En opinión del economista y profesor universitario Francisco Rodríguez, todavía el Estado venezolano dispone de opciones para conservar la propiedad de Citgo Petroleum, aún a pesar del fallo del pasado viernes y del precedente jurídico que sentó el caso de Crystallex contra la nación.

Como es conocido, una corte del Distrito de Colombia (Estados Unidos) ordenó que Venezuela pagara 8.700 millones de dólares a la trasnacional ConocoPhillips en razón de una indemnización por presuntas deudas no canceladas en el marco de expropiaciones, que se vio agravada por la no comparecencia de representantes legales del así llamado interinato, a los que las autoridades estadounidenses reconocen como legítimos.

En un extenso hilo de Twitter, Rodríguez explicó que «la razón es que el fallo de Conoco es contra la República y Citgo es un activo de Pdvsa» y «el principio de responsabilidad limitada impide que se ejecute una deuda de un ente con un activo de otro ente, salvo en ocasiones excepcionales».

A este respecto precisó que una de esas ocasiones en las que prima la excepción y no la regla, es la figura conocida como «alter ego», en la que «un ente usa a una compañía como un instrumento para sus propios fines», táctica que ya aplicó exitosamente la minera Crystallex ante una corte del estado de Delaware.

El especialista subrayó que para conseguir este propósito, «fue clave la cooperación de quienes después figuraron prominentemente en el gobierno interino«.

Se refiere específicamente al «exprocurador especial» José Ignacio Hernández, que fungió como asesor de la trasnacional canadiense y a quien se atribuye el diseño de la estrategia de demandar al Estado venezolano en tribunales estadounidenses para cobrar deudas a costa de sus activos en el exterior, principalmente de Citgo Petroleum, considerado el más importante de ellos.

Empero, puntualiza que «la buena noticia es que Conoco tendría que probar el alter ego de nuevo para embargar Citgo, y la corte considera evidencia sobre la separación efectiva entre Pdvsa y el gobierno al momento de la demanda».

Ante este panorama, Rodríguez, quien es un conspicuo opositor al Gobierno Bolivariano aunque también un permanente denunciante de las presuntas irregularidades en las que habría incurrido el pretendido gobierno de Guaidó, asegura que «es posible desarrollar una estrategia legal para evitar el embargo de Citgo, en base al argumento de que hoy no se cumple el alter ego».

El centro de su alegato consiste en aprovechar el hecho que ante el gobierno de los Estados Unidos, la única junta directiva reconocida de la estatal petrolera venezolana fue la que designó el «gobierno interino» y no la junta directiva de Caracas.

En su decir, «con esa estrategia legal, se puede avanzar en la negociación con los otros acreedores que sí tienen un derecho legal sobre los activos venezolanos, que son los que han probado el alter ego o tienen una deuda directa de Pdvsa respaldada por Citgo».

Sin embargo, el académico condiciona el éxito de esta iniciativa a la designación de «una Junta Administradora de Activos mediante un acuerdo político», que en su opinión tendría que estar «integrada por profesionales competentes, seleccionados con participación de la academia y sociedad civil para que representen a la nación».

Rodríguez sostiene que esta Junta Administradora podría «negociar un acuerdo de pago con los acreedores que tienen derechos reconocidos por las cortes estadounidenses» que eventualmente les permitirían apoderarse de las acciones de la refinadora venezolana.

A su parecer, en estas condiciones, el Estado venezolano dispondría de capacidad para negociar un acuerdo de pago que le permita al país conservar su activo, visto que las acreencias ascienden a una cantidad cercana a los 4.000 millones de dólares y el valor de Citgo es muchísimo mayor.

(LaIguana.TV)

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