“Comienzan a caerse las máscaras. Los que perseguían a otros, ahora van a ser perseguidos. Jair Bolsonaro, el que le quitó a Lula Da Silva la posibilidad de volver a la presidencia y le arrebató la libertad, ahora es señalado como corrupto por sus propios colaboradores”, expresó Miguel Ángel Pérez Pirela en una entrega de su programa Desde Donde Sea en la que también repasó los casos de corrupción que han afectado a la clase política peruana, la misma que mantiene en suspenso, tres semanas después, el resultado de las más recientes elecciones presidenciales.

Bolsonaro en la mira

Varios senadores brasileños solicitaron este lunes 28 de junio a la Corte Suprema la apertura de una investigación contra el presidente, Jair Bolsonaro, por presuntos delitos de corrupción asociados a la compra de vacunas anticovid con la farmacéutica india Bharat Biotech.

El senador Randolfe Rodrigues, señaló que el mandatario estaría enfrentando «varios casos de tráfico de influencias, corrupción pasiva y activa, prevaricación y otros delitos», relacionados con el contrato de intención de compra firmado entre el gobierno y la empresa india Bharat Biotech por 20 millones de dosis de la vacuna Covaxin.

Respaldado por los legisladores Jorge Kajuru y Fabiano Contarato, Rodrigues explicó que además se cometieron “numerosas irregularidades” en ese negocio, con un costo de 320 millones de dólares por «vacunas aún no certificadas por la agencia reguladora de Brasil y un precio 11 veces mayor al estipulado por el fabricante».

“Queda claro que Bolsonaro no solo ha sido causa eficiente aristotélica de que Brasil sea uno de los epicentros mundiales de la Covid-19, opuesto a las vacunas y de las medidas de bioseguridad, sino que además estaba haciendo negocios con las vacunas. Es enemigo público de las vacunas, pero amigo privado de la corrupción para adquirirlas. ¡Qué vergüenza!”, expresó Pérez Pirela.

El pasado viernes el diputado Luis Miranda reveló a una comisión del Senado que en dicha negociación con Bharat Biotech, se acordó depositar parte del pago por las vacunas a una empresa que no figuraba en el contrato, la firma Madison, con sede en Singapur. Este es un dato calificado como “altamente sospechoso” por la comisión parlamentaria y al cual se suman con otras cláusulas del contrato, que tenía como «intermediario» a un empresario brasileño.

“A esto hay que sumarle las grandísimas protestas populares que cada vez más reaccionan  contra Bolsonaro”, dijo el moderador, e invitó a ver un reportaje del corresponsal de Telesur en Brasil,  André Viera, sobre la reunión parlamentaria referida.

En el material periodístico, se afirma que una vez más el gobierno de Bolsonaro fue acusado de irregularidades, pero esta vez por Luis Miranda, que es un diputado bolsonarista, y por su hermano, Luis Ricardo Miranda, jefe de Importaciones del Ministerio de Salud. Ambos presentaron recaudos para demostrar un esquema de corrupción en la compra de la vacuna. El escándalo afecta directamente a Bolsonaro porque los funcionarios dicen que se le presentaron oportunamente la denuncia al mandatario y solo ayer se anunció que sería investigado. En la sesión parlamentaria se denunció que hubo sobreprecio de 1000% y pago adelantado de 100% del monto del contrato. Destacó el funcionario del Ministerio de Salud que recibió presiones de sus superiores para que desistiera de las denuncias. Recurrió a su hermano parlamentario quien llevó el caso ante el presidente Bolsonaro el 20 de marzo. Según el diputado, el mandatario dijo que se trataba de un hecho grave, y que el responsable era otro parlamentario, cuyo nombre aseguró no recordar. Acotó el periodista que la vacuna india es la más cara comprada por Brasil: 20 millones de dosis a 15 dólares cada una. La investigación toca a Precisa Medicamentos, una empresa ya investigada por otros escándalos de corrupción en el pasado y por vender pruebas de baja calidad de covid-19.

Pérez Pirela señaló que supuestamente, el empresario, identificado como Francisco Maximiano, ya incurrió en fraudes en el área de la salud, fue dueño de otra empresa investigada por corrupción por haber «vendido» al Ministerio de Salud unos insumos médicos que nunca entregó.

El gobierno a su vez ha acusado a Miranda de calumniar y traicionar a Bolsonaro, quien alega desconocer detalles de las negociaciones para la compra de la Covaxin y subraya que no se ha pagado un centavo, pues el fármaco aún no ha sido aprobado por las autoridades sanitarias.

Bolsonaro reaccionó el sábado a los señalamientos hechos la víspera por la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado. Lo hizo atacando a la comisión y alegando que las investigaciones que adelanta son mentiras. “No sirve de nada que ataquen, inventen o quieran calumniarnos porque no lo conseguirán. Solo una cosa me saca de Brasilia, nuestro Dios. No van a ganar en los despachos, ni inventando narrativas”, agregó.

El moderador reflexionó  sobre estas últimas expresiones: “Normalmente en una democracia es el pueblo quien mete y saca a los presidentes, pero ya hemos dicho en este programa que mucha gente piensa que Bolsonaro siempre ha acariciado la opción del golpe de Estado”.

La denuncia ha tenido repercusión en la opinión pública. Una caricatura de Carlos Latuff, muestra a Bolsonaro atravesado por la aguja de una inyectadora de Covaxin con la leyenda: Elecciones Brasil 2022.

¿Lula o Bolsonaro?

Presentó un titular de LaIguana.TV: “¿Lula o Bolsonaro? este sería el resultado de una primera vuelta en comicios de Brasil (+encuesta)”.

En el texto de este despacho noticioso se indica que el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva (2003-2011) vencería al actual mandatario, Jair Bolsonaro, en primera vuelta si los comicios generales del país fueran hoy, de acuerdo con una encuesta del instituto IPEC.

Lula tiene el 49% de la intención de voto frente al 23% de Bolsonaro, según la encuesta realizada entre el 17 y el 21 de junio a  2 mil 2 personas en todo el país, con un margen de error aproximado de 2%, consigna el portal de noticias local G1.

A más de un año de las elecciones presidenciales, previstas para octubre de 2022, el líder del Partido de los Trabajadores tiene 11% más que la suma de sus posibles oponentes. 

“Algo parecido está pasando en Colombia con Petro. Vienen momentos muy interesantes en nuestra región”, acotó Pérez Pirela y prosiguió con la lectura.

El laborista Ciro Gomes tiene un 7%; el gobernador de Sao Paulo, Loão Doria, un 5% y el exministro de Salud Luiz Henrique Mandetta apenas un 3%.

Lula también obtuvo una mayoría favorable ante la pregunta de a qué candidato votarían con seguridad o no lo harían en absoluto, con 61% de los encuestados que manifestó que lo apoyaría frente al 50% que sumaba en febrero y un 36% que no lo haría (44% en febrero).

En el caso de Bolsonaro, un 33% dijo que lo votaría o podría hacerlo, cinco puntos porcentuales menos que en febrero y un 62% que no lo haría en absoluto (56% en febrero).

El chance de Lula aumentó luego de que la justicia del país anulara las condenas penales en su contra, posibilitando que se presente como candidato, mientras que Bolsonaro ha perdido apoyo debido a su manejo de la pandemia de covid-19 que en Brasil ya deja más de 500 mil muertos.

Lula absuelto

“Es una de las grandes noticias de los últimos tiempos para nuestra América. Cuánto tuvo que sufrir Lula porque al delincuente de Bolsonaro y sus cómplices querían mantenerlo fuera de la competencia electoral”, expresó Pérez Pirela.

El pasado 21 de junio la Justicia Federal de Brasil absolvió al expresidente Lula Da Silva y a otros acusados en un supuesto caso de corrupción pasiva en el marco de la llamada Operación Zelotes.

El juez Frederico Viana, de la Justicia Federal del Distrito Federal, aseguró en su decisión que la denuncia de la Fiscalía, presentada en 2017, «carece de elementos, incluso de indicios, que puedan fundamentar, más allá de cualquier duda razonable, un eventual juicio condenatorio de los imputados«, publicó el portal de noticias local G1.

La acusación sostenía que, en el año 2009, cuando todavía era presidente, Lula había publicado una medida provisional para favorecer a empresas del sector automovilístico a cambio de coimas.

Según la denuncia de la Fiscalía, empresarios del sector habrían prometido 6 millones de reales (1,2 millones de dólares) para financiar las campañas electorales del partido de los trabajadores (PT).

Además de Lula también fue absuelto el exministro y ex jefe de gabinete de Lula, Gilberto Carvalho, y cinco empresarios del sector.

Tras la decisión judicial, la defensa del exmandatario remarcó en un comunicado que la sentencia «refuerza que el expresidente fue víctima de una serie de acusaciones infundadas y con motivación política».

Los abogados recordaron que en todos los casos juzgados hasta el momento Lula fue absuelto, a excepción de los dos casos que fueron conducidos por el exjuez Sérgio Moro y que fueron recientemente anulados por el Supremo Tribunal Federal «por la incompetencia y parcialidad del exmagistrado».

Con esa anulación, Lula recuperó sus derechos políticos y la posibilidad de presentarse como candidato en las elecciones de 2022, para las que parte como favorito en todas las encuestas.

¿Quién es Sérgio Moro?

En el programa se presentó una semblanza de Moro. Pérez Pirela reiteró que fue el juez que metió en la cárcel a Lula y lo dejó al margen de la campaña por la presidencia. “Luego de que fue electo, Bolsonaro designó a Moro ministro de Justicia. Un entramado de juegos politiqueros y leguleyos, que les funcionó porque fue electo Bolsonaro, pero la mentira tiene patas cortas. Luego renunció porque tiene ínfulas presidenciales”.

Como juez, Moro se convirtió en una destacada figura por dirigir el proceso por el que el expresidente LulaDa Silva acabó en la cárcel y la llamada Operación Lava Jato.Así, se convirtió en un personaje clave en su país: primero puso contra las cuerdas al gobierno de la expresidenta Dilma Rousseff, destituida en un juicio político, y posteriormente condenó a Lula, a quien sentenció a una pena de nueve años y medio de prisión por corrupción y lavado de dinero.

Al frente de la gigantesca causa de sobornos en Petrobras, Moro llevó a prisión a políticos y a algunos de los empresarios más ricos de Brasil.

Estas medidas le valieron a Moro tanto aplausos como acusaciones de atropello a la ley y se le objetó su perfil político.

Su nombramiento como ministro de Justicia y Seguridad Pública en el gabinete de Bolsonaro reforzó la opinión de sus críticos, que le reprocharon su falta de imparcialidad en el proceso contra Lula.

Y es que aunque en la investigación de la operación Lava Jato cayeron políticos de todo el espectro, Moro parecía especialmente duro con la izquierda, en concreto con Lula, que salió en libertad el pasado 8 de noviembre tras estar 19 meses en prisión.

La libertad de Lula fue posible tras la resolución que emitió la Corte Suprema de Brasil estableciendo que, como dice la Constitución, un condenado solo puede ir a prisión una vez haya agotado todos sus recursos.

Ofreció a la audiencia un video del canal alemán DW, del año 2020, cuando Moro era ministro y se destapó la investigación contra él. El presentador comentó que Moro, en su carácter de traidor,  solo es comparable con figuras como Luis Almagro.

El video señala que el Lava Jato ha dado un giro inesperado al filtrarse mensajes que implican a varios fiscales en una trama para implicar a Lula, todo ello bajo la coordinación de Moro. Se indica que los fiscales tuvieron dudas desde un principio por la debilidad de las pruebas, pero pese a ello Lula fue acusado. El juez dirigía a los fiscales, les indicaba cómo presentar sus denuncias. Al descubrirse los mensajes intercambiados, los jueces y fiscales que se habían  presentado como paladines de la justicia, quedaron en evidencia y podrían dejar de ser los investigadores para ser los investigados.

El reportaje indica que Moro también manipuló para impedir que Lula concediera una entrevista al diario Folha de Sao Paulo, porque podía favorecer al candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, adversario de Bolsonaro dada la ausencia obligada de Lula.

En abril de 2020, Moro renunció al ministerio y entregó pruebas de intervención ilegal de Bolsonaro a la Policía Federal. Explicó que renunciaba por la destitución del director general del cuerpo de seguridad, Mauricio Valeixo, por parte de Bolsonaro y mencionó la necesidad de tener autonomía para ejercer sus funciones.

Además, lanzó graves acusaciones contra Bolsonaro y denunció «interferencias políticas» en la lucha contra la corrupción al afirmar que Bolsonaro le había revelado quería en la dirección de la Policía a alguien con quien tener «contacto personal, para llamarlo y pedir información, informes de inteligencia».

Consignó otro video acerca de la renuncia de Moro, que fue un balde de agua fría para Bolsonaro aunque también una pataleta de ahogado frente al escándalo de haber metido en la cárcel a Lula.

En el material audiovisual, Moro explica que renunció luego de que Bolsonaro le informó que iba a destituir aValeixo, hombre de confianza del ministro. Según el reporte, los ministros de la Casa Civil y la Secretaría de Gobierno intentaron convencer a Moro de quedarse en el cargo.

En mayo de 2020, Moro testificó para sostener sus acusaciones de que Bolsonaro interfirió políticamente en la Policía Federal, un caso que de ser probado, podría llevar a un proceso de destitución contra el presidente. Como pruebas, llevó conversaciones, audios y correos electrónicos.Durante más de ocho horas, Moro habló el sábado 2 mayo en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, para probar las denuncias que reveló el día en el que renunció.

Incluso, el exfuncionario puso a disposición su celular para un examen pericial, según el diario O Globo.

Ante esto, Bolsonaro llamó «Judas» a Moro horas antes de que el exministro prestara declaración ante las autoridades.

“Moro y Bolsonaro juntos metieron preso a Lula, que salió blanqueado de la cárcel y ahora son estos dos los que se están matando por el poder. Moro estuvo en Washington en estos días y una dama brasileña lo escrachó. El video se hizo viral”, resumió Pérez Pirela.

Argentina: Macri corrupto

El conductor de Desde donde sea continuó desarrollando el tema de la corrupción como factor en la política latinoamericana. Para ello abordó el caso de Argentina.

“Tal como lo adelantamos la noche del lunes, cuando lo presentamos como noticia de última hora,  el fiscal federal argentino Ramiro González imputó al expresidente Mauricio Macri por supuesto ocultamiento de parte de su patrimonio, luego de una denuncia presentada la semana pasada por la Oficina Anticorrupción (OA)».

Se trata de una supuesta operatoria ilegítima del fideicomiso ciego de Macri, acompañada de una serie de inconsistencias en las declaraciones juradas presentadas oportunamente por el expresidente, y de las que se desprende que Macri se habría transferido a sí mismo más de 50 millones de pesos entre 2017 y 2020.

A esta infracción, asociada con el delito de enriquecimiento ilícito, se le suma un eventual lavado de activos relacionados con las sociedades Agro G S.A., y Latin Bio suscritos por Macri cuando asumió la presidencia y con el fin de desentenderse del manejo de parte de su propio patrimonio, trascendió en la denuncia de OA, y con la jueza María Servini a cargo del caso.

Ofreció un video de la televisora rusa RT sobre la imputación a Macri en el que el reportero señaló que la omisión de la declaración de actividades y propiedades es un delito grave en Argentina. Por ello la Fiscalía decidió dar curso a las acusaciones de la Oficina Anticorrupción. El fiscal ha dado paso a una serie de informes y diligencias para determinar si se cometió o no delitos. No se descarta que haya declaraciones testimoniales.

Perú, un caso peculiar

Otro país latinoamericano siempre envuelto en tramas de corrupción es Perú, donde ocho presidentes han sido acusados por corrupción en los últimos 30 años. Pérez Pirela recordó que es un país que se rasga las vestiduras para acusar a Venezuela, al punto de ser la sede del llamado Grupo de Lima, cuyo único propósito es imponer un gobierno de derecha en Venezuela.

Contando desde Alberto Fujimori hasta Martín Vizcarra, han sido seis los mandatarios con procesos judiciales, investigaciones, condenas, destituciones del Congreso, e incluso un suicidio, por casos de corrupción. Un flagelo que socava la legitimidad de las instituciones, y mantiene a la nación sudamericana en constante inestabilidad política.

Manuel Merino (10-15 de noviembre de 2020). Merino, que era el presidente del Congreso dominado por la oposición, tomó la presidencia tras la expulsión de Martín Vizcarra, en una decisión que generó diversas manifestaciones con un saldo de dos muertos y decenas de heridos; y desencadenó la renuncia de más de la mitad del gabinete de ministros.Fue el mismo Congreso fragmentado que acordó pedir, tras conocerse las víctimas de las protestas, la renuncia «inmediata» de Merino, miembro del partido de centro derecha Acción Popular.

Martín Vizcarra (2018-2020). Según reportes de la prensa local, Vizcarra supuestamente recibió, cuando fue gobernador de una región del sur del país hace siete años, 2,3 millones de soles (640.000 dólares) en sobornos de dos empresas que ganaron la licitación de obras públicas, algo que el mandatario ha negado.Asimismo, la fiscalía afirma que «existe mérito» para investigarlo sobre su vínculo con la contratación irregular de un cantante poco conocido como asesor motivacional, escándalo que desató el primer intento para expulsar a Vizcarra.

Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). Recordó Pérez Pirela que este fue el mandatario que afirmó que los gobiernos latinoamericanos eran como perritos que le movían la colita a EE.UU. Se encuentra bajo arresto domiciliario mientras fiscales lo investigan por favorecer contratos a Odebrecht para construir una carretera y una obra de riego cuando era ministro del expresidente Alejandro Toledo. Kuczynski negó inicialmente tener algún vínculo con el grupo brasileño pero terminó por reconocer que su consultora asesoró a Odebrecht en el financiamiento de proyectos que había ganado mientras era ministro. Luego Kuczynski renunció a la presidencia en medio de las presiones del Congreso.

Matizó con un video de DW sobre presidentes peruanos relacionados con Odebrecht  en el que se señala que Kuczynski no es el único expresidente peruano envuelto en líos judiciales, y se mencionan los casos de Alan García, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.

Prosiguió detallando la situación de los expresidentes:

Ollanta Humala (2011-2016). El militar retirado es investigado por presuntamente recibir tres millones de dólares de Odebrecht para la campaña electoral presidencial de 2011. Según la Fiscalía, parte de los fondos ingresó a su partido y otra parte se usó para elevar el patrimonio de Humala y de su esposa Nadine Heredia.Sobre Humala, que estuvo nueve meses en prisión preventiva, los fiscales han solicitado 20 años de prisión, pero el proceso judicial aún no ha comenzado. El exmandatario había dicho que planeaba postularse a las elecciones presidenciales del 2021.

Alan García (1985-1990/2006-2011). El exmandatario se suicidó en abril del 2019 con un disparo en la cabeza cuando la policía llegó a arrestarlo para investigarlo por un esquema de sobornos de Odebrecht. Tras su muerte sus bienes se encuentran inhibidos y embargados. García había negado varias veces acusaciones de presuntos sobornos. Durante su primer gobierno el país andino sufrió de una hiperinflación y de la violencia de grupos rebeldes, pero los peruanos le dieron años después al carismático líder político un segundo mandato que estuvo bajo la lupa judicial.

Alejandro Toledo (2001-2006). Toledo se encuentra en libertad bajo fianza en Estados Unidos mientras enfrenta un proceso de extradición a Perú donde es acusado de recibir sobornos por 20 millones de dólares de Odebrecht durante su mandato.El exmandatario, que ha rechazado las imputaciones, estuvo arrestado casi ocho meses en una prisión de California. Para la justicia peruana, Toledo es un fugitivo desde el 2017.

Alberto Fujimori (1990-2000). Actualmente cumple una condena de 25 años de prisión por ser autor intelectual del asesinato de 25 personas, entre ellas un menor, por parte de un grupo militar y policial que actuaba bajo la sombra en la lucha contra el grupo rebelde izquierdista Sendero Luminoso, que buscaba tomar el poder por la fuerza.Fujimori, que también ha sido condenado por corrupción, fue indultado por el exmandatario Kuczynski en la Navidad de 2018, pero este beneficio fue anulado a inicios de 2019 durante el periodo de gobierno del ahora destituido Vizcarra.

Valentín Paniagua (2000-2001). Destaca por ser el único exmandatario peruano de las últimas tres décadas que no ha tenido acusaciones de corrupción. Paniagua lideró un gobierno de transición tras la renuncia del exmandatario Alberto Fujimori por fax desde Japón, tras estallar el considerado mayor escándalo de corrupción en la historia del país sudamericano.Paniagua,un experimentado político que falleció en el 2006, fue elegido como representante al Congreso en varios periodos. Cuando asumió la presidencia interina era legislador del partido de centro Acción Popular.

Keiko Fujimori. Dijo Pérez Pirela que no se puede obviar a la derrotada candidata a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, pues enfrenta una acusación penal y un pedido de 30 años de cárcel por lavado de activos y otros delitos, por presuntamente recibir aportes ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña presidencial de 2011 y aportes de empresarios peruanos para sus campañas de 2011 y 2016.KeikoFujimori, del partido Fuerza Popular, ya había cumplido dos períodos de prisión preventiva entre 2018 y 2020, pero desde mayo de 2020 enfrentaba el proceso en comparecencia restringida (libertad bajo fianza).La Fiscalía de Perú pidió a inicios de junio que Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de Perú por tercera vez, vuelva a prisión preventiva.

Aprovechó el moderador para subrayar que han pasado tres semanas de las elecciones y aún el establishment peruana no ha reconocido al ganador de las elecciones, Pedro Castillo. “Es algo medieval”, afirmó.

Un usuario desde Perú señaló lo atrasado que es el sistema electoral, donde se vota con papel y lápiz y los resultados se registran en actas en cuya elaboración muchas veces ni siquiera están presentes los miembros de mesa.

Sudáfrica

Señaló que también se quiso presentar el caso de Sudáfrica, para evidenciar que fuera de la región latinoamericana también ocurren situaciones similares.

La Corte Constitucional de Sudáfrica condenó este martes 29 de junio al expresidente del país, Jacob Zuma, a 15 meses de prisión.

Zuma, de 79 años, fue declarado culpable de desacato al tribunal tras desafiar una orden de testificar ante un panel judicial que investiga la corrupción en el marco de su administración de nueve años entre 2009 y 2018.

El exmandatario solo compareció una vez ante la Comisión de Investigación e ignoró los llamados a presentarse que le hicieron previamente, arguyendo razones médicas o que estaba preparando su defensa en otros casos.

Presentó un video de Euronews en que explican el caso de corrupción y presentan testimonios de personas que celebran la medida, señalando que el presidente y sus allegados son corruptos y deben ser castigados. Entre esos allegados destaca la familia de origen indio Gupta, que han amasado fortuna en diversos campos, incluyendo medios de comunicación. Sobre el expresidente pesan unos 800 cargos de corrupción.

La jueza SisiKhampepe leyó el veredicto en el máximo tribunal sudafricano en Johannesburgo donde se indicó que Zuma intentó minar la autoridad del Poder Judicial con ataques atroces y calculados y que no queda más opción que enviar un mensaje rotundo para garantizar el imperio de la ley y la confianza de la sociedad en los tribunales.

“El Tribunal Constitucional solo puede concluir que Zuma es culpable de desacato a la justicia”, enfatizó Khampepe.

De acuerdo con el dictamen, Zuma debe entregarse a la policía en un plazo de cinco días y, de no hacerlo, el Ejecutivo, mediante el Ministerio de Seguridad, deberá asegurar que se cumplan las órdenes.

El exjefe de Estado sudafricano enfrenta varios cargos de fraude, corrupción y crimen organizado, relacionados con la compra, en 1999, de equipamiento militar a cinco empresas europeas de armamento cuando ocupaba el cargo de la vicepresidencia. En 2018 tuvo que dimitir tras una serie de escándalos.

Interacción

En el tramo final del programa Pérez Pirela preguntó a la audiencia si en los países donde se encuentran se habla de estos escándalos de corrupción, en particular los de Brasil, Argentina y Perú.

Participantes de Suecia, Bolivia, Ecuador, Chile, EE.UU., Colombia, Costa Rica, Francia, Italia,  España, Perú y México señalaron que no. “Si fueran casos de Venezuela, los medios no hablarían de nada más”, expresó una persona del público.

El moderador señaló que esa es la razón por la que existe Desde donde sea y por la que se tratan con profundidad estos temas. Una usuaria resaltó la importancia de esta labor. “Una persona que te vea desde cada pueblo es una esperanza para superar la desinformación”, dijo.

El cierre musical fue con el video de una presentación en vivo, en Caracas, del ícono salsero venezolano Orlando José Castillo, “Watussi”. El tema fue Allí estaré y la producción corrió por cuenta de Humana Cooperativa Audiovisual.

(LaIguana.TV)