Guillermo Lasso se ha presentado a sí mismo como una víctima de un Poder Legislativo hostil y comprometido con su derrocamiento, pero su caso no puede compararse con los de gobiernos que se alinean a la izquierda del espectro político y fueron expulsados del poder o a los que se intentó deponer sin éxito, como ocurrió en Venezuela con el presidente Nicolás Maduro.
La comparación entre Lasso y otros mandatarios enfrentados a los parlamentos fue una de las aristas del tema ecuatoriano analizadas por Miguel Ángel Pérez Pirela en su programa Desde Donde Sea.
Los hechos
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, trató de justificar la pertinencia de su decreto de cierre de la Asamblea Nacional y convocatoria a elecciones generales, alegando que desde que inició su mandato, el Legislativo ha torpedeado sistemáticamente casi todas sus iniciativas gubernamentales, lo que en rigor sí constituye uno de los causales para apelar a la «muerte cruzada».
El gobernante señaló a los asambleístas de pretender derrocarlo por cualquier vía y, cuando todas se agotaron, forjaron un caso en su contra para promover su enjuiciamiento político, con la mira puesta en su destitución.
Además, aunque no lo expresó directamente, deslizó que habría una especie de contubernio entre la mayoría opositora en el Parlamento y las organizaciones indígenas que han convocado y liderado manifestaciones antigubernamentales, a las que tildó de «violentas».
“Este no es un punto menor y escuchado sin contexto, da la impresión de que se trata de un presidente al que sus adversarios políticos no han dejado gobernar en paz ni un solo día, pues su agenda, como se encargó de subrayar, se basa en ‘la desestabilización’ y, en consecuencia, en el desconocimiento de la voluntad popular que le otorgó el mandato –acotó el comunicador político y filósofo venezolano-. Esta situación no es nada infrecuente en la región. Como se recordará, el último episodio de esta lamentable historia fue la destitución de Pedro Castillo en Perú, pero no es ni ha sido el único y tampoco los golpes de Estado son la única vía para torpedear un gobierno”.
También hay casos en desarrollo, entre los que citó el del Congreso colombiano, que se ha constituido en una verdadera piedra de tranca para la reforma fiscal y la reforma de salud que intenta poner en marcha el presidente Gustavo Petro. “Los proyectos que presentó ha sufrido importantes modificaciones que incluso le obligaron a un cambio de gabinete y el debate sigue trabado”, precisó Pérez Pirela.
Recordó que lo mismo le ha sucedido a Andrés Manuel López Obrador con importantes iniciativas como la reforma energética, la ley para regular el negocio del litio y la modificación del sistema electoral. Pese a los reveses, AMLO ha demostrado su persistencia y ahora intenta una reforma en el Poder Judicial, que de ser exitosa, otorgaría a los mexicanos la posibilidad de elegir a los magistrados de la Corte Suprema.
“En Venezuela, la Asamblea Nacional electa para el período 2016-2021 intentó deponer al presidente Nicolás Maduro por diversos medios. No solo boicotearon su gestión, sino que también, con el respaldo de Estados Unidos, la Unión Europea y los gobiernos latinoamericanos derechistas, impulsaron un pretendido gobierno paralelo que le ha causado innumerables daños a la nación”, enfatizó.
“También están los golpes de Estado parlamentarios contra Manuel Zelaya en Honduras, Fernando Lugo en Paraguay y Dilma Rousseff en Brasil, pues no solo desplazaron a presidentes legítimamente electos, sino que esas naciones experimentaron importantes retrocesos democráticos y sociales tras la interrupción del hilo constitucional a través de mecanismos jurídicos”, añadió el moderador.
Estos precedentes conducen a pensar que Lasso podría encontrarse en una situación similar, aunque su caso es bastante diferente, dada su condición de gobernante de derecha, respaldado por las élites ecuatorianas y por los poderes imperiales.
“Como se observó en su intervención, omitió deliberadamente las razones que llevaron al rechazo de las propuestas gubernamentales y acusó aéreamente a sus adversarios de trabajar para su salida del poder a través de mecanismos paraconstitucionales –explicó Pérez Pirela-. Sin embargo, cuando se examina el asunto con más detalle, se llega a la conclusión de que la Asamblea Nacional descartó sus propuestas porque atentan contra los derechos del pueblo ecuatoriano y otorgan groseras ventajas a los empresarios locales y extranjeros; en suma, se inscriben dentro del neoliberalismo que Ecuador rechazó con fuerza hace más de dos décadas y al que no parece estar dispuesto a volver”.
“Por ello, aunque es claro que la oposición ha utilizado en su favor el antipopular programa de gestión de Lasso, mal podría decirse que su caso es similar a la persecución que han experimentado algunos mandatarios de izquierda en América Latina por parte del Legislativo e incluso, por gobiernos extranjeros”, puntualizó.
El juicio político contra Lasso
Según el conductor de Desde Donde Sea, el análisis de la situación de Ecuador permite concluir sin mayor esfuerzo que el decreto de «muerte cruzada» fue la manera que encontró Lasso para zafarse del juicio político al que estaba siendo sometido en la Asamblea Nacional.
Tras varios intentos fallidos en el contexto de las duramente reprimidas movilizaciones indígenas de 2022 y de las políticas de seguridad anunciadas por el gobernante para enfrentar la violencia perpetrada por grupos delictivos dedicados al narcotráfico, la iniciativa cuajó finalmente el pasado 9 de mayo con 88 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones.
Antes de conocerse el fallo, el presidente ecuatoriano había asegurado que de aprobarse el impeachment, acudiría al Parlamento a enfrentar los señalamientos. No lo hizo, sino que destituyó al Poder Legislativo en pleno.
Según el artículo 129 de la Constitución de la República del Ecuador, la Asamblea Nacional puede proceder al enjuiciamiento político del presidente o vicepresidente por delitos contra la seguridad del Estado; concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito; genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.
Los casos investigados
Lasso estaba siendo investigado por una comisión parlamentaria desde inicios de enero de este año por su aparente implicación en un caso de peculado doloso en empresas públicas bautizado por los medios locales como «El Gran Padrino».
El 1º de marzo, la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción presentó un informe en el que se recomendó el enjuiciamiento político del gobernante.
En el documento se apuntó que el Ejecutivo no actuó oportunamente para impedir la comisión de delitos como cohecho, peculado y concusión, en el marco de una trama de corrupción en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y en la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), así como en la estatal Petroecuador.
Los señalamientos, que fueron divulgados por el medio local La Posta a inicios del pasado enero, motivaron el inicio de una investigación en la Fiscalía.
De acuerdo con las pesquisas, el cuñado de Lasso, Danilo Carrera Drouet, figura como el principal sindicado en la presunta red de corrupción, porque aunque no ostenta ningún cargo en la administración, tendría el control de las precitadas empresas públicas y, a cambio de coimas, decidiría a qué compañías se le otorgan contratos con el Estado.
Siempre en apego a esta versión, Carrera Drouet y otro ciudadano identificado como Rubén Cherres, habrían influido en la designación de funcionarios en puestos clave dentro del gobierno. Cherres, quien sería un «operador de confianza» del cuñado del mandatario ecuatoriano, también tendría nexos con la mafia albanesa, que regenta uno de los cárteles de la droga en el país andino.
El 2 de abril, Rubén Cheres fue encontrado muerto en un inmueble junto a otras tres personas. Según la Policía Nacional ecuatoriana, en la escena había signos de violencia y los cuerpos presentaban heridas de bala y rastros de tortura.
La Fiscalía de Ecuador emitió una orden de captura en su contra el 21 de enero, pero había logrado evadir a las autoridades ocultándose en una vivienda localizada en la provincia de Santa Elena, en el occidente del país.
Por su parte, Carrera Drouet, quien tiene 84 años y es uno de los principales accionistas del Banco de Guayaquil, fue llamado a declarar el pasado 19 de abril, pero fue liberado de inmediato. No se le impuso ni una orden de aprehensión ni se le prohibió abandonar el país.
En todo caso, el 30 de marzo, con seis votos a favor y tres en contra, la Corte Constitucional consideró ha lugar el enjuiciamiento político de Lasso «por el presunto delito de peculado» y comenzó la cuenta regresiva para el banquero, quien finalmente se presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional el pasado martes.
La extensa sesión, que se prolongó hasta bien entrada la noche, fue suspendida temporalmente hasta las 10:00 a.m. del 17 de mayo. No hubo segunda vez. Con el alba y claramente acorralado, Lasso se jugó la carta de la muerte cruzada.
¿Qué viene para Ecuador?
Pérez Pirela revisó también los escenarios posibles luego de la medida. Uno de ellos es que Lasso vuelva a optar por la presidencia. En relación con la eventual participación del actual mandatario en las elecciones, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, aseguró que no pesa sobre él ninguna medida que le impida presentar su candidatura. Previamente, su abogado dijo a los medios que el presidente «probablemente» participará en los comicios porque «es el candidato natural».
Si se hacen cuentas en función de la baja popularidad registrada en los sondeos y de las circunstancias en las que Lasso decidió decretar la «muerte cruzada», el panorama electoral no luce alentador para él.
En solo dos años de gestión, su administración acusa desgastes importantes y exhibe fracasos estruendosos en temas clave para la narrativa derechista como la seguridad.
Sobre lo primero, no puede olvidarse que diputados derechistas apoyaron el juicio político en su contra y sobre lo segundo, la política de «mano dura» no se ha traducido en una disminución de los índices de violencia en el país sino en todo lo contrario.
Horas antes de hacerse público el decreto –que según la prensa local estaba en preparación desde que se aprobó el impeachment–, se reportó un atentado contra un alcalde, que dejó un muerto y cinco heridos.
El titular de LaIguana.TV indicó: “Atentado contra alcalde en Ecuador deja un muerto y cinco personas heridas”.
En la nota se explica que la Policía Nacional de Ecuador informó que la mañana de este lunes se registró un atentado en contra de Luis Chonillo, alcalde del cantón Durán, en la provincia de Guayas, que dejó un muerto y cinco heridos.
En declaraciones a los medios, el ministro del Interior, Juan Zapata, precisó que el incidente cobró la vida de un cabo identificado como Jorge Tama, «quien era parte del equipo de seguridad del alcalde».
De acuerdo con la versión de la Policía, el ataque se perpetró contra el vehículo en el que viajaba Chonillo hacia la sede del ayuntamiento para instalar la primera sesión del Concejo Municipal. Él no recibió ninguna herida.
Chonillo fue electo alcalde de Durán en los comicios seccionales de Ecuador celebrados el pasado 5 de febrero, con 51.210 votos a favor (36,08 % de los sufragios), según los resultados oficiales del CNE.
Este infortunado evento nos permite apuntar en dos direcciones: por un lado, la violencia contra personalidades públicas está escalando en Ecuador, lo que nunca es un buen signo. Por otra parte, aunque estos graves hechos están en el tapete, no han sido razón para que Lasso decrete el estado de conmoción.
Si se atiende al lugar donde sucedieron los hechos, se encuentra que la provincia de Guayas –de donde es oriundo el mandatario y que hasta las recientes elecciones municipales era un feudo de la derecha– exhibe los peores índices de violencia homicida en el país.
La respuesta del Ejecutivo ha sido la militarización y el desarrollo de operativos en los lugares donde presuntamente actúan las organizaciones delincuenciales, incluyendo las cárceles.
Para ello, a finales de abril de 2022, Lasso ordenó el despliegue por 90 días de 4.000 policías y 5.000 miembros de las Fuerzas Armadas en las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas, que comparten frontera con Colombia.
La medida, que no se ha desmontado del todo y se ha prorrogado varias veces con algunas modificaciones, ha traído consigo detenciones arbitrarias, requisas sin orden judicial y otras violaciones a los derechos humanos, y no ha exhibido los resultados esperados.
El pasado 12 de abril, guardias de seguridad encontraron a seis reclusos muertos en el pabellón cinco de la Penitenciaría del Litoral, en el complejo carcelario de Guayaquil, Ecuador.
De acuerdo con reportes difundidos en medios locales, la reyerta se produjo entre miembros del grupo criminal Las Águilas, uno de los que se disputa el control de los recintos carcelarios en el país andino.
“Informes semejantes copan la prensa ecuatoriana a diario y la gestión gubernamental es valorada negativamente por este fracaso, que a la sazón constituye uno de los pilares del programa de gobierno presentado por el mandatario –advirtió Pérez Pirela-. Por ello no sorprende que CREO, la fuerza política que llevó a Lasso a la presidencia, haya recibido un contundente rechazo en las elecciones locales que se celebraron el pasado mes de febrero, donde tanto el correísmo como las agrupaciones políticas indígenas, particularmente Pachakutik, se impusieron sin problemas en buena parte del país”.
(LaIguana.TV)
