Tras el anuncio del decreto de muerte cruzada de Guillermo Lasso, para clausurar el Poder Legislativo, y del pronunciamiento de las Fuerzas Armadas ecuatorianas en respaldo al mandatario, comenzaron a hacerse públicas las reacciones de los actores internos y globales. En la continuación de su análisis del tema, en el programa Desde Donde Sea, Miguel Ángel Pérez Pirela presentó un recuento de dichas reacciones.
El comunicador y filósofo venezolano destacó entre ellas la del expresidente Rafael Correa, quien todavía padece los rigores de la persecución política implementada por Lenín Moreno y continuada por la actual administración, pese a lo cual “luce muy relajado, disfrutando de la primavera europea”.
Muy rápidamente, el exmandatario manifestó que, en su criterio, no hay razones válidas para decretar la «muerte cruzada» y ello más bien parece obedecer a una maniobra desesperada del jefe de Estado para no someterse a la vergüenza de ser destituido por el Congreso.
La nota de LaIguana.TV al respecto se tituló: “Así reaccionó Rafael Correa tras disolución de la Asamblea Nacional de Ecuador decretada por Lasso”.
El cuerpo de la información señala que minutos después de que el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, decretara la «muerte cruzada», que supone la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones generales anticipadas, el expresidente Rafael Correa criticó la decisión del Ejecutivo, por considerar que es «ilegal».
Según expresara en su cuenta de Twitter, es «obvio que no existe ningún estado de conmoción interna», sino que lo que sucedía es que está en marcha un juicio político contra Lasso «en aplicación de la Constitución».
«En todo caso, es la gran oportunidad para mandar a la casa a Lasso, su gobierno y sus legisladores de alquiler», agregó el exmandatario.
En una entrevista concedida a la agencia rusa RT, Correa sostuvo que la «muerte cruzada» no fue decretada en apego a los causales que contempla la Carta Magna ecuatoriana. A pesar de eso consideró que la polémica decisión es «la mejor solución» para la crisis que atraviesa el país andino.
El expresidente Correa confirmó a RT que están en curso varias iniciativas para frenar el decreto de «muerte cruzada», que incluso podrían implicar su derogación.
Sin embargo, aseguró que con independencia de si estos procesos jurídicos avanzan, su coalición está dispuesta a medirse y derrotar a Lasso en las urnas, porque ve en esta coyuntura de elecciones anticipadas una oportunidad para ponerle punto final a un gobierno que deja un legado muy cuestionable.
“Puede entenderse que Correa considera que esta muerte cruzada es una especie de autogolpe, pero está confiado en que el adelanto de elecciones puede ser positivo para su movimiento”, interpretó Pérez Pirela.
Una dictadura
En el mismo sentido que Correa se expresó el abogado constitucionalista ecuatoriano Stalin Raza, quien en conversación con la cadena teleSUR aseguró que la medida adoptada por Lasso convertía al país en una «dictadura», porque se había perpetrado «un fraude contra la Constitución», al invocar falsamente los criterios establecidos para decretar la «muerte cruzada».
Por su lado, el presidente de la Asamblea Nacional ecuatoriana, Virgilio Saquicela, respalda la tesis de la inconstitucionalidad del decreto de «muerte cruzada» y advirtió que esta decisión podría ser objeto de un litigio legal.
Evo Morales y el doble rasero
Otra voz que se escuchó con estruendo fue la del expresidente boliviano Evo Morales, quien criticó el doble estándar que impera entre las derechas regionales, que para evitar ser llevadas ante la justicia, se valen de cualquier recurso.
«Para evitar un proceso por corrupción, Guillermo Lasso cierra el Congreso de Ecuador con la excusa de ‘conmoción interna’. Hace cinco meses acusó de golpista al hermano Pedro Castillo, que hizo lo mismo, pero para frenar una conspiración. Doble moral de la derecha sometida al imperio», escribió Morales en su cuenta de Twitter.
En un giro irónico, hasta la noche del miércoles, solo el gobierno de facto de Dina Boluarte en Perú expresó apoyos públicos a Lasso.
De manera mucho más discreta se pronunció el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en su tradicional conferencia de prensa matutina. Se limitó a decir que su administración estaría atenta al desarrollo de los acontecimientos y aseguró que no esperaba que la decisión de Lasso generara inestabilidad política o situaciones de violencia.
“Creo que López Obrador ha dado demostraciones de una gran firmeza y verticalidad en política exterior, en especial en el caso de Perú”, comentó el presentador.
La OEA lenta y Estados Unidos a favor de Lasso
Continuando con las reacciones, Pérez Pirela destacó que la Organización de Estados Americanos (OEA) y su secretario, Luis Almagro, muy veloces para convalidar atentados contra la democracia cuando se perpetran contra gobiernos y presidentes de orientación popular-progresista, no se pronunciaron en las jornadas del miércoles y el jueves.
Quien sí lo hizo fue la embajada de los Estados Unidos en Quito, que publicó un comunicado en respaldo a la decisión adoptada por Lasso.
«El gobierno de los Estados Unidos respeta los procesos internos y constitucionales del Ecuador. Seguiremos trabajando con el gobierno constitucional, la sociedad civil, el sector privado y el pueblo ecuatoriano para hacer frente a nuestros desafíos y objetivos compartidos como la democracia, la seguridad, el desarrollo económico inclusivo y la protección del medioambiente. La relación bilateral entre los Estados Unidos y el Ecuador se mantiene fuerte», reza el escueto documento publicado en su portal web, que contrasta con sus expresiones cuando se destituyó al presidente Pedro Castillo en Perú.
En esa oportunidad, Washington manifestó que rechazaba «categóricamente cualquier acto extraconstitucional del presidente Pedro Castillo para impedir que el Congreso cumpla con su mandato».
«Los Estados Unidos instan enfáticamente al presidente Castillo a revertir su intento de cerrar el Congreso y permitir que las instituciones democráticas del Perú funcionen según la Constitución», se lee en el texto publicado para la ocasión por la embajada estadounidense en Lima.
El correísmo y la Conaie en primer plano
El moderador de Desde Donde Sea reseñó que la bancada correísta, la mayor de toda la disuelta Asamblea Nacional, se atribuyó el mérito político de haber puesto al presidente contra las cuerdas, aunque advirtieron que no existen razones para decretar la «muerte cruzada», por lo que se trata de una medida inconstitucional.
Pero si bien es cierto que los diputados afines al expresidente Rafael Correa jugaron un rol esencial la aprobación del impeachment, desde el punto de vista de la calle, la iniciativa la tiene la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), cuyo pronunciamiento era esperado con expectación desde inicios de la jornada de este miércoles.
En horas de la tarde, su líder, Leonidas Iza, leyó un pliego que contenía tres anuncios: convocatoria a una asamblea general de la Conaie; convocatoria a todos los sectores populares para consolidar un espacio de resistencia contra el neoliberalismo que encarna el Ejecutivo; y declaratoria de «vigilia permanente» en la defensa de los intereses del pueblo ecuatoriano.
Iza también exigió el pronunciamiento inmediato de la Corte Constitucional sobre la legalidad del decreto de «muerte cruzada» promulgado por Lasso, pidió a las Fuerzas Armadas el respeto a los derechos de la población y rechazó la injerencia de la embajada de los Estados Unidos en los asuntos internos del país.
En su comparecencia ante la prensa, Leonidas Iza describió un panorama socioeconómico sombrío, caracterizado por grandes masas en condición de desempleo, subempleo o trabajo precarizado, pobreza extendida, violencia creciente, corrupción, exclusión en salud y educación, y migración creciente.
En su decir, en dos años de gestión, el gobierno de Guillermo Lasso sumió a Ecuador en la peor crisis económica de la historia reciente y ocasionó la segunda oleada migratoria más importante de los últimos 25 años, pues en el último año, cientos de miles de ciudadanos abandonaron el país en busca de mejores condiciones de vida.
Adicionalmente presentó algunas denuncias y advertencias sobre las que vale la pena detenerse. Según el dirigente indígena, Lasso habría tratado de comprar votos en el Congreso para evitar el enjuiciamiento, pero no tuvo éxito en la apuesta.
Paquete por decreto
En opinión de la Conaie, el presidente ecuatoriano solo apeló al recurso de «muerte cruzada» para evitar su destitución en un contexto donde su popularidad está muy mermada. Por ello, aseguró Iza, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional perpetró «un autogolpe de Estado».
Sostuvo asimismo que aprovechando el margen que le da gobernar sin contrapesos durante seis meses, Lasso estaría planeando imponer su paquete legislativo neoliberal, que además contraviene lo consagrado en la Carta Magna.
Los resquemores de la Conaie sobre el amplio margen de maniobra del que dispondrá Lasso no parecen ser comentarios politiqueros sin fundamento.
Andrés Arauz, excandidato presidencial y una de las figuras claves del correísmo, advirtió a la agencia rusa Sputnik que si bien es cierto que la Corte Constitucional debe revisar y refrendar los decretos presidenciales mientras se eligen nuevas autoridades, su intervención va a la superficie y no tiene capacidad real para frenarlos, y lo más probable es que se limite a “potabilizarlos”.
«Se vuelve una especie de filtro, pero uno muy leve, ya que lo único que se tiene que evaluar [de esos potenciales decretos] es que si son en materia económica, si son de carácter urgente y si son inconstitucionales o no en sí mismos. Y la verdad es que en materia económica hay suficiente amplitud para que puedan interpretarse en el sentido constitucional», detalló Arauz.
CNE prepara cronograma
A los pocos minutos de concluida la conferencia de prensa de la Conaie tuvo lugar otra, pero en la sede del Consejo Nacional Electoral ecuatoriano, al que le corresponde llevar adelante los comicios generales adelantados para completar el período constitucional en curso, que concluye en 2025.
LaIguana.TV tituló: “Consejo Nacional Electoral de Ecuador prepara comicios tras decreto de ‘muerte cruzada’ de Lasso”.
La información indica que la presidenta del CNE de Ecuador, Diana Atamaint, precisó que el ente debe presentar un calendario electoral a lo sumo siete días después de la promulgación del decreto de «muerte cruzada» y fijar una fecha para los comicios en un lapso que no supere los 90 días.
Adicionalmente avanzó que la segunda vuelta «es una mera posibilidad», por lo que de momento, se concentrarán en definir los plazos y el marco jurídico que regirá el inédito proceso electoral y en conseguir los recursos necesarios para organizarlo en el lapso fijado por la ley.
Puntualizó además que en caso de ser necesario el balotaje, el CNE garantizará que se disponga de tiempo suficiente para cumplir con los requisitos previstos, que incluyen la realización de debates públicos entre los dos candidatos y la campaña electoral.
En otra nota, LaIguana.TV detalla que “El CNE de Ecuador fija el 20 de agosto como fecha tentativa para nuevas elecciones”.
La noticia explica que en declaraciones ofrecidas a la cadena local Teleamazonas, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, precisó que el organismo se prepara para convocar a elecciones el próximo 20 de agosto y, de ser necesario el balotaje, se realizará el 15 de octubre.
«El país espera volver a la normalidad y tranquilidad. En eso la función electoral está totalmente consciente y apelamos a que las organizaciones políticas también tengan ese comportamiento patriótico y a la altura de lo que exige el sistema político del Ecuador», dijo, en referencia a la incertidumbre que parece reinar entre la población.
Recursos legales
La ruta electoral es un camino posible, no es, sin embargo, el único disponible. Esteban Torres, quien ejercía como segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional antes de su disolución y otros seis asambleístas ajenos al correísmo y al movimiento indígena, interpusieron una demanda ante la Corte Constitucional para exigir su pronunciamiento en relación con la legalidad del decreto de muerte cruzada.
A juicio de ellos, este recurso tiene causales específicas que justifican su promulgación «y ninguna de esas causales es precisamente evitar la votación de un juicio político constitucional, legal».
«Esto tendrá que decidirlo la Corte. Si el decreto es declarado ilegal e inconstitucional, la Asamblea seguirá en funciones», consideró el exparlamentario.
Aunque es un grupo pequeño, tampoco parece ser la única voz disidente, porque otros exasambleístas que comparten su disconformidad con el decreto interpusieron una demanda separada ante la Corte Constitucional por el mismo motivo.
De acuerdo con un reporte de teleSUR desde Quito, la máxima instancia jurídica ecuatoriana admitió ambos requerimientos, designó jueces y aseguró que se pronunciará.
Pero la resonancia del decreto no se limitó a las organizaciones políticas y sociales, sino que también ha tenido expresión en la prensa, donde grandes medios asumieron que habrá elecciones adelantadas e incluso empezaron a barajar posibles candidatos, a pesar de que hay disputas jurídicas en curso.
(LaIguana.TV)
