De acuerdo con una pesquisa divulgada por el portal de periodismo de datos abiertos La Tabla, España ha impedido que Venezuela procese judicialmente a parte de los presuntos responsables del lavado de activos asociado al desfalco de la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) y la presa ibérica usa el caso «para mantener el ataque» al gobierno venezolano.

El medio se refirió a la trama que implica a los exviceministros Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa, que junto a Diego Salazar  Carreño –primo del expresidente de Pdvsa y exministro de Petróleo, Rafael Ramírez Carreño– habrían estado involucrados en la compra de relojes de lujo.

Así, precisa La Tabla, hoy, 5 de noviembre de 2021, el diario español El País intentó repotenciar la historia a partir del episodio de la adquisición de 250 relojes de lujo Rolex y Cartier, para legitimar más de 5 millones de dólares en 2011″, dado  que las autoridades de Andorra investigan a un joyero de nombre Habib Ariel Coriat por sus nexos con estas compras.

En esta operación mediática, la prensa española –con particular énfasis, El País–, se dedica a «reciclar eventos ocurridos hace al menos 12 años» en los que se preserva «la narrativa de la corrupción chavista y la impunidad», ello a pesar de que los implicados «han sido protegidos» en España, destaca el portal especializado.

Como soporte a esta aseveración, en el trabajo periodístico se precisa que Salazar es el único detenido y permanece bajo custodia de las autoridades de Venezuela «desde finales de 2017», acusado por cargos de corrupción. En contraste, tanto Alvarado como Villalobos «están libres en España», a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia solicitó su extradición a ese país el 23 de septiembre de 2018.

En el caso de Diego Salazar, se refiere que «el Ministerio Público de Venezuela asegura que está vinculado a una red que blanqueó más de 1.300 millones de euros (1.400 millones de dólares) obtenidos por el cobro de comisiones ilegales a cambio de contratos con Pdvsa» a través de la Banca Privada de Andorra (BPA).

De acuerdo con la investigación adelantada en Venezuela, Salazar se habría valido de «una treintena de sociedades opacas radicadas en paraísos fiscales como Suiza o Belice», para movilizar los fondos que, finalmente, llegaron al principado pirenaico. En estas operaciones también habría estado implicada su esposa, Rosycela Díaz, quien figura en la lista de procesados.

Nervis Villalobos: titulares e impunidad a partes iguales

Aunque el exviceministro Nervis Villalobos ha protagonizado una avalancha de titulares e historias periodísticas en las que se alude a sus transas ilegales, en función de los datos puntualizados por La Tabla, se aprecia que la justicia española, lejos de procurar que sea juzgado por los delitos que se le imputan dentro y fuera de Venezuela, lo ha favorecido con medidas cautelares.

Así, relata esta fuente, aunque fue detenido en Madrid el 28 de octubre de 2017, después de que el gobierno estadounidense solicitara a Interpol una orden de captura internacional por su supuesta relación con una red de lavado de activos y sobornos «en perjuicio de Pdvsa», el 14 de septiembre de 2018 se le otorgó libertad condicional «por medidas cautelares».

No obstante, un mes más tarde, el 18 de octubre de 2018 se le privó nuevamente de libertad hasta el 21 de diciembre de 2020. El 23 de diciembre de 2020, se conoció que «el Tribunal Constitucional de España estimó el amparo por vulneración de derechos fundamentales», precisa el portal de investigación.

En la sentencia reza que la decisión de declarar nulos los autos de detención previos, se fundamentó en que «el procedimiento no respetó las garantías legales» y ahora Villalobos «está libre y protegido por España», resalta el informe periodístico, ello a pesar de la solicitud de extradición entregada por Venezuela, que lo solicita, junto a Javier Alvarado Ochoa, por tráfico de influencias, asociación para delinquir, legitimación de capitales y corrupción pasiva simple. 

Alvarado, el otro «investigado» que anda libre por España

En decir de La Tabla, Alvarado Ochoa y Villalobos también han sido investigados por la justicia española «recibir sobornos del grupo Duro Felguera por contratos de suministro/construcción de infraestructura eléctrica».

Sin embargo, ni esta investigación ni la solicitud de extradición del TSJ de Venezuela se han traducido en una privativa de libertad efectiva, aunque huelga decir que «el 09 de agosto de 2021, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, amplió seis meses la investigación sobre sobornos y citará a tres investigados», sintetiza el medio venezolano, y si bien se prevé que las pesquisas se prolonguen «hasta finales de enero de 2022», también es posible que los lapsos se extiendan. 

Medios españoles referenciados por La Tabla reportaron que la Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez a cargo de la causa, y este aceptó, que se citara «a declarar en calidad de investigados a otras tres personas», incluyendo a la exesposa de Alvarado Ochoa.

Luis Carlos de León Pérez, exdirector de Finanzas de Electricidad de Caracas, también fue requerido por la Audiencia Nacional de España, aunque la fecha aún no ha sido definida.  Según el portal venezolano, De León ya «se declaró culpable» en un tribunal estadounidense, aunque no se precisaron los delitos.

La investigación que se sigue a estos venezolanos por presuntamente haber recibido sobornos del grupo Duro Felguera a cambio de contratos con empresas públicas del sector eléctrico, comenzó en 2015 y se derivó de «un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac)» en el que se detectaron «indicios de criminalidad» en pagos realizados a una cuenta del Banco Madrid, subsidiario de la Banca Privada de Andorra, del que los hoy sindicados «eran clientes», reseña La Tabla.

(LaIguana.TV)

 

 

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