Para la escritora y analista política colombovenezolana María Fernanda Barreto, las reformas que intenta avanzar el gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia, son leídas por los poderes fácticos como una amenaza y por ello, no está descartado que intenten expulsarlo por la vía de un ‘lawfare’ e incluso, a través de un golpe de Estado militar, aunque la vecina nación no tiene tradición de ellos.
En conversación con el periodista Clodovaldo Hernández para su programa Cara a Cara, la especialista aseguró que a diferencia de lo que empezó a ocurrir en Venezuela a partir de 2001, momento en el que el Ejecutivo comenzó a plantearse seriamente la ruptura del orden establecido, el gobierno del Pacto Histórico solamente se ha propuesto modificar algunos sectores clave, sin tocar ninguna estructura fundamental.
Empero señaló que «en Colombia hay una oligarquía tan racista, tan clasista, tan violenta, (…) que ha hecho del país una «cabeza de playa de Estados Unidos en Nuestramérica, que hasta estas simples reformas que está planteando el gobierno de Gustavo Petro, resultan intolerables para esa ultraderecha y ya ha comenzado a hacer acciones o a mostrar que está dispuesta a realizar acciones que pueden llegar a parecerse a algunas cosas que ha hecho la derecha en Venezuela».
Así las cosas, advirtió que en este momento, el clima político interno ofrece más incertidumbres que certezas, aunque en su criterio, están en juego dos escenarios: de un lado, un golpe de Estado tradicional –menos probable, porque, en sus palabras se «mantiene la falacia» de que Colombia «es la democracia más antigua del continente» o el ‘lawfare’, que tendría en el actual fiscal general, Francisco Barbosa, el principal promotor.
Con respecto al escenario militar, Barreto descartó que se produzcan acciones simbólicas como el pronunciamiento sucesivo de militares que se vivió en Venezuela en 2002 –Plaza Altamira–, porque el vecino país cuenta con unas fuerzas armadas «violentas» y «entrenadas para la guerra», que además forman parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que no optarían por métodos indirectos.
«Lo que sí está claro es que se plantean ‘alborotar los cuarteles’. Ese ‘alborotar los cuarteles’ puede ser simplemente para seguir afianzando el proyecto paramilitar, que no se ha detenido, que se mantiene vigente en Colombia», especuló.
La escritora sostuvo que las fuerzas castrenses colombianas «son un poder de facto muy fuerte» y por tal razón podrían servir tanto de apoyo para un eventual proceso jurídico fraudulento contra Petro «o simplemente para impedir las reformas que el gobierno está planteando en materia de salud, en materia agraria, en materia laboral».
En interés de mostrar la influencia del estamento militar refirió que el Pacto Histórico sigue sin anunciar la prometida reforma policial y tampoco ha eliminado el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), responsable de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2021.
«Así que, fortalecer el descontento en los cuarteles contra el gobierno de Petro puede servir para frenar las reformas, pero también para agudizar las posibilidades de una salida tipo golpe suave o para abonar el terreno para retrotraer a Colombia a un triunfo electoral, si bien no del uribismo, que ya está muy mandado a recoger, sí de la ultraderecha colombiana al servicio de los intereses trasnacionales», completó.
A su parecer, aunque el uribismo y la ultraderecha ahora mismo están en horas bajas y han dejado traslucir importantes luchas internas por hacerse del liderazgo del movimiento, el fiscal Barbosa empieza a despuntar como una de las figuras capaz de reagrupar a las fuerzas derechistas y ultraderechistas en contra de Gustavo Petro y cualquier figura del Pacto Histórico.
En el escenario del ‘lawfare’, las alianzas en el Congreso –otro de los poderes fácticos en Colombia– podrían desempeñar un papel importante, pero el Pacto Histórico dispone de las bancadas más poderosas y sus adversarios no podrían cambiar fácilmente la correlación de fuerzas.
A sabiendas de esto, dijo Barreto, estos sectores estarían trabajando para consolidar sus posiciones, de cara al proceso electoral de 2026, donde Petro ya no podrá competir.
«Ellos lo están trabajando de a pocos y, por eso, creo que Barbosa está tratando de fortalecer una red internacional para ejercer presiones desde afuera contra el gobierno de Gustavo Petro», puntualizó.
Para concluir señaló que el panorama actual deja claramente establecido que «sin poder popular, no hay cambio posible» y el pueblo colombiano tiene en sus manos el futuro del país.
De esta manera, si decide respaldar el paquete de reformas del Pacto Histórico, con Gustavo Petro a la cabeza, debe hacerlo «con todo», expresión que para ella se traduce en movilizaciones permanentes de calle, así como en participación activa y protagónica en la elaboración de las iniciativas.
A esto sumó que si el pueblo colombiano demanda más radicalidad en las reformas y los diálogos entre el Ejecutivo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) abren espacios reales para la participación popular, «es posible que el gobierno avance» y se alcancen transformaciones que permitan que el próximo gobierno en Colombia tenga una orientación progresista «un poco más radical» y no regresen los de siempre al Palacio de Nariño.
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(LaIguana.TV)
