Una pesquisa realizada por el portal de periodismo de datos abiertos La Tabla revela que la visita del dirigente ultraderechista Leopoldo López a Colombia en diciembre de 2020, pocos días después de haberse evadido de Venezuela, parece haber jugado un papel importante en la operación de despojo contra la productora de fertilizantes Monómeros, según se desprende de las reuniones públicas que sostuvo con quienes entonces tenían control de la compañía.

Fotografías captaron a López en el aeropuerto de Cúcuta, Norte de Santander, en compañía de Carmen Elisa Hernández, que en ese tiempo ejercía como presidenta de la compañía, así como de Lucas Gómez, gerente de fronteras de la presidencia de Colombia en la gestión del expresidente Iván Duque y de Rafael del Rosario, agente de Juan Guaidó que ejercía labores de representación del así llamado interinato ante la Casa de Nariño.

En octubre de 2021, Humberto Calderón Berti, experto petrolero que durante unos meses ejerció como «embajador» venezolano en Bogotá, responsabilizó a López por la debacle de Monómeros, que en ese momento ya había sido intervenida por la Superintendencia de Sociedades de Colombia en razón de su escasa salud financiera, riesgo de quiebra y escandalosas denuncias de corrupción.

«No hay que darle mucha vuelta: el gran responsable de lo que ha ocurrido en Monómeros se llama Leopoldo López, que politiza exageradamente con un sectarismo impresionante. Politiza todo a lo que le pone la mano, y es él el gran responsable de todo lo que está ocurriendo», afirmó.

Del mismo modo, una investigación del portal Panampost –de clara línea editorial antichavista– publicada el 11 de noviembre de 2021, dejó al descubierto que Antonieta Mendoza de López, madre de Leopoldo López, había cobrado al menos 70.000 dólares por «servicios de comunicaciones» a la productora de fertilizantes por medio de la firma española Llorente & Cuenca.

Hernández confirmó a Panampost la existencia de «contratos» entre Monómeros y Llorente & Cuenca, en la que Mendoza de López figura como vicepresidenta. Sin embargo, López rebatió a Carmen Elisa Hernández y dijo a los medios que «en 2020, ella no estaba trabajando porque debía someterse al proceso de diálisis tres veces por semana, se dedicó de lleno a su salud», aunque no presentó ninguna prueba que desmintiera categóricamente el reportaje.

Este lunes, luego de más de tres años de administración usurpada, el gobierno de Colombia devolvió a Venezuela el control sobre su compañía, según consta en el documento suscrito entre Supersociedades, el embajador de Venezuela en Colombia, Félix Plasencia y el presidente de la estatal Pequiven.

Este 20 de septiembre, Tellechea arribó a la la sede central de Monómeros en Barranquilla, donde fue recibido por los trabajadores.  

Leopoldo López y la empresa de narcoavionetas

Además de los encuentros de López con Duque, Uribe y los pretendidos directivos de Monómeros en diciembre de 2020, La Tabla reparó en otro detalle que recibió escasa atención mediática, pese a la gravedad de lo denunciado: la avioneta en la que el político venezolano arribó a Cúcuta pertenece a la compañía Skyline Enterprises Corp., implicada en un caso de narcotráfico en Honduras.

«La compañía Skyline Enterprises Corp. es un conglomerado de servicios de aviación y es la firma que formalmente actúa como «propietario fiduciario» del AC90 ante la administración aeronáutica (FAA) de Estados Unidos», creada en 1997 y que fue noticia en 2018 por el caso de un avión vendido a un cliente colombiano en 2009 que al año siguiente fue capturado en Honduras con un cargamento de 500 kilogramos de cocaína, reseña el medio venezolano.

No obstante, la empresa se libró de cualquier sanción alegando que desconocía que el propietario fuera un narcotraficante y aseguró que había verificado tanto como le fue posible los antecedentes del comprador, sin encontrar evidencia de sus actividades ilícitas.

Entretanto, Tegucigalpa decomisó oficialmente la aeronave, pero una década después, en septiembre de 2020, se descubrió que un avión que se precipitó en Bogotá era la misma aeronave que debía estar en poder de las autoridades hondureñas, sin que nadie pudiera ofrecer una explicación coherente de cómo y en qué circunstancias se había devuelto a Colombia el narcoavión.

El gobierno de Juan Orlando Hernández, hoy preso en los Estados Unidos por cargos de narcotráfico, negó que se tratara de la misma avioneta, pero los registros comprobaron que su administración mintió. Del lado colombiano, tampoco hubo mayores aclaratorias.

«El rol de Skyline como ‘propietario fiduciario’ de la aeronave donde viajó Leopoldo López es ocultar al dueño real, que podría ser un operador del narcotráfico colombiano. Si Guaidó se fotografió con paramilitares, ¿por qué López no lo haría con narcotraficantes y sus aviones?», remata La Tabla.

(LaIguana.TV)

 

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