Las conexiones entre las bandas delictivas de la Cota 905 y la extrema derecha venezolana van quedando cada vez más en evidencia, sobre todo a raíz de las detenciones realizadas luego de la Operación Gran Cacique Indio Guaicaipuro. El caos que estas organizaciones criminales intentaron desatar era parte de un plan mayor que se centraba en el asesinato del presidente Nicolás Maduro durante actos del Bicentenario de la Batalla de Carabobo.
El programa Desde Donde Sea, de Miguel Ángel Pérez Pirela, analizó esta peligrosa relación de la delincuencia común con los factores radicales de la oposición, un tema en el que inevitablemente salió a relucir la élite política colombiana, exportadora de terribles males para el resto de la región y del mundo, como el paramilitarismo y las lógicas mercenarias.
La “Fiesta de Caracas”
A propósito de la detención del opositor Freddy Guevara este 12 de julio en Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez ofreció una rueda de prensa en la que mostró la evidencia que lo vincula con lo que irónicamente llamaron ‘la Fiesta de Caracas’.
Se refieren a los eventos ocurridos entre el 7 de julio, que realmente debían comenzar el 5 (fecha patria venezolana) con el asesinato de personas a manos de las bandas criminales que operaban en la Cota 905.
Rodríguez dijo que, gracias al Operativo Gran Cacique Indio Guaicaipuro, en el que se desplegaron más de 3 mil funcionarios de seguridad en el suroeste de Caracas, se pudo detener e incautar los teléfonos de criminales, en los que se halló la evidencia presentada este 13 de julio.
En ese sentido, Pérez Pirela presentó un titular de LaIguana.TV: “Lo último: 4 drones que iban a matar a Maduro fueron desactivados en Campo de Carabobo”, que hace referencia a un plan que por fortuna no se concretó y que terminó siendo una derrota para estos grupos pagados con dinero político.
El plan de magnicidio iba a ser llevado a cabo el 22 de junio, durante la inauguración de los monumentos en el Campo de Carabobo, en la que estaba el presidente Maduro. Estos 4 drones, dijo Rodríguez, fueron desactivados gracias a las actividades de inteligencia del Estado.
Puso al aire las declaraciones de Rodríguez quien dijo que próximamente se sabrá dónde fueron comprados, quién los adquirió y cuál era el plan para asesinar al presidente y a todos los dignatarios que se encontraban en la inauguración del monumento a Carabobo.
Al fracasar la operación con drones contra el presidente, los paracos venezolanos, asesorados por los paracos colombianos activaron la violencia a través de las bandas criminales, a las que armaron y pagaron a través de las organizaciones no gubernamentales, factores extremistas de la oposición venezolana.
“Una primera pregunta que surge es ¿qué tiene que ver las bandas de la Cota 905 y lo que pasó en Caracas entre el 7 y el 9 de julio con la oposición? –planteó el moderador-. El presidente de la AN presentó varias capturas de pantalla recuperadas de los celulares de los detenidos durante el operativo en la Cota 905. En los teléfonos reposaban conversaciones entre Leopoldo López, desde Madrid, Freddy Guevara y otros personeros de la oposición venezolana que, pese a que asisten a las mesas de negociación con el Gobierno nacional y que han recibido medidas cautelares por parte del Estado venezolano, continúan en planes conspirativos para asesinar al presidente Maduro, a personas inocentes y para traer a Venezuela escenarios propios de la narcopolítica colombiana, porque todo lo que hemos visto en los últimos días no es otra cosa que un guion creado a imagen y semejanza de lo ocurrido en la vecina Colombia”.
Presentó otro titular de LaIguana.TV: “‘La Fiesta de Caracas’: Gilber Caro, Graterón, Hasler Iglesias, Guevara y Leopoldo en nuevos planes”.
Señaló que los protagonistas son estrictamente los mismos de los anteriores intentos de magnicidio, de invasión y de golpe de Estado. “Creyeron que como aquí estaban los noruegos y la Misión Técnica Exploratoria de la Unión Europea, tenían impunidad y mandaban a Freddy Guevara a las reuniones”, indicó el presidente del Poder Legislativo.
Durante su comparecencia ante los medios, mostró conversaciones entre Alfredo Jimeno y Gilber Caro, en las que señalaban que “los malandros quieren muestras de fe (dólares)” y, como respuesta, señalaron que eso lo resolverían, entre otros, Graterón.
También presentó capturas de WhatsApp de diálogos entre el prófugo exalcalde Chacao le pedía a Iglesias (un dirigente juvenil de Voluntad Popular) “activar a los chamos”, para tenerlos “protestando durante la Fiesta de Caracas”.
Enseñó evidencias de que el también exalcalde Chacao, Emilio Graterón, se había reunido con los terroristas de la Cota 905.
Consignó otro fragmento de la rueda de prensa, en la que Rodríguez explica que López envía órdenes desde la comodidad de su estancia en Madrid, “comiendo chipirones con su amigo, el gordo que fue embajador de España en Venezuela”. Dice que uno de los mensajes de López menciona a (Luis) Somaza, quien es un prófugo de la justicia venezolana desde 2019 pues fue uno de los participantes en el golpe de Estado frustrado de abril de ese año y, además, está involucrado en todos los guisos para perpetrar actos de violencia. Lo estamos buscando y lo vamos a capturar del mismo modo que capturamos a Guevara”. En dicho mensaje, López señala que “está cuadrando con Somaza un pago en dólares para los juguetes que se necesitan urgente”.
También refirió mensajes de Gilber Caro (un dirigente que ha estado privado de libertad varias veces, las primeras por delitos comunes), a quien le advirtió que las mesas de negociación ya se cansaron de indultarlo. “La próxima vez que lo capturemos, olvídese de indulto”.
¿Cómo llega la plata para pagar a los delincuentes?, se preguntó el moderador. Y acto seguido presentó otra parte de la extensa exposición de Rodríguez, en la que señala que Yon Goicochea, uno de los ‘gerentes’ de las organizaciones no gubernamentales que supuestamente defienden a Venezuela, es uno de los factores determinantes para convertir el dinero de criptomonedas en el efectivo con que pagan las acciones desestabilizadoras dentro del país.
“La plata llega por vía de criptomonedas o de transferencias desde las ONG, se la entregan a Caro y a Somaza y estos se la dan a los narcoterroristas que fueron desactivados en el suroeste de la ciudad”.
Al irse perfilando las identidades de los participantes en estas componendas, aparecen algunos nombres nuevos. Uno de ellos es el de Antonio Intriago. El programa indagó acerca de quién es y qué papel desempeña en toda esta movida extremista.
Nacido en Venezuela, es el jefe de la empresa CTU Security, empleadora de los mercenarios colombianos que torturaron y mataron al presidente de Haití, Jovenel Moïse.
La empresa de Intriago es una de las opciones que estudiaron los creadores de la Operación Gedeón, para ejecutar el contrato que finalmente Juan Guaidó terminó cerrando con Silvercorp, de Jordan Goudreau.
Itriago, el «reclutador de militares sicarios colombianos, organizó junto a Iván Duque en el 2019, el concierto en Cúcuta», dijo Rodríguez.
Rodríguez, en su comparecencia ante los medios de comunicación, mostró fotos de uno de los socios de Intriago, Alfred Santamaría, en cordiales encuentros con Álvaro Uribe y Guaidó. También hay gráficas de Iván Duque con Santamaría. Recalcó que Itriago y Santamaría son los dueños de la empresa que contrató a los mercenarios para el magnicidio de Haití.
¿Guevara desaparecido?
En la continuación de su análisis abordó el caso de Freddy Guevara, uno de los cabecillas de las acciones terroristas conocidas como guarimbas, en 2017 y del intento de desestabilización con las bandas delictivas en los últimos días. El sector opositor que lo respalda lo presentó el lunes como “desaparecido”.
Presentó nuevamente a Rodríguez, quien afirmó que el exdiputado fue detenido por orden expresa de la Fiscalía General de la República, que designó a dos fiscales para el caso. Señaló que ya se le dictó privación de libertad. “Eso de que está desaparecido es mentira, es falso. Intentó perpetrar hechos que violan la Constitución y la paz de la República, y la República ha actuado en su defensa, como lo hace cualquier Estado del mundo. Imagínense por un momento que todo esto que estaban planteado Guevara, Caro, Iglesias, Graterón, López, estas conversaciones de whatsapp, pero en Washington, Nueva York o Miami… ¿qué pasaría con ellos? Estarían ya en Guantánamo”.
El mismo lunes, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, confirmó la detención del exdiputado Guevara por su presunta vinculación «con grupos extremistas y paramilitares asociados al gobierno colombiano».
El titular de LaIguana.TV sobre este tema es el siguiente: “Estos son los delitos que imputarán a Freddy Guevara (+Saab)”. La nota dice:
El militante de ultraderecha Freddy Guevara será imputado por los delitos de terrorismo, atentado contra el orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria. Así lo informó el Ministerio Público (MP).
A través de un comunicado compartido en Twitter por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, dicha institución confirmó este 12 de julio la detención del opositor, a quien se le ha vinculado «con grupos extremistas y paramilitares asociados al gobierno colombiano».
En el texto, el MP indicó que para la investigación fueron designados dos fiscales con competencia nacional. «El Ministerio Público, junto a todas las instituciones del país, reitera su compromiso con la justicia en defensa de la paz y la tranquilidad de toda la población ante los ataques violentos que buscan desestabilizar y generar zozobra», concluye el documento.
Este martes, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, mostró pruebas que vinculan a Guevara con un plan adelantado por el ala extremista de la oposición encabezada por el prófugo de la justicia venezolana Leopoldo López, denominado «la Fiesta de Caracas».
En esta tentativa, coordinada por López desde Madrid, también participaron otros dirigentes derechistas como Gilbert Caro, Emilio Graterón y Hasler Iglesias, y con ella se pretendía desatar una ola de violencia extrema en contubernio con las bandas paramilitares de la Cota 905 y La Vega los días 7 y 8 de julio, tras haber atentado previamente contra la vida del presidente Nicolás Maduro durante los actos del Bicentenario de la Independencia.
Mientras el plan marchaba a medias, pues las autoridades desplegaron un amplio despliegue policial para retomar el control del territorio y desarticular a los grupos delincuenciales, Guevara intentaba vincular el «acuerdo de salvación nacional», la baza con la que Juan Guaidó pretendía condicionar un eventual proceso de negociación con el Gobierno, con los eventos de la Cota 905 y otros asuntos como la minería ilegal y los ataques de grupos irregulares armados procedentes de Colombia en el estado Apure .
Mostró un tuit de Guevara en el que explica lo que, según su opinión, tienen que ver el acuerdo de salvación nacional con lo que calificó como un megadrama que se vive en Caracas con las bandas armadas, Apure y el Arco Minero. “Todo –se responde-: Solo con un acuerdo político avalado por la comunidad internacional, el Estado podrá recuperar el control territorial del país”.
Pérez Pirela comentó que luego del fracaso de las tentativas, la oposición radical vuelve a su conducta habitual: negar cualquier responsabilidad en los hechos. “Como siempre ocurre, ellos no fueron, ellos no hicieron nada. Aquí ha habido magnicidios, golpes de Estado, intentos de invasión, bloqueos, robo de buques con gasolina, pero cada vez que se da una noticia sobre todos esos desmanes, dicen ‘no fuimos nosotros, eso no sucedió, no sé de qué están hablando”.
Subrayó que Guevara estaba metido en un doble juego. Desde mayo, el exparlamentario había estado sosteniendo reuniones con representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro, para discutir con una eventual participación de la facción opositora a la que pertenece en las venideras megaelecciones, convocadas por el Consejo Nacional Electoral para el 21 de noviembre. Mientras se estaba reuniendo con el Gobierno, por detrás, estaba preparando esta llamada Fiesta de Caracas.
Para refrescar el punto de la participación del exparlamentario en los encuentros con el Gobierno, trajo a colación un artículo de LaIguana.TV que se tituló: “Freddy Guevara se reunió con el gobierno: el bombazo que soltó maduro sobre elecciones regionales”.
Esta participación en el diálogo fue la primera acción política desarrollada dentro de los cánones de la democracia avanzada por él desde que recibió un indulto presidencial por liderar, junto al exdiputado Miguel Pizarro, las llamadas guarimbas de 2017, donde, entre otros graves crímenes, 25 personas fueron quemadas vivas, como recuerdan los realizadores del documental Operación Venezuela.
Un testigo protegido aseguró que «los líderes de la oposición reclutaron a jóvenes y menores de edad en células que tenían la misión de asesinar y destruir. Les pagaban con droga, ropa y dólares», prácticas que recuerdan las que desde hace más de dos décadas son reseñadas en los titulares que dan cuenta de la violencia paramilitar en Colombia.
“¿Qué se quiere hacer con Venezuela? –se preguntó el moderador-. Se quiere convertirla en un narcoestado, colombianizarla”.
Estas acciones fueron coordinadas, impulsadas y respaldadas públicamente por Guevara, como consta en videos de la época, al tiempo que una máquina comunicacional aseguraba, con base en los relatos de esa misma dirigencia extremista, que se trataba de manifestaciones pacíficas que eran ferozmente reprimidas por la fuerza pública por orden expresa del presidente Nicolás Maduro.
Para recordar esos eventos, colocó un video de la agencia Andes, del 19 de abril de 2017, en la que da órdenes a encapuchados en las supuestas marchas opositoras.
En un fragmento del programa que Pérez Pirela conducía entonces en Venezolana de Televisión, Cayendo y corriendo, reflexionaba sobre el empeño de la maquinaria mediática de presentar todas las manifestaciones como pacíficas, a sabiendas de que no lo eran. “El problema es que quienes propician esos discursos leguleyos y politiqueros comienzan a fotografiarse con quienes están causando la violencia, los destrozos, los asesinatos en contra de gente como usted y como nosotros”.
En esa oportunidad dijo que no podía creer lo que estaba viendo en el video que puso en esa oportunidad al aire. En el audiovisual aparece Guevara dirigiéndose a guarimberos encapuchados, diciéndoles que “Venezuela les reconoce la lucha que estaban dando por el pueblo”.
“Aquí está la prueba de que hace cuatro años ya este señor Guevara tenía relación estrecha con delincuentes y malandros a quienes le pagaban para propiciar las guarimbas y venderlas como marchas populares”, comentó Pérez Pirela.
Lejos de asumir su responsabilidad por estos delitos, al saber que las autoridades solicitaron el levantamiento de su inmunidad parlamentaria, en noviembre de 2017, Guevara se refugió en la embajada de Chile en Caracas, donde solicitó asilo.
Entonces, la corresponsal de la cadena teleSUR en la capital venezolana, Madelein García, señalaba: «hay que recordar la violencia y el terrorismo que dirigió durante cuatro meses. Menores de edad reclutados usaban símbolos de los guerreros templarios de la Guerra Santa», que servían como factor de motivación ante una «cruzada religiosa, donde ellos representan el combate del bien contra el mal, una especie de guerreros de Dios», narrativa que fue usada también por Oscar Pérez, el piloto que perpetró ataques terroristas contra la sede del Tribunal Supremo de Justicia.
El sacerdote y teólogo Bruno Renuad apunta que «esos símbolos, efectivamente, forman parte de la armazón, de las armas que se ponen que se ponen al servicio de la causa», que, en este caso, implicaba el derrocamiento del gobierno venezolano a través de acciones terroristas.
La presunta vuelta al redil de la democracia de Guevara, liberado por decisión del presidente Maduro, fue puesta en sospecha desde el principio, dados sus antecedentes.
Hoy, la desconfianza luce justificada pues los más recientes acontecimientos han demostrado que usó las conversaciones que se avanzan entre representantes de la administración del presidente Maduro y de las distintas oposiciones, para nuevamente articular planes terroristas.
Colombia, exportadora de violencia
En la continuación de su análisis, el filósofo y comunicador venezolano profundizó en el rol que sigue cumpliendo la élite colombiana en numerosos acontecimientos violentos que ocurren en la región. Para ello, leyó la nota de LaIguana.TV, publicada bajo el título: “Embajador de Colombia soltó la sopa – la CIA en Colombia pocos días antes del asesinato de Moïse y las acciones en Venezuela”.
En el despacho noticioso se informa que el más alto funcionario de la inteligencia de Estados Unidos, William Burns, llegó a Colombia el 30 de junio para participar en una misión “delicada” en materia de seguridad, como parte de la cooperación entre ambos países.
El embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, informó sobre la llegada del director de la CIA, sin embargo, no quiso dar mayores detalles sobre su visita a Bogotá. “Prefiero no decirle es una misión delicada, una misión importante en materia de inteligencia que logramos coordinar”, respondió santos al ser cuestionado sobre la misión.
Un video del canal NTN24 ofreció parte de una entrevista a Santos, quien reveló que ya han tenido tres reuniones con la CIA, pero no quiso dar detalles.
La visita de Burns a Bogotá surge luego que el presidente estadounidense Joe Biden sostuviera su primera conversación telefónica con su homólogo colombiano Iván Duque.
Inmediatamente después del encuentro, ocurrió el magnicidio de Moïse, a cargo de mercenarios colombianos; se intentó el plan ahora conocido como “la Fiesta de Caracas”; y se produjo el brote de manifestaciones en Cuba.
“Lo cierto es que se está intentando la colombianización de la violencia en Venezuela. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, comparó el asesinato del mandatario haitiano con la fallida Operación Gedeón, incursión armada ejecutada por paramilitares entrenados por mercenarios estadounidenses en Colombia con la que se pretendió derrocar al gobierno venezolano, dar muerte a sus principales personeros e instalar un régimen teledirigido desde Washington”, expresó Pérez Pirela y presentó un video de Luke Denman, mercenario gringo detenido y condenado en Venezuela , participante de Gedeón, en el que da detalles de la misión fallida y explica que las instrucciones fueron dadas por Jordan Goudreau, el dueño de la empresa de mercenarios Silvercorp.
«Qué curioso que el magnicidio de Haití tenía la misma operación que la Gedeón», dijo Delcy Rodríguez en una rueda de prensa donde se presentó el balance de la operación Gran Cacique Indio Guaicaipuro, desplegada por las autoridades para desarticular a la banda paramilitar que operaba en la Cota 905.
El presidente Nicolás Maduro, por su parte, denunció que «mercenarios del ejército colombiano en situación de actividad asesinaran a un presidente en una patria hermana, Haití» y a propósito de lo sucedido en la Cota 905, donde bandas paramilitares ejecutaron acciones violentas para sembrar terror en la población local, destacó que mercenarios colombianos ingresaron a territorio venezolano para entrenar a «delincuentes y terroristas».
«Ahí van ellos: un ejército de mercenarios, un país exportador de violencia, de terrorismo. La mayor amenaza que tienen América Latina y el Caribe es hoy la mafia que está en el poder en Colombia», dijo Maduro en una alocución.
En otra nota de LaIguana.TV, se ahonda en este aspecto con declaraciones del comisario general de la FAES en las que asegura que “mercenarios de Colombia asesoraban al Koki”.
En el texto, dice:
El comisario general de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), Miguel Domínguez, afirmó que «es indudable que el narcogobierno colombiano es quien estaba dirigiendo a estas bandas paramilitares» que operaban en la Cota 905.
En este sentido dijo que se ha demostrado que las técnicas usadas por estos grupos armados, no solo la fabricación de garitas y trincheras, sino además en las prácticas de asesinatos, cobro de vacunas, secuestros y desplazamientos forzados, son propias del paramilitarismo.
«Ya hemos capturado a tres colombianos y han estado confesando y en estos momentos estamos tras la búsqueda del resto de colombianos (más de 20) que estaban asesorando a esta banda paramilitar, cuyo objetivo era preparar una insurgencia para la toma de Caracas y el asesinato del presidente y líderes de la revolución, jefes militares y policiales», indicó Domínguez.
También hubo declaraciones del ministro de la Defensa, Vladímir Padrino López:
“Quienes gobiernan Colombia se han convertido en una amenaza no solo para Venezuela sino para toda la región. En el caso venezolano, destacó la relación entre las visitas de altos funcionarios de agencias del gobierno estadounidense a Colombia con el magnicidio en Haití, los ataques en la frontera, los intentos de desestabilización en Cuba y los ataques de bandas paramilitares en Caracas”.
A su parecer, esto corresponde con una tentativa de Washington para «balcanizar» la República Bolivariana de Venezuela y atentar contra su soberanía, su gobierno e instituciones.
«Han fracasado nuevamente en este intento de desestabilización empleando bandas entrenadas por paramilitares enviados desde Colombia», dijo el titular de la cartera de Defensa y precisó que estos agentes usan «las mismas tácticas perversas, criminales» que ha enfrentado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en estados fronterizos con el vecino país, como Apure, Zulia o Amazonas.
“Esto nos lleva a una conclusión: Colombia se ha convertido en un país exportador de mercenarios”, sostuvo el moderador de Desde Donde Sea, y procedió a leer un informe elaborado en 2019, en el que Sean McFate, profesor de las universidades estadounidenses de Georgetown y Defensa Nacional, aseguró que los Emiratos Árabes Unidos han estado contratando a los mercenarios colombianos para combatir contra el Ejército y los Comités Populares en Yemen desde el inicio de la avanzada saudí y sus aliados contra ese país árabe, si bien también pueden encontrarse mercenarios de otras naciones latinoamericanas como Panamá, Chile o El Salvador.
HispanTV reseña que una fuente militar dijo a Reuters: «que los exmilitares colombianos con experiencia en contrainsurgencia y antiterrorismo o que han recibido entrenamiento en Estados Unidos e Israel son las mejores opciones para ser contratados como mercenarios», amén de que, según McFate, son más baratos que exsoldados estadounidenses o británicos.
De su parte, el senador colombiano Iván Cepeda Castro considera que el Estado neogranadino no ha tomado medidas contra la participación de Colombia en el mercado mundial de mercenarios porque sería atentar contra la exportación de un modelo de violencia basado en métodos ilegales que se imparte a miembros del Ejército colombiano en academias militares estadounidenses.
Cepeda insistió en que valía la pena cuestionarse acerca de la relación geoestratégica entre Washington y Bogotá, particularmente en lo tocante a los derechos humanos y al respeto de la soberanía de terceros países.
En este orden, el senador Gustavo Petro apuntó a los vínculos entre el gobierno del presidente Iván Duque y el reclutador de los mercenarios que perpetraron el asesinato del presidente de Haití, que pasan por el ala extremista de la oposición venezolana de la que forman parte Leopoldo López, Juan Guaidó y Freddy Guevara.
En un tuit, Petro denuncia: “El reclutador de mercenarios para secuestrar o matar al presidente de Haití, era también el organizador del convierto que hizo Duque en Cúcuta contra el gobierno venezolano. Nuestras relaciones internacionales se hunden en el fango de la mafia”.
Otro trino, acompañado de varias fotografías en las que aparecen los personajes mencionados, y también Uribe, Duque y Guaidó, dice: “Aquí Santamaría, el socio en Miami de Itriago, el venezolano que contrató a los mercenarios colombianos para asesinar al presidente de Haití. Juzguen ustedes”.
La exportación de exmilitares colombianos en calidad de combatientes o participantes del negocio de la guerra se ha extendido más allá de las fronteras de América Latina. De acuerdo con un reporte de la agencia rusa RT, es posible encontrarlos participando en los conflictos de Irak, Afganistán o Yemen, en donde defienden los intereses de los Estados Unidos, impulsor de estas guerras y, según reportes oficiales, son usados también para resguardar sedes diplomáticas.
Piedad Córdoba, en un tuit adjunto a una foto grupal de los mercenarios uniformados, dice: “Esta foto lo dice todo, que no sigan mintiendo, no los contrataron individualmente, todo fue fríamente organizado. Presidente Duque y vicepresidenta, ¿Los militares se prepararon en Colombia? ¿Ustedes lo sabían? ¿Ustedes están involucrados?”.
Añadió Córdoba que: “A mí lo que más me desconcierta es que la JEP haya podido haber autorizado la salida del país de militares involucrados en ejecuciones extrajudiciales”.
Para ampliar la reflexión incluyó el video del reportaje de RT en el que se señala que Colombia ha encontrado un nicho de exportaciones en la mano de obra barata de sus mercenarios. Las periodistas indican que las Fuerzas Armadas de Colombia tienen desde 2017, un total de 290 mil efectivos, de los cuales cada año 15 mil abandonan las filas. Son fuerzas bien entrenadas. Muchos de los militares han sido capacitados en EE.UU. o en Israel, además de tener décadas de lucha antiguerrillera en el país.
Los analistas dicen que es una mano de obra barata porque otros mercenarios cobran mucho más que los colombianos. El reportaje presentó las declaraciones del general Luis Fernando Navarro, general del Ejército de Colombia, quien dice que cuando sus soldados y oficiales se retiran de filas pasan a ser ciudadanos civiles. “Al terminar su servicio militar, los oficiales y suboficiales se convierten en ciudadanos de pleno derecho y pueden hacer, como el resto de la población, lo que estimen conveniente para ganar dinero. Nosotros no tenemos ninguna facultad ni nada que nos ordene (…) que tengamos que hacerle seguimiento a qué es lo que pasa con ellos. No tenemos cómo ni por qué hacerlo», sostuvo Navarro en una alocución.
En opinión de algunos expertos, Colombia se ha convertido en una fábrica que exporta mercenarios a países inmersos en graves conflictos internos, pues cuenta con una abundante mano de obra calificada capaz de desempeñar esas labores.
En la actualidad, según cifras oficiales, las fuerzas armadas colombianas cuentan con más de 230 mil efectivos activos, muchos de los cuales son entrenados en los EE.UU. e Israel, o por el Ejército estadounidense dentro de territorio colombiano, cuya presencia militar se incrementó a partir de 2001 con la activación del Plan Colombia y la posterior instalación de siete bases militares durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).
Por su lado, Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército Nacional de Colombia reconoció en declaraciones ofrecidas a Reuters que los exmilitares colombianos suelen ser contratados como mercenarios «debido a su experiencia» en acciones bélicas e indicó que era «una pena» porque habían sido entrenados «para otras cosas».
En pocas palabras, esto significa que el Estado colombiano elude toda responsabilidad sobre lo que hagan los miembros de su fuerza, ello a pesar de que exmilitares colombianos han participado como mercenarios en acciones criminales ejecutadas en terceros países, siendo la más reciente de ellas -pero de ningún modo la única- el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, por el que han sido detenidos más de 10 antiguos miembros del ejército nacional de Colombia.
Pese a los intentos de las autoridades de Colombia por salvar su responsabilidad, en el caso del asesinato del mandatario haitiano, han comenzado a hacerse públicas pruebas que siembran dudas acerca de la aparente inocencia del gobierno del presidente Iván Duque en los hechos, como, por ejemplo, el que Migración Colombia dejara salir del país a militares implicados en ejecuciones extrajudiciales.
Ya en el tramo final del programa, presentó otro segmento de la rueda de prensa de Jorge Rodríguez en el que el diputado señala que una de las empresas de mercenarios asesinos es la de Itriago a quien Duque niega conocer, pero aparece a su lado en varias fotos de una visita suya a Miami. “Hemos llegado a un punto en que la verdad es completamente aniquilada por los falsos positivos, que es otro producto de exportación de Colombia”.
Recalcó Pérez Pirela que “Colombia se ha convertido en un Estado fallido, exportador de drogas y de mercenarios. Es duro decirlo, pero es la cruda realidad. Es la nueva Escuela de las Américas. El paramilitarismo tiene ocupado 67% del territorio colombiano, según un dato escalofriante del presidente de la AN. Es una cantera donde se encuentran estos mercenarios y asesinos para que vayan a pelear por dinero en Afganistán, Irak, Haití o Venezuela. ¡Dios nos guarde! Ahora es más que nunca necesario preservar la soberanía”.
(LaIguana.TV)
