo opositor. Este medio de comunicación, subsidiado por agencias estadounidenses, trasladó sus operaciones a la sede de la revista Semana, en Bogotá, luego de que Saab los demandara por difamación en Venezuela. Sus dueños se consideran como perseguidos políticos.

[Por cierto, uno de los argumentos de Armando.Info contra Saab es que pasa por diplomático venezolano, pero su nacionalidad es colombiana. Cuestionan esto a pesar de que el portal opera desde Bogotá, con el apoyo de la revista, devenida en el órgano oficial del uribismo. Pero ese es otro tema]

El mensaje unificado de medios convencionales y nuevos apunta a establecer como verdad fáctica que EEUU tiene la facultad y el derecho de castigar a otros países cuando está en desacuerdo con sus políticas públicas o con el tipo de gobierno que tienen. No importa que ese derecho no exista, que la élite dominante de EEUU se lo haya arrogado. Los medios dan como un hecho que se trata de leyes de obligatoria observancia global.

El título del reportaje de El País contiene, pese a su brevedad, varios de estos elementos:

  • Se refiere a las represalias de EEUU como sanciones, abonando a la matriz, ya muy cristalizada, de que el gobierno de ese país tiene la atribución legal de castigar a otras naciones.
  • Utiliza la palabra red, que transmite la sensación de organización ilegal (tales como redes de narcotráfico, de lavado de dinero o de trata de personas).
  • Emplea el verbo burlar, que transmite la sensación de que el ejecutante de la acción está al margen de lo correcto, de lo ético, de lo legal, hace pensar en un ladrón que elude a la policía.

La entradilla es todavía más adoctrinante en este sentido. Procura dar la sensación inequívoca de que las acciones para vencer el bloqueo son actos criminales llevados a cabo por una organización irregular.

Dice que la investigación realizada «revela cómo se gestó una trama que involucra a decenas de personas y empresas», algo que, si a ver vamos, puede decirse de cualquier operación de comercio internacional de las que se realizan miles a diario, solo que en este caso se considera que esa es una característica reprensible, sospechosa, delictual.

El denominarla «trama» no es gratuito, sino un giro retórico para equiparar los trámites de importación y exportación con las actividades  ilícitas.

Luego, se afirma que las operaciones pasan «por casi una treintena de países y mueven el dinero entre paraísos fiscales para crear un opaco negocio multimillonario»

¿En qué radicaría lo ilegal o lo sórdido de esto? Si se trata del número de países por los que pasan las operaciones, no resulta inusual en el mundo actual. Pero, el aspecto realmente perverso de la insinuación es que se condene la búsqueda de vías alternas cuando se sabe que la razón para hacerlo es que la ruta principal ha sido cerrada deliberadamente. Resulta evidente que los negocios podrían realizarse de un modo mucho menos complejo si Venezuela no estuviera bloqueada y sometida a las medidas coercitivas unilaterales. Seguramente no harían falta tantas triangulaciones si la banca global del capitalismo hegemónico no estuviera participando de dicho bloqueo.

Entonces, señalar como una prueba de ilicitud las rutas no habituales de las operaciones equivale a denunciar como ilegal que alguien a quien tienen secuestrado y pasando hambre, haya recibido un plato de comida a través de una ventana o de un hueco en la pared.

Hipócritamente, esta prensa que sirve de megáfono al sistema capitalista hegemónico se refiere a los paraísos fiscales como antros de perdición, supuestamente al margen del ordenamiento de EEUU y los países de Europa, cuando en realidad se trata de uno de los más productivos negocios del sistema económico dominante, además de eficaces desaguaderos de recursos de mala procedencia. 

Para remachar la idea se califica las operaciones como «opaco negocio multimillonario», asimilándolo una vez más a las turbias transacciones de los sectores ilegales. Si se analiza con cuidado, la «opacidad» es una natural consecuencia del cierre de los mecanismos regulares del comercio internacional y de la persecución que EE.UU. lleva a cabo de todos los movimientos de dinero y bienes efectuados por Venezuela con el propósito expreso de impedirlos y no pocas veces de apropiarse indebidamente de los recursos.

El hecho de que las cifras intercambiadas sean multimillonarias no es razón para escandalizar, pues esa es la característica común de casi todos los contratos en la escala del comercio global. Sin embargo, en el trabajo de investigación, el monto de los intercambios es uno de los rasgos «sospechosos».

En el texto del reportaje abundan los giros discursivos para presentar como delitos  o actos corruptos las gestiones del Gobierno para hacer frente a las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo. A cada paso se habla de «urdir la trama», de «la trama de los Clap», «modus operandi», «echar mano de intermediarios», «fachada humanitaria», «esconder el rastro del dinero» y muchas otras. Todas coinciden en subrayar que evadir el bloqueo y la persecución financiera de EE.UU. es ilegal o condenable moralmente. Esa es la matriz y se esfuerzan en sostenerla en todo momento.

(Clodovaldo Hernández / LaIguana.TV)

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