En opinión del economista Francisco Rodríguez, de tendencia política marcadamente afín a la oposición, el así llamado gobierno interino de Juan Guaidó es responsable de la precaria situación jurídica de Citgo Petroleum, que está bajo control de pseudofuncionarios desde 2019.
En una entrevista telefónica concedida a Noticiero Digital, el especialista analizó las implicaciones de las acciones del interinato y de los exdiputados a la Asamblea Nacional electa en 2015, en el contexto de la última extensión de la licencia de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros, que prohíbe el remate de la compañía hasta el próximo mes de junio.
«El gobierno interino habría usado los activos de Pdvsa para sus propios fines y, por lo tanto, no respetó su autonomía. Y es interesante que este dictamen del juez precisa que la violación se dio durante el período del gobierno interino; no se dio durante Maduro, fue muy claro en eso, fue en 2021 y 2022. Por tanto, el que violó la autonomía de Pdvsa fue el gobierno interino y eso es lo que permite que a esta compañía la embarguen. Lo que revela un mal manejo, altamente cuestionable por parte del gobierno interino y por parte de la junta de Pdvsa ‘ad hoc’ que sigue siendo la misma que nombró el gobierno interino», sostuvo.
De acuerdo a su explicación, las leyes estadounidenses no permiten embargar los activos de una compañía para cobrar las deudas que haya adquirido su dueño, «para cobrar una deuda del dueño porque son dos entidades legalmente distintas y separadas», pero ello fue posible porque se acumularon deudas por nacionalizaciones y se dictaron laudos contra la República en los que se estableció la equivalencia jurídica entre Citgo y Pdvsa.
A esto sumó que es llamativo que el Tesoro estadounidense haya decidido extender la licencia que protege a Citgo solo por tres meses, en lugar de hacerlo por un año, pues ello abre el compás para que los acreedores por impago de bonos se cobren la deuda pendiente con cargo a la garantía, una vez la OFAC levante la restricción.
«Hay que recordar que existe una demanda que avanza pese a que el gobierno interino terminó en diciembre. Se sigue tramitando a través de abogados por presunta ilegalidad de este bono en las Cortes de Nueva York. Allí se hicieron argumentos en la Corte de Primera Instancia, y la República de Venezuela perdió el argumento cuando la juez dictaminó a favor de los acreedores», detalló.
Rodríguez se refería a los bonos Pdvsa 2020 emitidos por el Estado venezolano en 2016 para canje de deuda, en los que se usó como garantía el 51 % de las acciones de Citgo. Caracas apeló a este recurso porque para entonces ya tenía el acceso bloqueado a los créditos internacionales, por causa de la evaluación que le otorgaron las calificadoras de riesgo a partir de 2013.
Con todo, Venezuela honró sus compromisos con los tenedores hasta 2019, cuando tras la autoproclamación de Guaidó, Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea le impidieron al gobierno del presidente Nicolás Maduro acceder a las cuentas de la República en el extranjero.
A sabiendas de esta situación, el pretendido gobierno paralelo no hizo nada para proteger el que otrora fuera el principal activo del país en el extranjero y, antes bien, lo usó como su «caja chica».
En comentario sobre la sentencia del juez Leonard Stark, que permite el cobro de deudas de Pdvsa a cuenta de la refinadora, Francisco Rodríguez apuntó que en el texto se señala directamente a miembros del interinato, entre ellos al pseudo procurador general, José Ignacio Hernández, «cuyos sus actos violaron la autonomía de Pdvsa y abrieron las puertas a lo que está pasando».
«Personalmente, pienso que hay daños severos a la República porque la sentencia de marzo indicó que fueron 2.500 millones de dólares en acreedores. Ahora se han sumado otros casos adicionales y el juez ha permitido que otros acreedores se sumen, por lo que tenemos un total de 9.100 millones de dólares en acreedores y a muchos se les ha abierto las puertas de embargar Citgo por el cuestionable manejo de la empresa por parte del gobierno interino», recalcó.
Aunque el especialista no lo menciona, en todos estos procesos jurídicos, Venezuela no ha podido ejercer su derecho a la defensa, pues en Washington se amparan en la figura del no reconocimiento del gobierno constitucional para impedirlo.
¿Qué se puede hacer para salvar a Citgo?
En todo caso, como Citgo sigue en manos de una junta «ad hoc» designada por Guaidó y el gobierno de Joe Biden reconoce la legitimidad de un pequeño grupo de exdiputados de la extinta Asamblea Nacional de 2015, Rodríguez cifra sus esperanzas en que sean ellos los que puedan revertir la situación.
A este respecto exhortó a la exparlamentaria Dinorah Figuera, cabeza de los restos de la fenecida legislatura 2016-2021, para que emprenda acciones concretas destinadas a salvaguardar la integridad de Citgo –que pasan por revisar el proceder de la junta «ad hoc» que la maneja–, en interés de que «Venezuela no siga siendo vulnerable a este tipo de demandas», que continúan acumulándose.
A su parecer, la compañía todavía tiene oportunidades de salir airosa de esta tragedia, porque su valor actual de mercado supera los montos de las deudas que pretenden cobrar los acreedores a través de distintos procesos judiciales.
No obstante, si ese grupo político «no corrige lo que se ha hecho mal, lo que seguirán haciendo es entregarle a Citgo a los acreedores en bandeja de plata».
«Me impresiona mucho que la AN 2015 no haya decidido abrir una investigación sobre las razones por las que esta instancia ha actuado de esta forma», agregó.
Desde su punto de vista, la única manera de voltear las tornas en favor de los intereses del Estado venezolano es negociar directamente con los acreedores que ha reconocido la Corte de Delaware presidida por el juez Stark y «tomar las medidas para corregir el problema de la falta de autonomía de Pdvsa en el manejo de lo que ha sido el gobierno interino y después, de la AN 2015, que fue el grave error identificado por la corte y lo que permitió fundamentar argumentos de alter ego».
En concreto, sugiere que debe revisarse «el marco de relación entre la junta ‘ad hoc’ de Pdvsa y la ‘AN 2015’, para permitir que la junta de Pdvsa actúe con la autonomía necesaria» y, en paralelo, negociar un plan de pagos con los acreedores para evitar el embargo.
Bajo su interpretación, una vez conseguido este acuerdo, las partes tendrían que presentarlas ante el tribunal, que se vería forzado a dar marcha atrás al fallo.
(LaIguana.TV)
