El fiscal general de la República, Tarek William Saab, rechazó el actual informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos nombrada por el Consejo de Derechos Humanos, pues sostuvo que se trata de un grupo politizado desprovisto de datos directos y veraces para involucrar a Venezuela en crímenes de lesa humanidad. 

El también abogado explicó, durante una entrevista con EFE, que este equipo elabora sus informes con apuntes que recoge de las redes sociales, medios de comunicación y diálogos con dirigentes opositores. 

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En este orden de ideas, indicó que los integrantes se encuentran políticamente relacionados, por lo que opinó que se desempeñan como portavoces de países y gente que quiere perjudicar a la nación bolivariana.  

Saab consideró que, en el tema de derechos humanos, el discurso “debe tener siempre un carácter ético y debe diferenciarse y apartarse de toda motivación de carácter político, incluso ideológico”, ya que es una cuestión que se origina de los “derechos inalienables”.  

Acotó que la táctica de utilizar la misión se basa en esgrimir “un formato de legalidad para impresionar a un Estado”, tras no conseguirlo “utilizando la metodología de la guerra, del golpe de Estado, de lo que significaron las guarimbas”. 

Pese a su disconformidad con este equipo, al que no lo evalúa como serio y dialogante, manifestó su respeto por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).  

El titular del Ministerio Público cree que el grupo de determinación de los hechos está “a contracorriente, tiene un lenguaje totalmente diferente y se distancia enormemente de lo que hace la ACNUDH, que ha elogiado, ha reseñado de manera positiva la labor que el Ministerio Público (Fiscalía) ha desarrollado en materia de derechos humanos”.

Mencionó que, a partir de 2019, bajo la dirección de Mitchell Bachelet, la ONU ha inspeccionado el país y se ha encargado de presentar recomendaciones que luego fueron confirmadas y, pese a que no se cumplieron en su totalidad, Venezuela obtuvo el reconocimiento por parte del ente internacional, con el cual se entabló un “diálogo totalmente sano, directo, con interlocución totalmente abierta”. 

Destacó que ACNUDH posee despacho fijo en territorio venezolano, por lo tanto, puede comprobar “in situ” los hechos, con visitas a los establecimientos que considere, muy al contrario de la misión independiente que jamás ha ingresado al país y se fundamenta en información secundaria no demostrable. 

“Utiliza fuentes de Twitter, por ejemplo, de redes sociales, o personas que, siendo prófugos de la justicia venezolana, los entrevistan. Eso carece totalmente de legitimidad (…) nosotros tenemos cómo, fácilmente, a todos los casos que ellos mencionan, responder con datos para desmentir”, señaló.  

Cero impunidad  

Por lo expuesto, recordó las penas a funcionarios ocupados de crímenes ejecutados en las manifestaciones de 2017 o centros carcelarios con condenas de 30 años. 

Saab sostuvo que lo detallado demuestra que no se requiere de la asistencia de algún organismo foráneo para hacer justicia, porque las autoridades locales cumplen para que no se permita la impunidad para criminales: militares o civiles. 

De frente contra el abuso policial  

En días anteriores, el fiscal exhortó a las personas a filmar todo caso de abuso policial o de autoridad, y que dichas evidencias sean entregadas al MP y de esta manera tomar acciones contra los que sean responsables de abusos o corrupción y más si se involucra a funcionarios.  

En medio de la conversación con EFE, habló sobre esta convocatoria y reprochó “el uso del uniforme, de la chapa, de la pistola, de la patrulla, para extorsionar”, además las alcabalas en las que reclaman dinero a la colectividad para que puedan seguir su trayecto. 

El fiscal manifestó su total desacuerdo con toda extorsión policial, a los allanamientos sin orden judicial, en los cuales “aparecen este tipo de funcionarios policiales haciendo lo que no debe hacerse (…) incluso, terminan hurtando o robando enseres”. 

Detalló que en este año (por estos delitos y otros) se imputaron a 533 funcionarios policiales y militares y 20 colaboradores, de los que 83 tienen condena “por violar derechos humanos”. Incluso resaltó que este trabajo no lo refiere la misión en su informe, “a pesar de que son fuentes públicas”. 

También, mencionó que desde el inicio de su gestión (en 2017) han resultado procesados 1.463 funcionarios del Estado, de los cuales 358 fueron condenados.  

Derechos de la diversidad sexual 

Saab informó que a principios del 2022 se estableció una “fiscalía especializada para atender las denuncias de la comunidad sexo diversa”.

En ese sentido, agregó: “En esta materia, hemos querido visibilizar, digamos, que no haya discriminación, que no exista, por motivos de sexo diversidad, que una persona (sea) violentada en sus derechos por el solo hecho de ser sexo diverso”. 

Destacó que el despacho técnico es “un complemento necesario”, no obstante, piensa que en Venezuela, “en comparación con otros países”, la comunidad LGBTI cuenta con mayor protección al estar contemplada en la Constitución.  

(LaIguana.TV) 

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