“No hay estado de conmoción interna ni nada que se le parezca en Ecuador. El presidente, Guillermo Lasso, solo utilizó el recurso legal de invocar la ‘muerte cruzada’ para evitar que la Asamblea Nacional prosiguiera con su juicio político y, eventualmente, lo destituyera”, afirmó el filósofo y comunicador Miguel Ángel Pérez Pirela, en su programa Desde Donde Sea.
En una emisión dedicada a la situación ecuatoriana, el también director de LaIguana.TV, dijo que Lasso se vio ante la posibilidad muy real de ser defenestrado y, al tomar esta medida, muy por lo contrario, podrá gobernar al menos por seis meses mediante decreto y sin contrapesos en el Poder Legislativo.
Subrayó que la promulgación del decreto de «muerte cruzada» en Ecuador por parte del Lasso a primera hora de la mañana de este miércoles 17 de mayo, es el capítulo más reciente de la crisis sociopolítica que atraviesa la nación andina desde los tiempos de su predecesor, Lenín Moreno.
“Tanto Moreno como Lasso han hecho todo lo posible para propiciar una crisis política en Venezuela y siempre se les devuelve”, comentó.
Acotó que al peligroso cóctel de violencia perpetrada por cárteles de la droga, militarización creciente, abusos policiales, criminalización de la protesta ciudadana, encarcelamiento de líderes indígenas, persecución política contra el expresidente Rafael Correa y sus seguidores, se sumaron numerosas denuncias de corrupción sobre Lasso y su círculo más inmediato.
Los hechos
La Asamblea Nacional bajo el control de las fuerzas opositoras, intentó por cuarta vez la promoción de un juicio político en contra del gobernante y, a diferencia de lo que sucedió en las oportunidades precedentes, esta vez el Parlamento consiguió los votos necesarios para interpelarlo por malversación de fondos públicos.
Contra las cuerdas y en lugar de comparecer nuevamente ante el pleno de los asambleístas, Lasso prefirió apelar a lo único que le quedaba: disolver el Legislativo y anunciar a una convocatoria de elecciones generales en los próximos seis meses para completar el resto del período constitucional, que concluye en 2025.
Este recurso, aunque jurídicamente válido, merece ser examinado en detalle, pues si bien fue concebido para otorgar una válvula de escape en crisis políticas, también es claro que puede usarse para que el jefe del Ejecutivo eluda su responsabilidad frente a las demandas que, según las leyes ecuatorianas, puede y debe ejercer el Parlamento.
“Por otro lado, también vale la pena preguntarse dónde está el límite entre la necesaria supervisión de las acciones de gobierno y el uso de ese poder constitucional para socavar la voluntad popular y deponer presidentes, con independencia de su posición en el espectro político o del rechazo que acumulen –dijo Pérez Pirela-. El historial regional deja claramente establecido que los golpes de Estado parlamentarios, cuyas víctimas han sido líderes populares que arribaron al poder con banderas de la izquierda, no solo son posibles, sino que han derivado en un mecanismo para legitimar atentados contra la voluntad del pueblo expresada en las urnas y socavar significativamente la democracia”.
Lasso se juega la carta de la «muerte cruzada»
Presentó el Iguanazo, caricatura del artista plástico Iván Lira, exclusiva para LaIguana.TV, en la que puede verse al locutor de un noticiero que, en el primer cuadro, dice: “En Perú, Pedro Castillo disuelve el Congreso, en un terrible atentado contra la democracia y el estado de derecho”. En el segundo cuadro, expresa: “Mientras en Ecuador, Guillermo Lasso disuelve la Asamblea, un acto completamente legal, normal y constitucional”.
El tema fue reseñado por el portal LaIguana.TV con el titular: “Lasso activa la ‘muerte cruzada’ y disuelve la Asamblea Nacional de Ecuador”.
En el texto de esta noticia se indica que a primera hora de la mañana de este miércoles, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, promulgó el decreto de «muerte cruzada» que le permite al Ejecutivo disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones anticipadas.
La decisión fue anunciada por el mandatario en cadena nacional y como justificación para tal radicalidad alegó que en el país reinaba un estado de conmoción interna que comprometía la gobernabilidad.
Lasso subrayó el carácter «constitucional» y «democrático» del decreto, en razón de que, en su decir, será el pueblo ecuatoriano el que decida el rumbo que habrá de seguir el país en los próximos comicios.
Según la Constitución ecuatoriana, el presidente puede disolver la Asamblea Nacional cuando, en su opinión, el Legislativo «se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional».
También puede apelar a este recurso cuando la Asamblea «de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo» o en caso de «grave crisis política y conmoción interna».
Lasso fundamentó su decisión en supuestas obstrucciones a su gestión por parte del Parlamento y en la existencia de un estado de «conmoción interna» que, sin embargo, no se ha expresado en las calles en las recientes jornadas.
Según un ranking general de aprobación de mandatarios suramericanos publicado el pasado 8 de mayo por la cuenta en Twitter @Datoworld, de línea derechista, Lasso solo era respaldado por 30% de los votantes, mientras que un sondeo difundido por el Instituto IDEAL –think tank afín al correísmo– le otorga un escaso 13%.
Al margen de las consideraciones legales y de la evidente caída en la popularidad de Lasso, lo cierto es que la disolución del Parlamento le permite gobernar por decreto hasta que se convoquen las elecciones generales anticipadas, como él mismo lo reconoció en su alocución.
Sin perder el tiempo, comunicó que en correspondencia con las facultades que se le otorgan tras la entrada en vigor de la «muerte cruzada», firmó un decreto para reducir drásticamente los impuestos, que deberá ser refrendado por la Corte Constitucional.
“El argumento de la conmoción no es verdad. No hay conmoción interna ni nada que se le parezca en Ecuador -afirmó Pérez Pirela-. Lejos de dejarse destituir por la Asamblea Nacional, él destituyó al poder legislativo y se dedicará a gobernar por seis meses sin contención alguna”.
La militarización en marcha
Añadió que el decreto también se hizo sentir en el seno de las Fuerzas Armadas, que han devenido en un brazo represivo al servicio de la política de seguridad del mandatario para combatir el narcotráfico y la violencia homicida que le es subsidiaria, que en mucho emula iniciativas fracasadas implementadas en países como México o Colombia por gobiernos de derecha.-
Así, poco después de que Lasso terminara su alocución, el alto mando militar cerró filas claramente con él, en un intento por disipar cualquier duda relacionada con sus lealtades.
Un vocero castrense aludió a eventuales intentos de romper el hilo constitucional a través de la violencia y advirtió que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actuarían «con firmeza» para defender los derechos del pueblo ecuatoriano.
“Una primera interpretación posible para este comentario es que pretendía servir como excusa para la militarización del espacio y la prohibición de ingreso de los diputados y empleados del Legislativo, así como para la criminalización anticipada de la protesta social, lo que ha sido una constante desde que Lasso llegó al poder”, puntualizó el moderador del programa.
De esto se desprende que la intervención también parece estar dirigida hacia los detractores del decreto de «muerte cruzada», que desde tempranas horas de este miércoles se estaban apostando en las inmediaciones de la sede de la Asamblea, pues estaba previsto que Lasso compareciera a las 10:00 am, hora de Quito.
Otro titular de LaIguana.TV expresa: “Ecuador: Así está la sede de la Asamblea Nacional tras disolución ordenada por Lasso”.
El despacho noticioso precisa que funcionarios adscritos a la Asamblea Nacional de Ecuador no pudieron ingresar este miércoles al recinto, luego de que el presidente Guillermo Lasso promulgara el decreto de «muerte cruzada», que automáticamente supone el cese de funciones del Parlamento.
De acuerdo con informes de medios apostados en el lugar, la Asamblea Nacional se encuentra militarizada y varios legisladores, así como trabajadores, se encuentran en el exterior del Palacio Legislativo mientras que miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional les cierran el paso.
La prensa local asegura que los uniformados le informaron a quienes pretendían entrar al edificio que «la Asamblea está tomada y se activó la muerte cruzada. No puede ingresar nadie y no se puede retirar nada».
Aunque tras la promulgación del decreto se notificó formalmente al Congreso «la terminación de pleno derecho de los períodos para los cuales fueron designados las y los asambleístas», no se ofrecieron explicaciones que sustentaran la prohibición de ingreso de los trabajadores ni la toma del Palacio Legislativo por las fuerzas del orden.
Lo que sí se mencionó es que la «muerte cruzada» supone la terminación anticipada de todos los contratos del personal ocasional de la Asamblea y se advierte que ni ellos ni los ahora exasambleístas tendrán «derecho a reparación o indemnización alguna, conforme lo establece de manera expresa el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa».
(LaIguana.TV)
