La Audiencia Nacional de España aprobó este miércoles la extradición hacia los Estados Unidos de Adrián José Velásquez Figueroa, exjefe de seguridad del expresidente venezolano Hugo Chávez, a quien se le sindica de cometer blanqueo de capitales y organización criminal relacionada con el cambio de divisas, reportó Europa Press, citando un auto al que tuvo acceso.

Más específicamente, «los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal consideran que los hechos por los que se le reclama constituyen, según la legislación española, delitos de blanqueo de capitales cometidos en el seno de una organización criminal, pertenencia a organización criminal y cohecho», sintetiza la agencia.

Se trata del mismo caso por el que la Sección Tercera de la Audiencia Nacional española aprobó el pasado 14 de octubre extraditar a Claudia Patricia Díaz, esposa de Velásquez y extesorera nacional de Venezuela.

El caso de los exfuncionarios en los Estados Unidos

En su solicitud de extradición, el Tribunal del Distrito Sur de Florida indicó que «desde 2008 hasta 2017 o alrededor de dichas fechas», estos exfuncionarios y el empresario Raúl Gorrín habrían participado de una trama de corrupción vinculada al cambio de divisas en favor del Gobierno de Venezuela.

Siempre según esta versión reseñada por Europa Press, la justicia estadounidense sostiene que Gorrín «pagó cientos de millones de dólares en sobornos para asegurarse el derecho de participar en más de mil millones en moneda de los Estados Unidos, en transacciones de cambio de moneda extranjera, que le reportaron ganancias de cientos de millones de dólares».

Concretamente, el empresario habría cancelado sobornos a la pareja a través de transferencias electrónicas y además habría adquirido y cancelado gastos generados por los exfuncionarios venezolanos asociados a vuelos privados, yates, viviendas de lujo, relojes, caballos y ropa de diseñador en el estado de Texas.

Por ello, refiere la agencia española, la Audiencia Nacional de ese país «considera que en este caso se cumplen todos los requisitos necesarios para aprobar la extradición, como que los hechos sean delito en ambos países –doble incriminación– que estén castigados con más de un año de prisión –mínimo punitivo–, así como que no estén prescritos».

La nacionalidad española como estrategia para librarse de la extradición

Velásquez y Díaz intentaron zafarse de la extradición, alegando que ambos poseen nacionalidad española, un hecho que el fiscal que emprendió la causa en contra de Velásquez usó para acusarle, sin pruebas, de haberla obtenido fraudulentamente.

Aunque los magistrados no encontraron evidencia de esta acusación, no se consideró relevante para frenar su entrega a los Estados Unidos, pues en diversas ocasiones la Audiencia Nacional de España «accedió a la entrega de nacionales a terceros países».

Tampoco funcionó que la defensa argumentara que Velásquez está siendo investigado por un juzgado por un caso de envío de remesas desde Suiza a España, pues la causa por la que se le demanda en Estados Unidos no guarda relación alguna.

«En modo alguno se investigan las actividades realizadas en territorio de los Estados Unidos, de manera que estamos en presencia de cadenas delictivas desarrolladas en distintos países y referidas a objetos distritos o si quiere a delitos distintos a los que se refiere la petición extradicional», refiere Europa Press, citando el auto de la extradición.

Estados Unidos, sí; Venezuela, no

Esta decisión de la justicia española contrasta con la respuesta que antes recibiera Venezuela, país donde también están solicitados Adrián José Velásquez Figueroa y Claudia Patricia Díaz.

En abril de 2018, la embajada de Venezuela en Madrid emitió una orden de detención contra los exfuncionarios por los delitos de asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito y legitimación de capitales.

En febrero de 2019, la Audiencia Nacional rechazó la solicitud de extradición de Caracas, aduciendo que Díaz y Velásquez podrían ser víctimas de «posible vulneración de derechos fundamentales» en su país y les dejó en libertad.

El tratamiento que ha dado España a este caso, se asemeja al que ha implementado para abordar la trama de corrupción que condujo al desfalco de la estatal Petróleos de Venezuela, de la que participaron, entre otros, el exministro de Energía Nervis Villalobos y al expresidente de Corpoelec Javier Alvarado Ochoa.

Una pesquisa realizada por el portal de periodismo de datos abiertos La Tabla reveló que la Audiencia Nacional otorgó beneficios procesales a Villalobos y Alvarado, pese a que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela solicitó su extradición el 23 de septiembre de 2018.

Además, el medio especializado apunta que la prensa española recicla periódicamente este caso –que ocurrió hace más de una década– con el exprofeso interés de «atacar» al Gobierno de Venezuela.

(LaIguana.TV)

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