Las juntas supervisoras de Citgo Petroleum, principal activo de Venezuela en el extranjero que está bajo el control de Juan Guaidó desde 2019, se habrían reunido en Colombia con funcionarios estadounidenses para solicitar una extensión de la medida de protección dictada por el Departamento del Tesoro, que les permita ganar tiempo para negociar con los acreedores, informó Reuters. 

De acuerdo con la agencia británica, «Citgo se está quedando sin tiempo para garantizar su permanencia en manos venezolanas», gracias a la nefasta coincidencia de «luchas entre los grupos políticos que controlan sus directorios» y las acciones de un tribunal federal estadounidense en Delaware, que acordó la subasta de los activos de la compañía.

Empero, la ejecución de los millonarios laudos arbitrales que la justicia estadounidense garantizó a trasnacionales, apenas ha podido ser frenada por medidas de supuesta «protección» emanadas desde la Oficina para el Control de Activos Extranjeros, que si no son renovadas, finalizarán en enero de 2022.

Con base en la confirmación del encuentro que hiciera un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato, Reuters sostiene que las conversaciones entre «representantes venezolanos» –que por el contexto de la nota, puede asumirse que son representantes de los intereses de Guaidó y no del Gobierno de Venezuela– tuvieron lugar en Bogotá.

Aparentemente, según lo dicho por «tres personas cercanas a la reunión» cuyos nombres no trascendieron, en los intercambios se condicionó la aprobación de la solicitud a la presentación de «una estrategia formal para administrar los activos extranjeros de Venezuela el próximo año». 

La agencia británica subraya que el remate forzoso de la empresa, «despojaría a Venezuela de su principal activo externo», ello sin contar con las «grandes pérdidas» que ha padecido desde 2019, la investigación que avanzaron las autoridades estadounidenses sobre «su administración anterior», a lo que se suman las «dificultades para sustituir el suministro de petróleo que fue suspendido por las sanciones de Washington a su matriz, la estatal venezolana Pdvsa».

En todo caso, aparentemente las «juntas supervisoras» habrían intentado entablar conversaciones con distintos grupos de acreedores para presentarles las propuestas de pago elaboradas por el banco estadounidense JPMorgan Chase & Co, aunque, siempre siguiendo a Reuters, los intentos habrían fracasado por causa de las disputas internas dentro del pseudogobierno de usurpación de Guaidó.

Luego de reunirse en Bogotá con funcionarios de la administración Biden, Horacio Medina, quien encabeza la pseudo junta directiva de Pdvsa designada por el exparlamentario, aseguró que era necesario «hacer algo». «Lo que la junta quiere es sentarse en la mesa de negociaciones con los acreedores. El entorno actual es propicio para eso», habría dicho Medina, quien también reconoció que para evitar la fragmentación, se necesitaba el espaldarazo de Washington «por seis o siete meses más».

Con todo, lo avanzado por este pseudofuncionario, supuestamente no pudo ser verificado por Reuters a través de ninguna vía. Pdvsa no respondió a una solicitud de comentarios, mientras que Citgo, JPMorgan y el departamento del Tesoro de Estados Unidos se negaron a hacerlo. El departamento de Estado no declinó comentar, pero tampoco respondió a las preguntas que se le enviaron.

De otra parte, exparlamentarios ligados con Guaidó que encabezaron las comisiones de finanzas y energía en la anterior legislatura de la Asamblea Nacional, habrían dicho a la agencia que desconocen las propuestas «que le permitirían a las juntas sentarse a la mesa de negociación con tres grupos de acreedores: la minera Crystallex, la petrolera ConocoPhillips y los tenedores de los bonos de Pdvsa 2020».

Reuters también mencionó que «algunos políticos venezolanos han manifestado internamente su oposición a que Conoco haya sido incluida en las propuestas de negociación, bajo el argumento de que el laudo arbitral de 2.000 millones de dólares que emitió la Cámara de Comercio Internacional a favor de la petrolera, ya fue parcialmente satisfecho».

Fuentes familiarizadas con la situación dijeron a la agencia de noticias que el remanente «podría provenir del embargo de los activos de Pdvsa en el Caribe», mas ConocoPhillips habría declinado confirmar o refutar la especie, amparándose en la «naturaleza confidencial» del tema.

Además, personajes como Julio Borges, responsable de asuntos internacionales del pseudogobierno de usurpación de Guaidó, en vez de apostar por renegociaciones de pagos, «quieren transferir Citgo y otras unidades –Monómeros, por ejemplo– a fideicomisarios independientes».

En puntualización de Reuters refiriendo a «personas familiarizadas con el asunto», el pago de firmas legales para defender a Citgo de sus acreedores, también «ha dividido a la oposición» y se ha traducido en retrasos para emprender cualquier acción».

Luis Pacheco, quien antecedió a Horacio Moreno como exjefe de la «junta ad-hoc» de Pdvsa nombrada por Guaidó, parece confirmar estos oscuros presagios anunciados por Reuters, pues admite que «la situación está creando mucha ansiedad entre las personas que trabajan para proteger los activos y un sentimiento de desesperanza entre los venezolanos hacia sus líderes políticos».

Reuters apunta que «las críticas a la gestión de activos extranjeros de Guaidó se han intensificado tras el reemplazo de los tecnócratas por una junta totalmente política en Citgo» y destaca que una situación similar se vivió en «la petroquímica Monómeros Colombo-Venezolanos», que tras «varias reorganizaciones administrativas», recientemente se declaró en quiebra. 

En cualquier caso, Citgo parece estar siendo atacada por todos los frentes y uno de los que enfila baterías en su contra es el juez que falló en favor de la exminera canadiense Crystallex Leonard P. Stark y ahora, según Medina, «quiere comenzar a organizar una subasta de los activos de Citgo en noviembre».

Así, el tribunal ya habría avanzado «hacia la venta de la red de refinación, oleoductos, marcas minoristas e instalaciones relacionadas de Citgo» con capacidad de refinar 749.000 barriles diarios en los Estados Unidos.

La única salida que vislumbran los «miembros de las juntas de supervisión de Citgo» para evitar el escenario más catastrófico, es que JPMorgan inicie las negociaciones con los acreedores y eso ayude posponer las ejecuciones judiciales. Dicho de otro modo: el destino de Citgo, compañía venezolana, recaería en la habilidad de expertos de un banco estadounidense para protegerla.

Un asunto que podría tener importancia en estos tejemanejes, según se enfoque la situación, es que los pasivos externos de Venezuela–que provienen principalmente «de reclamos de expropiación y pagos atrasados»– no fueron contraídos por Citgo, sino por la República Bolivariana de Venezuela y Pdvsa, pero al estar privado el país de ejercer su legítimo derecho a la defensa, este matiz no puede ser invocado por pseudorepresentantes, aún cuando hayan sido autorizados por Washington «para supervisar» los activos, como reconoce un expseudofuncionario designado por Guaidó, simplemente porque no manejan «el flujo de caja» de Pdvsa.

Aunque Reuters no lo dice, este callejón sin salida es la resulta de la puesta en marcha de una articulada estrategia de despojo de los activos nacionales por parte de trasnacionales, diseñada por el expseudo procurador de Guaidó, José Ignacio Hernández, quien aconsejó a Crystallex para que abandonara demandas en tribunales internacionales y se enfocara en causas contra la República en cortes estadounidenses, donde podría obtener resultados de un modo más expedito.

Adicionalmente, expertos y analistas estiman que las negociaciones por las que supuestamente están trabajando con ahínco las «juntas supervisoras de Citgo» tienen pocas posibilidades de llegar a buen puerto, porque aún considerando el valor de la refinadora de hace una década –10.000 millones de dólares–, no representa ni el 10% de el monto total de la «de la deuda externa general de Venezuela», que en cifras de Reuters, asciende a 130.000 millones de dólares.

De ahí que no sorprenda que uno de los pseudodirectivos de Citgo, a pesar de ser cuando menos corresponsable de la debacle, asegurara a la agencia británica que «los venezolanos en Citgo se han acostumbrado a la idea de que cualquier futuro posible los excluirá de la empresa» y descartara que una negociación de pagos evitara el destrozo de la compañía. 

(LaIguana.TV)

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