El Gobierno Bolivariano sigue trabajando para acabar con la usura, el acaparamiento, el contrabando y otros flagelos. Este jueves, los cuerpos de seguridad decomisaron un total de 14 mil 814 cauchos de diferentes medidas y marcas, que estaban en un galpón ubicado en el sector Los Arales del municipio San Diego del estado Carabobo, los cuales se encontraban acaparados, desde hace dos años.
Por su parte, el superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, explicó que las labores de inteligencia social y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) fueron claves para detectar esta anomalía.
Primero, el galpón se dio una descarga de un contenedor con 2 mil 254 cauchos, los cuales fueron traídos al país con dólares del Sicad 2, por parte de la empresa Pacific Fire Corp Panamá para Cauchos Portugal. Luego, cuando los cuerpos de seguridad entraron al galpón para supervisar, encontraron 12 mil neumáticos que, según explicó Méndez, tenían acaparados para «engordar» su precio de venta al público.
Además de esta falta, las compañías involucradas: Autogomas Castillito, Lubricantes Castillito y Sus Ruedas Castillito cometieron delitos vinculados con la cartelización o venta entre empresas de los mismos dueños para elevar los costos de los cauchos y venderlos con sobreprecio de hasta 165%.
«Detectamos una especulación bárbara (…) Cauchos que debían ser vendidos a dos mil bolívares eran ofrecidos hasta en 10 mil bolívares por estas personas», repudió el Superintendente.
El desvío de la mercancía es otra de las irregularidades detectadas en este caso, pues la guía de despacho de los 2 mil 254 cauchos iniciales señalaba el lugar de destino a Barcelona, estado Anzoátegui, y en realidad fueron entregados en Carabobo.
«Extrañamente se desvían a este galpón en San Diego, estado Carabobo. Esa desviación de su ruta original ya es un contrabando», afirmó Méndez.
De igual forma, resaltó que este procedimiento se inició el pasado 05 de noviembre y que a la fecha, ni los dueños de estas empresas ni algún apoderado legal ha hecho acto de presencia para aclarar la situación.
Los dueños de las empresas que cometieron actos ilícitos serán puestos a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público «para que sean los tribunales de la República quienes decidan la violación de la Ley y los años que deberán pagar o no producto de este delito económico», sentenció Méndez.
En cuanto a los productos decomisados, cabe destacar que se pondrán al servicio del pueblo con los precios que establece la ley.
(LaIguana.TV)
